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Verificará INAI que estados cumplan con obligaciones de Transparencia

CIUDAD DE MÉXICO, 19/05/2017.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) iniciará a partir del 22 de mayo próximo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los 868 sujetos obligados de la federación.

El proceso de verificación diagnóstica se llevará a cabo en dos fases. La primera, del 22 de mayo al 14 de agosto, contempla la revisión de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General Transparencia Acceso a la Información Pública.

Entre la información que los sujetos obligados deberán publicar está la relativa al personal como la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación; las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado.

El INAI también verificará que se cumpla con la publicación de la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; la deuda pública;  y los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Los sujetos obligados también deberán cumplir con la publicación de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos; las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; y la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.

El INAI tendrá que verificar el cumplimiento de alrededor de 48 obligaciones comunes a todos los sujetos obligados, dependiendo de si éstas son de su competencia.

Los objetivos del Programa de verificación son definir el tipo, alcance y número de verificaciones a realizar durante el ejercicio 2017 y establecer una ruta  para el análisis de los resultados del proceso de verificación, así como el procedimiento para el diseño de políticas por parte del INAI.

De acuerdo a un comunicado del INAI, en la primera fase de verificación se detectarán “las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado” del ámbito federal y se formularan las observaciones y/o recomendaciones para el cumplimiento adecuado.

En la segunda fase, a efectuarse del 15 de agosto al 20 de diciembre, se prevé el seguimiento para corroborar que las observaciones y/o recomendaciones emitidas en la primera fase sean atendidas, así como para verificar que se cumplan los tiempos fijados para actualizar la información.

Para el proceso de verificación diagnóstica se tomarán como base los criterios y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.

La Secretaría de Acceso a la Información del INAI es el área responsable para supervisar el desarrollo de la verificación diagnóstica, atendiendo las competencias establecidas en el Estatuto, los Lineamientos de Verificación y el Manual de Procedimientos de Portales.

Aunque los sujetos obligados tenían hasta este este cinco de mayo para dar cumplimiento a la publicación de alrededor de 48 aspectos que transparentarían la gestión pública, contribuirían a la rendición de cuentas y serían de utilidad para prevenir actos de corrupción, el INAI falló en la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia; a su vez los estados fallaron en cumplir con sus obligaciones, por lo cual el órgano garante amplio el plazo de cumplimiento. (Con información del INAI)

cancun opaco transparencia

Cancún y Puerto Morelos, ayuntamientos gobernados por el PVEM, “brillan” por su opacidad

CANCÚN, MX, 10/05/2017.- Los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) y Puerto Morelos, ambos municipios gobernados por el Partido Verde Ecologista de México destacan pero por su opacidad, pues ninguno de los dos ha registrado dato alguno en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), es decir, no ha cumplido con las por lo menos 50 obligaciones de Transparencia que le mandata el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

Así pues, en el SIPOT no se consigna ni información mínima como el marco normativo, la estructura orgánica, las facultades de cada área, las metas y objetivos de cada área, o el directorio de todos los servidores públicos.

cancun opaco transparenciaMenos aún, los ayuntamientos rinden cuentas sobre la remuneración bruta y neta de cada uno de los empleados; los nombres de las personas contratadas por honorarios y qué servicio prestan; las declaraciones de la situación patrimonial, fiscal y conflicto de interés; el padrón de beneficiarios de programas sociales; ni la relativa a los montos destinados a comunicación social y publicidad, precisando el nombre de las personas físicas y morales que reciben recursos por este concepto.

Sobre las finanzas de los ayuntamientos gobernados por los del PVEM no se puede saber ningún dato, ya que no se tiene información sobre el presupuesto asignado, los informes del ejercicio trimestral del gasto, la deuda pública, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y el resultado de la dictaminación de los estados financieros.

A pesar de que el tres de mayo pasado, funcionarios municipales de Cancún anunciaron en conferencia de prensa un “Benito Juárez de 10” en materia de transparencia, la realidad es totalmente opuesta, pues en el SIPOT no se ha consignado ninguna información ni dato, y la página de transparencia del ayuntamiento, presentada ese día como de gran “innovación”, no funciona.

