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23 estados se suman a convocatoria de “Gobierno Abierto” del INAI. QRoo se queda fuera

 

CIUDAD DE MÉXICO.– Un total de 23  estados del  país se han  sumado a  la  iniciativa, convocada  por  el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para implementar ejercicios de Gobierno Abierto a nivel local.

Las entidades han  ratificado su  compromiso  para  crear  espacios  ciudadanos que permitan someter al escrutinio público el actuar del gobierno, revisar la operación de todos los servicios que ofrece y promover la participación  de las personas en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

En 2015, se sumaron a la iniciativa Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila,  Tlaxcala,  Hidalgo,  Baja  California,  Chiapas,  Tabasco,  Zacatecas  y San Luis Potosí, al suscribir la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto.

En junio pasado, lo hicieron Campeche, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México.

En  el  marco  de  la  estrategia,  las  entidades  han convenido instituir  Secretariados Técnicos Tripartitas Locales u órganos colegiados equivalentes, como mecanismos responsables  de  coordinar,  incorporar  y  orientar  los  intereses  de  los  actores  que participen en los ejercicios de Gobierno Abierto Local, así como establecer las rutas para   conformar   sus Planes   de   Acción,  cuyos   compromisos   deberán   estar encaminados a: Dar seguimiento  a  los  recursos  públicos, transparentar su asignación  y  ejercicio; fortalecer  la  Alianza  para  el  Gobierno  Abierto  en  el  ámbito  nacional;  promover  el conocimiento  y  ejercicio  del derecho de acceso  a  la  información; desarrollar mecanismos que permitan a la sociedad analizar y exigir cuentas del actuar de los servidores públicos, entre otros.

En  ese  sentido,  al  primer  semestre  de  2016,  los  estados  de  Veracruz,  Oaxaca,  Tlaxcala, Morelos y Durango publicaron sus Planes de Acción.

Además,  se  han  instalado  10  Secretariados  Técnicos Tripartitas  Locales  en  Morelos, Durango, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potosí.

Cabe  destacar  que en  los  ejercicios  de  Gobierno  Abierto  participan  más de  300 organizaciones  de  la  sociedad  civil,  65  autoridades  y  23  órganos garantes  de  la transparencia.

Unidad de Transparencia Roberto Borge

Pide Somos Tus Ojos al INAI interponga acción de inconstitucionalidad por extinción de Unidad de Transparencia de QROO

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Esta tarde, la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, ingresó ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en la Ciudad de México, una petición para que intervenga en el caso de la extinción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), de Quintana Roo, por resultar violatorio del derecho humano de acceso a la información pública.

Además de requerirle su urgente intervención para que se restituya el derecho humano de las personas de acceder a la información, se le pide al Órgano de Gobierno del Instituto que interponga, con base en el artículo 41, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra del Acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado “Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo” (UTAIPPE), publicado en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, en su número 14 extraordinario BIS, el 29 de julio pasado.

Unidad de Transparencia Roberto BorgeLa “extinción” de la UTAIPPE ha privado a las personas de su derecho constitucional de acceso a la información pública que está en posesión de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, y de otros, que sin depender de éste se encuentran en el mismo sistema, como las unidades de transparencia de todos los municipios del estado de Quintana Roo, y el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

INAI Somos Tus Ojos (1)En el oficio entregado esta tarde, se señala que la urgente intervención del INAI se requiere en virtud de que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información como se lo mandata la Ley de Transparencia del estado, a pesar de que a través del correo electrónico correo idaip@idaipqroo.org.mx, le fue requerida su actuación. Cabe señalar que corresponde al IDAIPQROO, de oficio, garantizar el derecho de acceso a la información y sancionar la violación de este derecho o el cumplimiento de los sujetos obligados, en apego a los artículos 10, 12, 14, 29, fracciones II, VII y  XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

No sobra decir, que a pesar de que el IDAIPQROO, como órgano garante, debería contar con plena autonomía y no estar supeditado al Ejecutivo estatal, Roberto Borge Angulo, su silencio en un tema tan trascendental y grave deberá ser sancionado, conforme a la ley.

En los próximos días, Somos Tus Ojos interpondrá un amparo en contra del referido acuerdo por el que se extinguió la UTAIPPE.

Captura UTAiPPE

Tras desaparición de Unidad de Transparencia de Borge, Somos Tus Ojos exigió al IDAIPQROO garantizar derecho

 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, envío el pasado lunes, un escrito al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), para exigirle que garantice el derecho constitucional de acceso a la información.

A través de una queja, se requirió al Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo, que “garantice el acceso constitucional de la peticionaria del acceso a la información, en virtud de que desde, por lo menos, el sábado pasado, el sitio de internet de la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE) no permite realizar el registro de las solicitudes de información”.

Como prueba de la imposibilidad de acceder al sitio de la UTAIPPE se adjuntó una captura de pantalla en la que se observa un error informático arrojado por el sitio de internet de la Unidad del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la Ley de Transparencia recién aprobada por la actual Legislatura, corresponde al IDAIPQROO garantizar el acceso a la información.