Por su parte, la ex priista Laura Fernández Piña y quien recientemente se afilió al PVEM ha destacado en su administración como una de las funcionarias más opacas, pues no solo ha incumplido con el rubro de transparencia en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, y en el SIPOT, sino su administración ha sido omisa en dar respuesta a ciudadanos que han tenido que transitar por un verdadero viacrucis para obtener información parcial y datos incompletos, al grado de que solo a través de un amparo promovido por un integrante del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) se logró obtener información sobre el número de empleados que tiene el ayuntamiento.

respuesta ilegible transparencia Puerto Morelos

Solidaridad, tarea a medias y mal hecha

Solidaridad (Playa del Carmen), municipio gobernado por Cristina Torres, política priista que fue arropada por la alianza PAN-PRD, al igual que el actual gobernador Carlos Joaquín González, es la que cumplió mayormente con el registro de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, comparada con el resto de los municipios de la zona norte de Quintana Roo, todos caracterizados por basar su economía en el turismo. Sin embargo, la calidad de los datos es en la mayoría de los casos parcial, incompleta e incomprensible.

Así en el la obligación relacionada con el marco normativo aplicable, tiene 81 registros; en  la de la estructura orgánica muestra 16 registros, de los cuales 15 corresponden al Instituto del Deporte y uno al Instituto de las Mujeres.

La fracción IV del artículo 91 de la Ley de Transparencia que requiere información sobre “metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos”, el ayuntamiento de Solidaridad tiene 124 registros en los que todas las dependencias y áreas tienen el único objetivo de “cumplir con la responsabilidad ética de generar servicios de calidad con un manejo transparente y honesto de los recursos públicos”.

Sobre los  indicadores  relacionados  con  temas  de  interés  público  o  trascendencia  social que  conforme a sus funciones, deban establecer los sujetos obligados, se cuentan con 92 registros, de los que no se puede deducir información clara, comprensible y menos útil para el ciudadano. En similares circunstancias está la fracción VI, relativa a “los indicadores  que  permitan   rendir   cuenta  de   sus   objetivos y   resultados,   así   como indicadores  de  impacto  y  evaluación  de  los  proyectos,  procesos  y  toda  otra  atribución  de  funciones” espacio que no provee de información que el ciudadano pueda considerar como una verdadera rendición de cuentas.

El directorio de servidores públicos tiene 1,045 registros; en facultades del área, se tienen 196 registros; en gastos en gastos por concepto de viáticos se encuentran 128 registros, pero no se detalla quién utilizó los viáticos;  en contrataciones de servicios profesionales, figuran 44 registros pero sin especificar el monto pagado, la función o trabajo prestado ni la remuneración mensual.

Sobre la fracción XXVII relativa a “las  concesiones,  contratos,  convenios,  permisos,  licencias  o  autorizaciones  otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del  titular,  vigencia,  tipo,  términos,  condiciones,  monto  y  modificaciones (…)”, se tienen 127 registros, de los cuales la mayoría son información de convenios de otorgamiento de créditos de programas y permisos de uso de la vía pública.

En apartados como Ia remuneración bruta y neta no hay registro alguno, tampoco en el total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza,  en la declaración de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses;  en las convocatorias a concurso para ocupar cargos públicos, en el padrón de beneficiarios de  programas  de  subsidios,  estímulos  y  apoyos; las  condiciones  generales  de  trabajo,  contratos  o  convenios  que  regulen  las  relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en  especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, sanciones administrativas, los   montos   destinados   a   gastos   relativos   a   comunicación   social   y   publicidad   oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña,  objeto de la misma, fecha de inicio y de término,

Los otros municipios de la zona norte que también incumplieron con la transparencia son Cozumel, gobernado por la panista Perla Tun, que registró información alguna en el SIPOT, en tanto que Isla Mujeres, administrado por el priista Juan Carrillo, registró mínimos datos.