La queja enviada al Instituto se fundamentó en los siguientes artículos de la Ley de Transparencia del estado:

Artículo 10.- “Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás” (…)

Artículo 12.- “Toda  la  información  pública  generada,  obtenida,  adquirida,  transformada  o  en posesión  de  los sujetos obligados  es  pública  y  será accesible  a  cualquier  persona,  para  lo  que  se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General y las demás normas aplicables”.

Artículo 14.- “El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información”.

Artículo 29.- El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

(…)

Fracción II. Vigilar el cumplimiento de esta Ley

Fracción VII. Promover, difundir y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales

Con base en este mismo artículo, el IDAIPQROO está obligado, según, la fracción XXIX, “llevar   a   cabo,   a   petición   de   parte,   investigaciones   en   relación   a   quejas   sobre   el  incumplimiento de la presente Ley”.

Igualmente, el Instituto deberá “hacer  del  conocimiento  de  la  instancia  competente  la  probable  responsabilidad  por  el incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  Ley  General (…)”.

En el Periódico Oficial del 29 de julio de 2016, número 14 extraordinario BIS, se publicó el “Acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo”.

La injustificada “extinción” de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo constituye una violación al derecho humano del acceso a la información, ya que durante días ha imposibilitado a las personas ejercer este derecho, por lo que el IDAIPQROO deberá realizar las indagatorias pertinentes, dar parte a las instancias que considere, además de imponer las sanciones que le corresponden, de acuerdo a sus atribuciones, en contra del gobernador Roberto Borge Angulo, por ordenar la extinción de la Unidad de Transparencia, y con ello impedir a las personas el ejercicio de un derecho fundamental.

Cabe mencionar que la “extinción” de la UTAIPPE no implica la desaparición de archivos, pues éstos se encuentran en posesión de los múltiples sujetos obligados; sin embargo, el acceso a la información es un derecho humano, equiparable a la vida, la libertad, o el libre tránsito, que debe ser protegido y garantizado por todas las autoridades en todo momento.

La queja fue presentada a través del correo idaip@idaipqroo.org.mx; pero, al igual que el sitio de la UTAIPPE, éste,  al parecer, fue dado de baja. El Instituto debió haber iniciado de oficio la indagatoria solicitada, y de no haberlo hecho, la Junta de Gobierno de este Instituto tendría que ser destituida por la Legislatura mediante el procedimiento correspondiente.

Somos Tus Ojos se mantendrá vigilante de las acciones que lleve a cabo el IDAIPQROO para que, en lo inmediato, garantice el derecho humano de acceso a la información de las personas; y de no actuar con la prontitud y expeditez que demandan el caso, se promoverá que sean destituidos los integrantes de la Junta de Gobierno del IDAIPQROO.

sexting

Previene el INAI sobre sexting. Niños de entre 12 y 16 años muy vulnerables al contenido sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El  Instituto  Nacional  de  Transparencia, Acceso  a  la  Información  y  Protección  de Datos Personales (INAI) alertó sobre los riesgos que implica la práctica del sexting, que  consiste  en  el  envío  de  contenidos de  tipo  sexual, principalmente fotografías y/o videos, producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles.

Con la aparición de dispositivos electrónicos como los celulares con cámara y video, así como la conexión a Internet, surge el fenómeno del sexting.

El INAI advirtió que esta práctica lleva a la pérdida de la privacidad, ya que una vez que la imagen es enviada, se pierde el control sobre su difusión, por lo tanto, los protagonistas quedan expuestos y vulnerables.

Subrayó  que es  una  actividad  que  puede  exponer  a  los  menores  de  edad  al grooming (acciones  deliberadas por  parte  de  un  adulto  para establecer  lazos  de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual), ciberacoso y sextorsión como medio  de  presión  y ridiculización  contra  la persona fotografiada.

En su publicación denominada El Efecto Internet, la asociación civil Alianza por la Seguridad  en  Internet  presenta  una  encuesta  sobre  el sexting y  cómo  las tecnologías de la información ofrecen facilidad y capacidad para el envío de textos, fotos y videos  con connotación sexual.

En  esa  encuesta  sobre  seguridad  y  privacidad  en  la  web  aplicada  a  10  mil estudiantes,  85  por  ciento  de  entre  12  y  16  años,  reveló  que  el  36.7%  conoce  a alguien que ha  enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo, ya sea a conocidos o desconocidos.

Asimismo, que el 10.2% ha redactado o enviado mensajes electrónicos o de texto con  insinuaciones  sexuales;  y  que  el  7.9% ha  enviado  o  reenviado  por internet o celular   imágenes   suyas   desnudo   o   semidesnudo   ya   sea   a   conocidos   o desconocidos.