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Rehúye Juan Pablo Guillermo a juicio político. Ex Tesorero de Borge se blinda

CANCÚN, MX, 03/05/2017.-Con un recurso de revisión en contra del juicio de amparo que obtuvo Somos Tus Ojos para regresar el juicio político al Congreso del estado, y con un nuevo amparo, Juan Pablo Guillermo Molina, quien fuera tesorero del ex gobernador  Roberto Borge Angulo, pretende evadir el proceso que lleva a cabo la Comisión Instructora de la XV Legislatura.

Juan Pablo Guillermo, señalado del desvío de 1,464 millones de pesos recaudados del impuesto al hospedaje de 2014 a agosto de 2015, interpuso un recurso de revisión en contra del amparo 725/2016 que el Juez Sexto de Distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama, otorgó a Somos Tus Ojos, mismo que será estudiado por el Tercer Tribunal Colegiado, que decidirá si subsiste el amparo o si lo revoca.

Además, Guillermo Molina, uno de los hombres más cercanos a Borge Angulo, también solicitó un amparo en contra de la Comisión de Justicia del Congreso del estado para evitar que prosiga el juicio político encaminado en su contra. El amparo 262/2017 también será analizado por el Juez Sexto de Distrito, quien de entrada negó la suspensión provisional requerida por el ex funcionario, pues de concedérsela se causaría perjuicio al interés social y al orden público.

En su razonamiento para  negar la suspensión de la continuación del juicio político, el Juez Sexto señaló “que de concederse la medida cautelar solicitada en éstos últimos términos, se atentaría contra disposiciones de orden público y se alteraría el interés social, ya que el juicio político de origen está autorizado por los numerales 109 y 110 de la Constitución Federal, debido a que la sociedad se encuentra interesada en que no se suspendan tales juicios. En efecto, el procedimiento de un juicio político tutela totalmente el interés público y no intereses particulares, ya que su único, objetivo es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública”.

El juzgador deja al arbitrio de la Comisión Instructora, la decisión de enviar o no la declaración de acusación al pleno de la Legislatura, es decir, que la Comisión Instructora puede continuar con el procedimiento de juicio político, en tanto, el juez de amparo se pronuncia sobre la suspensión definitiva solicitada por Juan Pablo Guillermo: “Por todo lo expuesto, debe colegirse que dicho efecto de los actos reclamados, no es susceptible de suspenderse, dado que la concesión de la suspensión de ese acto produciría la afectación del interés social y disposiciones de orden público, es decir, la sociedad está interesada en que los gobernados cumplan con las normas en esa materia. Sin embargo, con fundamento en los numerales 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sin suspender el procedimiento, la Comisión Instructora, en caso de considerarlo, no envíe la declaración de acusación a la Legislatura correspondiente, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva.”, concluye el sentenciador.

Mañana 4 de mayo a las 9:25 horas se celebrará la audiencia incidental en la que el Juez Sexto resolverá si concede o niega la suspensión definitiva a Juan Pablo Guillermo Molina, esto es, el procedimiento se frena o si continúa sobre el sustento de que detener el procedimiento afecta el interés social.

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Chihuahua, primer estado en transparentar publicidad oficial

CIUDAD DE MÉXICO, 12/01/2017.- Mientras Quintana Roo no cumple ni con las obligaciones mínimas contempladas en la Ley de Transparencia, y dependencias y municipios siguen sin publicar información como la remuneración de los servidores públicos y sus prestaciones, perfil de puestos e información curricular, y contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios; Chihuahua se convirtió en el primer estado del país en utilizar la  herramienta  “Transparencia  en  Publicidad  Oficial”, con la que informará a través de datos abiertos cuánto gasta el gobierno en publicidad, en qué campañas publicitarias, a quién contrata y cuánto le paga.

Durante la Jornada de Acceso a la Información y Transparencia en Publicidad Oficial en Chihuahua, Joel  Salas  Suárez, comisionado  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y Protección de Datos Personales (INAI), consideró que transparentar  los  recursos  públicos  utilizados  para  publicidad  oficial,  representa una  revolución  silenciosa  para transformar, de forma  radical, la  relación  entre  los gobiernos  y  los  medios  de  comunicación  social.