El  INAI  destacó que  el sexting es una  amenaza  latente ya  que  empieza  como diversión  y  puede  terminar  en  una  situación  grave  que  se  salga  de  control y  que produzca consecuencias sociales, físicas, psicológicas y legales, para las víctimas.

Asimismo, indicó que la divulgación de contenidos íntimos o privados puede tener consecuencias legales, dado que esta conducta se puede encontrar tipificada como un delito.

Señaló que si bien la legislación no lo contempla expresamente, existen otros tipos penales con conductas similares, como los delitos contra la intimidad y la libertad sexual, así como los relacionados con la pornografía infantil.

En  ese  sentido,  el  Instituto  manifestó  que  de existir algún  hecho  que  pueda ser constitutivo  de  delito,  debe  denunciarse  ante  la  procuraduría  o  fiscalía que corresponda a la entidad federativa de la persona que ha sido víctima de sexting o de delitos similares.

Destacó  que la  presentación  de  la  denuncia  es  sólo  una  de  las  acciones que  se puede   realizar   ante   el sexting, pues   existen   otras   como   las acciones   de responsabilidad civil, que tienen como fin reparar el daño al patrimonio moral de las personas que se ven afectadas en sus derechos a la vida privada, honor y su propia imagen.

Lo  anterior,  atendiendo  a  la  legislación  civil  en  cada  una  de  las  entidades federativas,  como  en  el  caso  de  la  Ciudad  de  México  que  cuenta  con  la  Ley  de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal,  cuyo objetivo es garantizar los derechos de la personalidad.

No obstante, el INAI destacó que con independencia de las medidas legales que se puedan tomar, lo realmente importante son las acciones preventivas para evitar la práctica  del  sexting,  pues  los  daños  psicológicos  y  a  la  reputación  de  la  víctima pueden ser irreparables. (Fuente: INAI/Foto:tudecideseninternet.es)

Ayotzinapa

La SEDENA debe buscar y dar a conocer fotografías y videos tomados la noche que desaparecieron los 43 normalistas: INAI

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deberá buscar y dar a conocer las fotografías y videos tomados por un militar la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado ponente, Joel Salas Suárez, sostuvo que el caso Ayotzinapa ha demostrado que la sociedad ya no está dispuesta a dejar en manos de las autoridades la reconstrucción de la verdad, ni a olvidar.

Este recurso de revisión se analizó y resolvió luego de que na particular solicitó toda la documentación, escrita y audiovisual, que el militar Eduardo Mota Esquivel, adscrito al 27 Batallón de Infantería, recogió la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, cuando desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que entregó a su superior, el Teniente Joel Gálvez Santos.

En respuesta, la Secretaría de la Defensa declaró inexistente esta información. No obstante, puso a disposición un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por el militar referido.

Inconforme, la particular consideró insuficiente la información que se le entregó e interpuso el recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que en el expediente del caso Iguala, hecho público por la PGR, aparecen testimonios de Eduardo Mota Esquivel respecto al material de su interés.

En sus alegatos, la SEDENA reiteró su respuesta inicial.

En el análisis del caso, la ponencia del comisionado, Joel Salas Suárez, indicó que si las unidades administrativas que atendieron la solicitud declararon inexistencia, no se tiene certeza de si fue una de ellas o alguna otra la que proporcionó las cuatro fotografías. Por lo tanto, se expuso, no se valida que se haya hecho una búsqueda exhaustiva.

Además, se apuntó, la SEDENA cuenta con otras unidades administrativas como la Comandancia Regional y la Zona Militar, que pudieron atender la solicitud de la particular.

Se agregó que, de acuerdo con información pública localizada se desprende que el militar, en calidad de testigo, declaró que sí tomó fotografías de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 para demostrar a su superior que cumplió con el trabajo de verificar la presencia de un autobús con estudiantes en la carretera Iguala-Chilpancingo y la presencia de estudiantes en el hospital Cristina.

Además, se dijo, de acuerdo a información requerida por la PGR mediante oficio, el militar tomó cuatro o cinco fotografías de lo ocurrido en la carretera y tres en el hospital.

Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la SEDENA y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la IX Región Militar, que se integra con la 35/a y 27/a Zonas Militares, así como al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, y entregarla a la particular.

La mejor forma de demostrar que el Ejército no se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, es la transparencia

Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado ponente, Joel Salas Suárez, recordó que actores de la sociedad civil, las propias víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, organismos internacionales, entre otros, han contribuido a mejorar las investigaciones oficiales.

“Las autoridades mexicanas negaron en un inicio la intervención de las fuerzas armadas en el caso, pero poco después modificaron esta versión. Medios de comunicación, nacionales e internacionales, denunciaron que elementos castrenses sí conocieron y presenciaron los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 y esto se confirmó en la versión pública del expediente sobre el caso Ayotzinapa que publicó la PGR en septiembre de 2015”, dijo.

Salas Suárez afirmó que las suspicacias en torno a la responsabilidad del Ejército mexicano por su acción u omisión, no se han hecho esperar y, en su reporte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar al gobierno federal en las investigaciones, advirtió sobre la negativa de éste para permitir acercamiento con los militares involucrados y conocer sus testimonios.

“Las autoridades han explicado los argumentos jurídicos que justifican esta decisión; sin embargo, pueden reforzarlos a través de la transparencia. La mejor forma de demostrar que el Ejército mexicano no se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, es atendiendo las demandas de información puntualmente y garantizando que en todo momento se actúa conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia. Los mexicanos tenemos derecho a saber y valorar si el Ejército cumplió con sus atribuciones”, enfatizó.

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio de la solicitud: Expediente: RDA 2128/16

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

Fuente: INAI

Foto: revolución3.0

aprueban ley de transparencia

Tiene QRoo nueva Ley de Transparencia. Hace obligatoria 3de3, pero se queda corta

CHETUMAL, MX.- El pasado 27 de abril, la XIV Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se incorpora la obligación de funcionarios y servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y declaraciones fiscales de los últimos cinco años, la llamada 3de3.

La Ley de Transparencia de Quintana Roo se apega a la Ley General de Transparencia, sin embargo, los legisladores dejaron pasar la oportunidad de remontar al estado a un lugar privilegiado en materia de Transparencia

Recomponen Ley de Transparencia, eliminan reservas ilegales

Finalmente, los legisladores modificaron el anteproyecto de Ley de Transparencia en el que se contemplaban limitantes ilegales al acceso a la información, tal y como lo señaló la asociación civil “Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo” el 11 de marzo pasado. La XIV Legislatura eliminó como información reservada la que “comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, dejando la reserva de información a la que “comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”;

Igualmente, eliminó las fracciones del artículo 9 que dispensaban a los sujetos obligados la entrega de información cuando “no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud”, y “no obre en algún documento”.

Decepciona Ley de Transparencia de Quintana Roo

Los legisladores de Quintana Roo renunciaron a entregar una Ley de Transparencia vanguardista, pues conservan la reserva de información por cinco años, prorrogables a otros cinco, lo que quiere decir que la información puede permanecer “enterrada” hasta por 10 años; lo anterior es sin duda  una garantía de impunidad para lo sujetos obligados.

En este tema, leyes como la del estado de Coahuila son ejemplo, pues el legislador de esa entidad estableció una reserva de información solo por dos años, prorrogable a un año más; es decir, el tiempo máximo de “secrecía” de la información será de tres años.

La Ley de Transparencia de Quintana Roo tampoco privilegia el derecho constitucional de los ciudadanos del acceso a la información, pues establece un término excesivo para resolver los recursos de revisión, de tres meses.

También se quedó limitada en lo relativo a la designación de comisionados, pues no incluyó entre los requisitos de quienes integren el máximo órgano del Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo (IDAIPQROO), el de contar con experiencia en la materia, lo que mantiene el carácter político de tan importante institución, y el nombramiento a modo de los comisionados. La Ley recién aprobada únicamente habla de que “privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales y atender la igualdad de género”, pero no como un requisito indispensable.

Sin castigo a quienes incumplan la entrega de información

La Ley de Transparencia de Quintana Roo también se quedó corta en cuanto a la aplicación de medidas de apremio y sanciones para los sujetos obligados que incumplan con la entrega de información, ya que únicamente enuncia la existencia de medidas de apremio, sanciones y multas, pero no establece cómo se aplicarán ni los términos para su cumplimiento.

En el artículo 192 de la Ley se lee: “el Instituto PODRÁ imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:  I. Amonestación pública o privada, o  II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente”.

Sin embargo, en la Ley no se detalla un catálogo de sanciones para los supuestos de incumplimiento, ni los tiempos en que un sujeto obligado deberá cumplir con lo mandatado por el Instituto de Transparencia, y menos aún el término en el que debe satisfacerse una multa.

El legislador volvió a dejar a un Instituto de Transparencia sin fuerza para hacer cumplir a los sujetos obligados con sus determinaciones.

Nuevamente cito como ejemplo la Ley de Transparencia de Coahuila que establece con claridad la aplicación de sanciones para los sujetos obligados incumplidos, sobres los que se impondrá, además de multas, la separación temporal del cargo, en tratándose de funcionarios, y hasta la separación permanente del mismo. Ello sin duda coloca a la institución de la transparencia en un plano de importancia primordial.

Juan Pablo Guillermo Molina Juicio Político

Interpone Somos Tus Ojos demanda de Juicio Político contra el Secretario de Finanzas de QRoo por el desvío de mil 464 millones de pesos

CHETUMAL, MX, 25/04/2016.- Fabiola Cortés Miranda, en representación de la asociación “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, presentó en el Congreso local una demanda de Juicio Político en contra del Secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvió mil 464 millones 604 mil pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje, recaudados entre el 2014 y de enero a septiembre de 2015; recursos que dejaron de entregarse a los Fideicomisos de Promoción Turística del estado.