“Para  que  cada  peso  que  se  gaste,  se  haga  no  para  adular  a  la  figura  del gobernante,  sino  para  decirle  a  la  población  cuáles  son  los  derechos que  tiene, cuáles son los servicios públicos a los que pueden acceder y qué se está haciendo”, enfatizó.

Al hacer un reconocimiento al estado de Chihuahua, por ser la primera entidad en utilizar  la  herramienta  Transparencia  en  Publicidad  Oficial,  diseñada  por  el INAI conjuntamente con el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, Joel Salas apuntó que se ha pasado de los discursos a los hechos.

“Con acciones como ésta, vamos a tener la capacidad  de  definir  cuáles  son  las áreas estratégicas y prioritarias, sobre las cuales se tienen que designar y gastar los  recursos  públicos  y  desde  el  INAI  reconocemos  este  hecho  y  ojalá  que las distintas  entidades  federativas  del  país,  en  este  momento  de  crisis  económica, empiecen a recortar el gasto en publicidad oficial”, manifestó.

Salas Suárez señaló que el 2017 inició de manera difícil para todos los mexicanos  y  las  movilizaciones,  sostuvo,  representan  una “fractura social del Estado mexicano, en la representación política”.

“Hoy, pareciera que hay al menos dos México: un México de unos pocos con muchos privilegios, y un México de muchos que están pidiendo que se les garantice,  a cabalidad, todos y cada uno de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución”, remarcó.

Congreso Qroo transparencia

DESEMPOLVAN DIPUTADOS TRANSPARENCIA, VAN A EMPEZAR A CUMPLIR, DICEN

CHETUMAL, MX, 08/12/2016.-La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo desempolvó la nueva ley de transparencia del estado que contempla que todos los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia y con un Comité para cumplir con las obligaciones en esta materia y para atender de manera más expedita las solicitudes de acceso a la información.

Aunque la actual ley de transparencia entró en vigor desde mayo pasado, la reestructura de esta área había quedado en el olvido, por lo que la actual legislatura en la sesión de este jueves dio entrada a una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para agregar el capítulo “De la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo”.

Sin embargo, de acuerdo al diputado y presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, por cuestiones técnicas no se tiene una fecha para que el Poder Legislativo cumpla con las 50 obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, y que sería un primer paso en la rendición de cuentas; además de las obligaciones contenidas en el artículo 94 de esta misma ley.

Hasta ahora el Poder Legislativo continúa incumpliendo con la rendición de cuentas, como puede verse en el link de Transparencia de su página, http://www.congresoqroo.gob.mx/transparencia/index.php; donde solo algunos aspectos se encuentran parcialmente satisfechos, y otros, que han sido siempre cuestionados continúan en la opacidad, por ejemplo, la fracción VIII del artículo 91 obliga al Poder Ejecutivo a publicar “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”; pero, en la página solo se lee un “tabulador de percepciones” sin nombres y sin los detalles que ordena la ley.

La fracción IX que obliga a dar cuenta de “los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente”; también sigue sin cumplirse, e igualmente se tiene solo un tabulador.

La fracción XI no se ha cumplido ni parcialmente, por lo que los quintanarroenses no podemos conocer nada sobre “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su recisión”.

La fracción XIV, relacionada con “las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, los requisitos, los procesos de selección, evaluación y los resultados de los mismos”, continúa sin información. Ésta evitaría que personas sin el perfil adecuado, como familiares de los propios legisladores ocuparan cargos por no cumplir el perfil, o que los puestos se asignen por pago de cuotas, compadrazgo o de forma discrecional.

El Poder Legislativo igualmente ha sido incapaz de dar cumplimiento a la fracción XVII, relacionada con la anterior, y que contempla la publicidad del “perfil de los puestos y la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto”.

Tampoco se tiene los datos relacionados con “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña, objeto de la misma, fecha de inicio y de término, dependencia o dirección que la solicita”; (fracción XXIII).