A  través de una investigación realizada durante alrededor de dos años, se documentó el desvío de los recursos que debieron destinarse para promoción turística de los destinos de Quintana Roo.

La demanda se ingresó ayer lunes a través de la Oficialía de Partes del Congreso del estado y se acompañó con 17 pruebas documentales obtenidas en diferentes momentos, por medio de las unidades de información del Poder Ejecutivo, y de los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen).

Entre los documentos presentados se encuentran los que detallan la deuda con proveedores que a la fecha tienen los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya; el primero por un total de 224 millones de pesos, y el segundo por 118 millones de pesos.

Otros documentos destacables que se anexaron como pruebas del millonario desvío de recursos, son las actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez (que comprende Cancún, Isla Mujeres, y Holbox) en las que en repetidas ocasiones los empresarios José Chapur Zahoul, propietario de la cadena Palace, así como el hotelero Abelardo Vara, expresan su preocupación y malestar porque la Secretaría de Finanzas no entrega los recursos del Impuesto al Hospedaje.

Por ejemplo, en el acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, celebrada el 24 de agosto de 2015, los empresarios hoteleros reprochan la falta de recursos para la promoción turística y muestran su preocupación por los adeudos En el punto 5 “Informe de seguimiento de acuerdos”, en lo relativo al Acuerdo 08/II/ORD/2015, en su segundo párrafo se lee lo siguiente:

“Los Sres. Abelardo Vara Rivera y José Antonio Chapur Zahoul, en referencia a los adeudos de ejercicios anteriores que tiene el fideicomiso con sus proveedores, así como las aportaciones del gobierno del estado pendientes de enterar de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, señalaron su preocupación por los adeudos que tienen, sin que se haya dado una solución a la fecha a pesar de que se ha venido insistiendo en ello. Recordaron la necesidad de hacer promoción del destino sea buena o mala la ocupación que se dé. Mencionaron también que no es posible tener la promoción que se requiere sin que se paguen las campañas y promociones tanto institucional como cooperativos. Hicieron un llamado al gobierno del estado a no desperdiciar los buenos tiempos de Cancún. El estado vive del turismo, la fuerza motriz de todo el estado es el turismo, por lo que es indispensable que se cubran dichos pasivos a la brevedad.

En esa misma acta, se hace referencia al Acuerdo O3/III/ORD/2015 en el que  “el Comité Técnico de manera unánime acordó se revisarán los adeudos pendientes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Estableciendo un plazo de un mes, en el que las Secretarías de Turismo y de Finanzas y Planeación deberán presentar una estrategia para cubrir los mencionados adeudos en un corto plazo”.

Este tipo de exhortos se repiten a lo largo de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, que es el órgano de gobierno y máxima autoridad del Fideicomiso.

En el caso del Fideicomiso de Solidaridad (que abarca Cozumel y Tulum), en los estados financieros anexos a las Sesiones del Comité se lee que el organismo de promoción se encuentra en quiebra total, lo cual también es advertido por el auditor externo, mismo que considera urgente que se le entreguen los recursos que le dejó de ministrar la Secretaría de Finanzas, así como ingresos extras para poder sanear su situación.

Por ejemplo, en el anexo del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, del 11 de diciembre de 2014, titulado “Informe de los auditores independientes”, en el subtítulo “Párrafos de énfasis”, en el tercer párrafo se advierte que el Fideicomiso de promoción turística de la Riviera Maya está en literal bancarrota, pues su pasivo circulante (deudas, gastos) supera por mucho su activo (ingresos), además de que ha perdido la totalidad de su patrimonio:

“El estado de posición financiera muestra un activo circulante de $70,250,574.11 y un pasivo circulante de $109,310,041.21, lo que da como resultado un exceso de pasivos circulantes sobre sus activos circulantes de $39,059,467.10, así también ya no cuenta con patrimonio como resultado de las aportaciones o ahorros, sino por lo contrario, tiene un saldo negativo de $38,839,008.22, estos importantes factores indican que el fideicomiso no tiene recursos suficientes, por lo tanto, tampoco cuenta con capacidad de pago para cumplir con sus compromisos y obligaciones con sus proveedores y acreedores, por lo que es necesario que éste obtenga lo más pronto el pago de sus aportaciones  del impuesto al hospedaje que se le adeudan al 31 de diciembre de 2014, así como también  que obtenga la autorización de recursos adicionales, de lo contrario esto afectará sensiblemente la marcha y la operación del fideicomiso”.

En algunas otras actas de asamblea se lee la cancelación de actividades de promoción como la requerida por la Secretaría de Turismo del estado quien solicitó se destinaran 100 mil euros para promocionar el vuelo Dublín-Cancún de la aerolínea del Grupo TUI. Pero ésta no se llevó a cabo por falta de recursos.

Igualmente se integró a la demanda un documento en el que se detalla la aportación de 1.5 millones de pesos por parte de la Tesorería de Solidaridad ante la incapacidad del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya para hacer frente a los compromisos de la organización del Festival de Jazz de la Riviera Maya 2015.

Otros documentos con los que se sustenta el desvío de recursos son las reiteradas negativas del titular de la SEFIPLAN, Juan Pablo Guillermo, de responder a las solicitudes de información sobre el destino de los recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje IAH.

Cabe recordar que el 18 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial la reforma al Decreto de creación de los fideicomisos de promoción turística impulsada por el gobernador Roberto Borge, lo que le dio a éste total discrecionalidad sobre el manejo de los recursos derivados de la recaudación del Impuesto al Hospedaje (IAH).

NOTA ACLARATORIA: Este martes se interpuso un escrito para precisar que la demanda es por el desvío de mil 464 millones 604 mil pesos, y no por mil millones 464 mil 604 pesos, como erróneamente dice en la demanda de inicio del juicio político.

En los próximos días haremos públicos los documentos que acompañan la demanda.

DESCARGAR Demanda Juicio Político contra Secretario de Finanzas de QRoo, Juan Pablo Guillermo

Así están los parques en Playa del Carmen

Denuncia Somos Tus Ojos a Director de Imagen Urbana de Playa del Carmen por desvío de 5 mdp

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Antonio Ramos Pérez, como integrante de la asociación “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, interpuso este lunes una denuncia ante la Contraloría de Solidaridad (Playa del Carmen) en contra del director de Imagen Municipal, Álvaro Juan Ugalde Rodríguez, por el desvío de 5 millones 547 mil pesos que debieron destinarse al mantenimiento de los parques públicos del municipio, mismos que no fueron aplicados.

En junio de 2015, Antonio Ramos interpuso una queja ante la Contraloría municipal en la que se denunció el abandono y deterioro en el que se encontraban los siguientes espacios públicos Parque 28 de Julio, ubicado en Avenida de las Naciones y Calle 80 de la Colonia Nueva Creación; Parque Ecológico ubicado en la Avenida México; Parque El Petén, ubicado en la Avenida del Carmen; Parque La Guadalupana, ubicado en la Avenida Xel-Há; y Parque Forjadores, ubicado en la avenida 105 Sur, entre 15 y 17.

Parque El Petén (2)Parque El Petén (1)parque Ejido (2)parque Ejido (1)

En su contestación a la queja, registrada con el folio 014/2015, el funcionario Álvaro Juan Ugalde afirmó que  dentro del presupuesto PBR 2015 se tenía programado realizar diversos trabajos como la reparación de la malla metálica que rodea los parques, la reposición de los juegos infantiles o en su caso el mantenimiento de los mismos; y la reposición y mantenimiento de palapas y mesas, aseverando que dichos trabajos se llevarían a cabo durante el 2015.

En una visita realizada este fin de semana a los referidos parques, se constató que éstos continúan en las mismas condiciones: los juegos infantiles rotos (lo que representa un riesgo para los niños), sin palapas ni mesas, y con las mallas metálicas deterioradas.

La misma situación prevalece en el Parque Leona Vicario, ubicado en avenida Juárez y avenida 15; Parque Zacil Há, ubicado en avenida 35 con calle 40. Col. Zacil Ha; Parque Ejido, ubicado en avenida 70 con calle 6. Col. Ejidal y Parque Bellavista, ubicado en avenida 120 y calle 3.

Parque Leona Vicario (2) Parque Leona Vicario (3)

A través de la solicitud de información 00232415 se requirió saber qué trabajos se realizaron en el 2015 en los siguientes parques: Parque 28 de Julio, Parque Ecológico, Parque El Petén, Parque La Guadalupana, y Parque Forjadores; así como qué presupuesto se destinó y qué empresa realizó las obras.

En respuesta, el titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Noel Crespo Vázquez, informó que en el 2015 la Dirección de Imagen Municipal contó con un presupuesto de 5,547,753.00 (Son cinco millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta  y tres pesos m.mn), para el MANTENIMIENTO y limpieza de parques, “no teniendo el monto invertido en cada instalación o parque”. Solicitud presupuesto parques

Sin embargo, el estado en el que se encuentran los cinco parques que motivaron la queja, en junio de 2015, así como los otros cuatro señalados en la denuncia ingresada hoy a Contraloría, ponen en evidencia que el recurso por 5 millones 547 mil pesos que debió destinarse al mantenimiento de los espacios públicos no se ejerció y no existe forma de comprobar su aplicación.

Parque Forjadores (1) parque Zacil Ha (1)

En la denuncia ingresada este lunes a la Contraloría municipal, se le requirió a este órgano, en cumplimiento de lo que establece el artículo 72, fracción II, de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo, que designe a un funcionario para que se traslade a los parques referidos en esta denuncia, con el objetivo de que constate personalmente y documente el estado de deterioro en el que se encuentran los mismos.