Lo anterior por citar solo algunos de los 50 items de información obligatoria a la que está sujeto el Poder Legislativo.

En cuanto a las obligaciones específicas, la XV Legislatura no ha dado cuenta de “el nombre de los asesores de las fracciones o de cada uno de los diputados, su currículo y remuneración percibida, especificando periodicidad”, entre otra.

En entrevista, Martínez Arcila señaló que el Congreso está en una etapa de modernización, de actualización del reglamentos y de reestructura para poder cumplir con un “Parlamento Abierto”.

Para “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, el cumplimiento en las obligaciones de transparencia no es un tema de recursos técnicos sino de voluntad política. Seguimos percibiendo una resistencia a cumplir con la rendición de cuentas en aspectos tan importantes como la transparencia en la contratación de personal, los perfiles que se deben cumplir y el gasto en nómina; pues el rubro de servicios personales es el que mayor presupuesto absorbe en prácticamente todas las instancias.

peña nieto inai vuelos helicopteros

CIERRA INAI DATOS SOBRE VUELOS DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO

CIUDAD DE MÉXICO, 07/12/2016.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó mantener cerradas las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la flota presidencial, al considerar que al hacerlas públicas se vulnera la seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto.

Un ciudadano solicitó a la Presidencia copia de los registros de vuelos del Primer Mandatario, desde que asumió el cargo, y el Estado Mayor Presidencial le respondió que estaban a su disposición 954 páginas de una versión pública, con valor de 520 pesos.

Sin embargo, ésta no contiene origen, destino, hora de salida y llegada y ruta, así como tampoco los “reportes de tripulación” ni sus nombres.

“La divulgación de los datos mencionados, que se contienen en las bitácoras de vuelo, conlleva el conocimiento de los recorridos detallados de los viajes que realizan los helicópteros de la flota aérea del Estado Mayor.

“Información que al ser procesada, sin necesidad de contar con herramientas tecnológicas sofisticadas, permite establecer patrones específicos relacionados con la periodicidad de los viajes, los lugares, fechas, horas y rutas por donde se llevan a cabo con más frecuencia, lo que en el contexto actual, permitiría el diseño de estrategias encaminadas al debilitamiento de los mecanismos de seguridad implementados”, argumentó el Estado Mayor Presidencial en la respuesta.

Los comisionados Javier Acuña, Areli Cano y Mauricio Guerra se pronunciaron por publicar los datos, al considerar que se debe transparentar el uso de bienes públicos, además de que si la mayoría de los viajes son conocidos, debido a que la prensa viaja con el Presidente, no existe razón para manejarlo en secrecía.

Calificaron como poco probable que dicha información conlleve a elaborar un plan para atentar contra la integridad del Presidente, secretario de Estado, tripulación o aeronaves, como argumenta el Estado Mayor.

“No se advierte elemento a partir del cual sea posible considerar que los orígenes, destinos, horas de salida o llegada, permita poner en riesgo la vida, seguridad o salud del Titular del Poder Ejecutivo federal”, planteó Acuña en su propuesta que implicaba abrir los datos.

Sin embargo, los comisionados Ximena Puente, Patricia Kurczyn y Rosendoevgueni Monterrey coincidieron con la Presidencia.

Al registrarse un empate, debido a que el séptimo comisionado está de viaje, la presidenta del Instituto dio su voto de calidad para mantener reservada dicha información.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre una resolución del INAI, en la que piden hacer públicos los planes de vuelo de la flota aérea presidencial. (Fuente: Reforma)

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PROPONE SOMOS TUS OJOS AL CONGRESO DE QROO QUE PERIÓDICO OFICIAL SEA GRATUITO

CHETUMAL, MX, 25/10/2016.- El pasado 21 de octubre, “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” propuso a los diputados de la XV Legislatura del Congreso del estado, la modificación a la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, para que este documento sea de acceso gratuito, en virtud de su trascendencia en la vida de los quintanarroenses.

En el Periódico Oficial del Estado se publican las leyes, decretos, acuerdos y todo mandato que se hace obligatorio cumplir o que afecta directamente a los habitantes de Quintana Roo, de allí la importancia de que el acceso al mismo sea gratuito, a través de medios digitales.

El limitado acceso que actualmente se tiene al Periódico Oficial del Estado fue lo que permitió que el contenido del llamado “paquete de impunidad” propuesto por el gobernador Roberto Borge Angulo, y aprobado por la XIV Legislatura,  se conociera tardíamente; lo que dejó sin oportunidad a muchos ciudadanos de oponerse al mismo en el término legal correspondiente.

periódico oficial qroo propuesta somos tus ojosLa promesa de un gobierno transparente de parte de quienes son parte de los diversos poderes del estado, debe cumplirse con hechos claros que demuestren a los gobernados que la transparencia no se quedará en el discurso.

Somos Tus Ojos, propone la modificación de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo para que ésta además de velar por el aspecto público del mismo, garantice su “publicidad”, es decir, que su contenido pueda conocerse en línea de manera gratuita, y sencilla; limitando el cobro únicamente a sus versiones certificadas, lo que permitiría a la Dirección encargada del mismo continuar teniendo ingresos.

En la exposición hecha a los diputados de la XIV Legislatura, Somos Tus Ojos, señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) mandata en su artículo 6º que el estado debe garantizar el derecho a la información, y por ser el Periódico Oficial de Quintana Roo “un instrumento de carácter jurídico, permanente y de interés público, que tiene como fin publicar, dar vigencia y observancia general a las leyes, decretos, reglamentos,  acuerdos, circulares, manuales y demás actos previstos por las leyes, así como las diversas disposiciones normativas de derecho público o privado en general, expedidas por los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los particulares, en sus respectivos ámbitos de competencia”, consideramos imprescindible que el estado garantice el acceso a los contenidos que se publican en dicho órgano; lo que actualmente no se cumple, a pesar de los avances tecnológicos que lo permiten.

El Periódico Oficial de Quintana Roo no satisface el requisito indispensable de la “publicidad”, que es diverso del de la “publicación”, quedando los ciudadanos y habitantes de Quintana Roo en estado de indefensión ante la falta de dicho elemento, como se hizo patente en los meses pasados luego de las reformas que permitieron la aprobación, publicación y entrada en vigor del conocido popularmente como “paquete de impunidad”, aprobado por la XIV Legislatura, sin que los interesados pudieran conocer oportunamente los contenidos, y oponerse, en tiempo, a lo publicado.

Actualmente se publican los índices del Periódico Oficial en la página de internet de la Dirección respectiva, los cuales son una enunciación que no permite conocer los contenidos, por lo que es una necesidad que éstos también se encuentren disponibles y accesibles a través de medios digitales.

El término publicidad, de acuerdo a una de las acepciones de la Real Academia Española de la Lengua, se define como “cualidad o estado de público”, es decir cualidad de “conocido o sabido por todos”, según el mismo referente bibliográfico.

Es así, que el Periódico Oficial de Quintana Roo debe cumplir con el indispensable requisito de publicidad, y es el Estado el que debe garantizar el acceso a la información de los contenidos que se publican.

En la presente era de los gobiernos digitales, no se puede concebir el acceso restringido o limitado a un documento que fija determinaciones que afectan la vida pública y privada de los habitantes de un estado.

Propuesta modificación periódico oficial QRoo

JUEZ ORDENA A GOBERNADOR DE QROO GARANTIZAR ACCESO A LA INFORMACIÓN

JUEZ ORDENA A GOBERNADOR DE QROO GARANTIZAR ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL INFOMEXQROO

CANCÚN, MX, 05/09/2016.- El Juez quinto de distrito, con sede en Cancún, concedió el viernes pasado la suspensión definitiva en el amparo 1094/2016 interpuesto en contra del Acuerdo del gobernador Roberto Borge Angulo que extingue la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), y por el que  se dio de baja el sistema Infomexqroo.