Reservan por 7 años queja sobre deterioro de parques públicos

El oficio de resolución de la queja, de junio de 2015, registrado bajo el rubro CM/DNCE/Q-06-640/2015, emitido por la Contraloría, en el que se resuelve la queja sobre la falta de mantenimiento de los parques públicos, fue reservado por el ayuntamiento de Solidaridad por siete años, es decir, si algún ciudadano lo solicitara a través de la Unidad de Transparencia municipal, no podría acceder al contenido del mismo.

En el oficio, se responde a la queja del ciudadano Antonio Ramos, en la que se expone de manera detallada la situación de deterioro de los parques; así como la contestación del director de Imagen Municipal, Álvaro Juan Ugalde Rodríguez, en la que asegura que los trabajos de reparación o reposición de juegos infantiles, palapas y mesas, se realizarían en el 2015.

Aquí se puede descargar el oficio reservado por siete años: queja Contraloria parques

Pedro Flota Alcocer

Conservadora y opaca Ley de Transparencia que se discute en el Congreso de QRoo

CANCÚN, MX.- El proyecto de Ley de Transparencia que actualmente se discute en el Congreso de Quintana Roo además de conservadora es opaca en varios aspectos, y nuevamente incluye un marco débil y sin lineamientos claros para la aplicación de sanciones a quienes incumplan con el acceso al derecho a la información, según se puede concluir de un análisis realizado por los integrantes de la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”.

El anteproyecto de Ley de Transparencia de Quintana Roo en su artículo 9 excusa a los sujetos obligados de entregar información cuando “no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud”, lo que significa que cualquier funcionario, servidor público o persona obligada a entregar información, puede aducir que en ese momento no está en posesión de la misma, y por ende no puede entregarla. Ese mismo artículo dispensa la entrega de la información cuando la información “no obre en algún documento”, lo que en sí mismo representa una violación a la Ley General de Transparencia.

La propuesta de Ley de Transparencia que analiza el Congreso y a la que tuvo acceso la asociación civil Somos Tus Ojos tampoco establece el proceso para tramitar el recurso de inconformidad en contra de las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo, ni contempla en las facultades del propio Instituto la obligación de remitir el mismo al Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Cabe destacar que el recurso de inconformidad es una de las mayores aportaciones de la Ley General, ya que pone al alcance de los ciudadanos una instancia superior, revisora, de las determinaciones del instituto de transparencia local, que hasta la fecha ha sido cómplice de las instancias del Poder Ejecutivo y los funcionarios municipales, en su negativa de entregar información.

El documento que el Congreso de Quintana Roo pretende aprobar solo dedica un artículo y cuatro líneas al Recurso de Revisión, y además no establece entre las facultades del Instituto de Acceso a la Información la de coadyuvar en la tramitación del mismo ante el Instituto Nacional.

Igualmente, la elección de los comisionados para integrar el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP) adolece de una total discrecionalidad, y siguen siendo los integrantes de la Cámara de Diputados los que determinan quiénes de los aspirantes propuestos por las asociaciones cumplen con el perfil, y podrán ser elegibles.

El anteproyecto deja entre las causales de información reservada la que “comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, fracción que no es compatible con la Ley General que solo considera la reserva para casos de “seguridad nacional”, y no refiere la de los estados o municipios, debido a que ello implica una amplia discrecionalidad para los sujetos obligados que pueden escudarse en dicho supuesto para no entregar información.

Los legisladores de Quintana Roo proponen causales de reserva que la Ley General no acepta, sobre las cuales no existe precisión en su aplicación y que  pudieran ser utilizadas para limitar el derecho humano de acceso a la información. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Transparencia clasifica como información reservada: “La que pueda causar un serio perjuicio en la recaudación de las contribuciones y la que pueda dañar la estabilidad económica y financiera del Estado”, esto es, que deja a la opinión del Secretario de Finanzas o de los tesoreros municipales, la rendición de cuentas sobre la recaudación, ingreso y uso de los recursos públicos.

Son estas solo algunas de las graves limitaciones que de entrada constituyen violaciones al derecho de las personas de acceso a la información, y que no respetan el espíritu de la  Ley General.

La Ley de Transparencia que discuten los diputados de la XIV Legislatura se “alimentó” de los foros organizados por “Ciudadanos por la Transparencia” CITRA, una organización que recibió recursos desviados del Subsemun en 2014, y que proponía, de acuerdo a su propuesta, de la que se tiene una copia, reservar información por 27 años, así como reservar asuntos discutidos en sesiones “secretas” en los ayuntamientos y en el Congreso del estado. Además, mientras la Ley general de Transparencia contempla 13 casos de reserva, CITRA propuso 19 casos de reserva de información, varios de éstos totalmente infundados. De esos “foros ciudadanos” y de esas propuestas se nutrió la Ley de Transparencia del estado de Quintana Roo.

VER Ciudadanos por la Transparencia promueven opacidad

LEER: Fortalecen ley de transparencia con voces ciudadanas

El pasado 16 de marzo, la asociación “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” entregó al Congreso del estado una propuesta de ley de vanguardista, apegada al espíritu de la Ley General y que además ejerce el principio de transparencia proactiva señalado en la misma, estableciendo, por ejemplo, 62 obligaciones de transparencia ineludibles en aras de la máxima apertura cuando la Ley General y la del estado solo citan 48 obligaciones de oficio.

Ricardo Coral, asesor del diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso, se comprometió a incluir la propuesta presentada en el debate que aún se encuentra abierto.

Es oportuno recordar que Quintana Roo ocupa uno de los últimos lugares en materia de Transparencia por lo que de mantener el anteproyecto de ley que está en la mesa, no solo deberá hacer frente a una muy probable controversia constitucional de parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sino que nuevamente quedará como una entidad renuente a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.

ANTEPROYECTO DE INICIATIVA LEY DE TRANSPARENCIA. JURIDICO

contacto@somostusojos.com

Congreso QRoo

Somos Tus Ojos propone al Congreso Ley de Transparencia vanguardista

CANCÚN, MX.- La asociación civil  “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” ingresó al Congreso de Quintana Roo, el 16 de marzo pasado, una propuesta de ley vanguardista y que atiende el espíritu de la Ley General de Transparencia, priorizando la máxima apertura y la total rendición de cuentas.

Entre los aspectos de la propuesta de Somos Tus Ojos está que la elección de los comisionados que integran el Instituto de Acceso a la Información se realice por convocatoria abierta, que solo ciudadanos con probada experiencia en la materia  y que acrediten un examen de conocimientos sobre el tema puedan ocupar dicho cargo, para evitar de esta forma lo que actualmente sucede, que la designación se realice con base en los intereses de los gobernantes, quienes han hecho de los comisionados sus cómplices.

Igualmente, pretendemos que sea obligatoria la publicación de 62 aspectos entre los que se encuentran:

La versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que contenga: nombre, cargo, tipo de declaración, sueldo y bienes inmuebles ubicados en territorio nacional y fuera del país; así como el listado de servidores públicos que no hayan rendido la declaración patrimonial.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

El tabulador de cobro de impuestos, servicios y derechos, especificando el fundamento legal del mismo, la metodología para su cálculo, la forma para acceder a descuentos y condonaciones si los existieran; así como el monto de los recargos en su caso;

Las actas de sesiones de cabildo ordinarias, extraordinarias y privadas, así como su registro videográfico;

Los nombres con fotografía de los inspectores, visitadores o supervisores, por áreas, en el caso de los sujetos obligados donde exista dicha figura;

El padrón de proveedores y contratistas, identificando el nombre de la persona física o moral, domicilio fiscal, inicio de operaciones, fecha de registro y de vigencia, así como la copia del acta constitutiva y sus posteriores modificaciones;

Las concesiones, patentes, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas para la prestación de algún servicio, la proveduría de algún bien o la ejecución de alguna obra, especificando número o folio, los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.

Actualmente el Congreso discute una propuesta de Ley de Transparencia limitada, retrógrada en muchos aspectos que pretende dar continuidad a la opacidad, eludir una efectiva y real rendición de cuentas y evitar sanciones a quienes incumplan con la Ley de Transparencia, limitando la aplicación de las mismas a ciertos aspectos.

La Ley que los diputados de la XIV Legislatura discuten también permite a los sujetos obligados, es decir, funcionarios y servidores públicos, ser omisos en la documentación de sus actos, lo que promueve “inexistencia de información”, una salida que con mucha frecuencia se ha utilizado para no rendir cuentas.

Mientras la propuesta de ley de Somos Tus Ojos propone una reserva de la información hasta por dos años, lo que impediría que ediles y diputados terminaran sus administraciones y periodos sin dar información, la ley que analiza el Congreso establece que la información podrá permanecer reservada hasta 5 años.

Entre la información que los diputados de Quintana Roo pretenden reservar está “la que comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, tal indefinición permite que, al libre arbitrio de los funcionarios, se reserve todo sobre lo que no quieran informar.

También se pretende reservar la información “que pueda dañar la estabilidad económica y financiera del Estado”, con lo que los funcionarios y servidores públicos podrían negarse a entregar cualquier tipo de información sobre el uso y destino de recursos públicos aduciendo un daño, por imposible o improbable que éste fuera.

Como consumidores intensivos de la información desde hace 11 años, los integrantes de Somos Tus Ojos nos hemos enfrentado a las múltiples limitaciones impuestas en la actual Ley que han imposibilitado una real rendición de cuentas y han cobijado la corrupción en Quintana Roo, por lo que con la propuesta ingresada hace unos días pretendemos que nuestro estado se convierta en un ejemplo a nivel nacional y salga del último lugar en el que se encuentra en materia de Transparencia.

Descarga la Propuesta de Ley de Transparencia de QRoo