La suspensión definitiva se solicitó para que durante el tiempo que se llevara a cabo la reestructuración administrativa en materia de transparencia, no se diera de baja el sistema Infomexqroo; lo anterior luego de que esta plataforma digital fue inhabilitada técnicamente, lo que privó a los ciudadanos de ejercer su derecho a la información.

El juez Ciro Carrera Santiago en el considerando cuarto de la suspensión definitiva señaló lo siguiente: “(…) considerando las manifestaciones contenidas en la demanda, así como atendiendo a la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada para efecto de que el Gobernador del estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, ordene a quien corresponda se restablezca el sistema INFOMEXQROO, vinculo diseñado para la recepción de solicitudes de información pública del poder ejecutivo en línea, en tanto se cree la respectiva unidad que será el enlace entre el sujeto obligado, y el solicitante, o bien, el portal en línea correspondiente.”

El Juzgador dio un término de cinco días al gobernador Roberto Borge Angulo para que cumpla con su mandato, “con el apercibimiento que de no acatarse, se procederá conforme a derecho”.

Lo anterior, impide al Gobernador suspender el sistema Infomexqroo, el cual se dio de baja desde finales de julio, lo que se pretendió justificar a través del “Acuerdo” de fecha 29 de julio, publicado en el Periódico Oficial del estado, por medio de cual se extinguió la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE).

El Juez federal consideró que en el citado Acuerdo no se establecía cómo los ciudadanos podrían acceder su derecho de acceso a la información, y al respecto señaló:

“Lo anterior, pues si bien es cierto que en el Acuerdo reclamado, en su artículo Octavo Transitorio se estableció que las solicitudes de información que formulen los ciudadanos para el acceso a la información pública y datos personales, las atenderá la Secretaría de la Gestión Pública, a través de la unidad administrativa que faculte para ello, también lo es que, a la fecha, no se tiene certidumbre de ante qué unidad adscrita a dicha Secretaría, se deben formular dichas solicitudes, ya que no se ha publicado acuerdo alguno de donde se advierta tal circunstancia”.

“Por tanto, al existir dicha incertidumbre y al ser la materia de transparencia y acceso a la información pública de orden público e interés social, se está contraviniendo el derecho humano de acceso a la información (…)”.

El pasado ocho de agosto Fabiola Cortés Miranda interpuso un amparo en contra del Acuerdo del 29 de julio por el que se ‘extinguía’ la UTAIPPE, ya que esto trajo consigo la baja del sistema InfomexqRoo, con lo que se privó a las personas de su derecho de acceso a la información.

Como en su momento se denunció, el Acuerdo ordenado por el gobernador Roberto Borge era violatorio a los derechos humanos, además de que representaba un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

 

Roberto Borge juicio politico

INTERPONE SOMOS TUS OJOS JUICIO POLÍTICO CONTRA EL GOBERNADOR ROBERTO BORGE POR “REMATE” DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

CIUDAD DE MÉXICO 16/08/2016.- Esta martes se interpuso una demanda de Juicio Político en contra del gobernador Roberto Borge Angulo por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios y políticos, acción con la que causó un grave quebranto a las finanzas del estado, y por lo tanto un perjuicio al estado y a la sociedad quintanarroense.

A la demanda de juicio político se adjuntó un anexo con una relación con 44 predios que fueron vendidos con avalúos desactualizados, y a precios varias veces menor de su valor comercial, incluso a “cero pesos”; causando con ello un quebranto al erario estimado de por lo menos 1 099 492 370 (mil 99 millones 492 mil 370 pesos).

El cálculo del quebranto al erario se calculó con base en las subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real. En otros casos, el monto del quebranto se estimó de acuerdo al valor actual del mercado de predios ubicados en las mismas zonas y de dimensiones similares o equiparables.

Políticos, empresarios, funcionarios, amigos, fueron beneficiados con la venta a precios subvaluados de terrenos que fueron desincorporados del patrimonio del estado. Entre los nombres de los beneficiados se encuentran  los siguientes:

1.- El 8 de julio de 2014, un predio de 761.44 metros cuadrados, con 20 metros lineales de mar Caribe, ubicado en Puerto Morelos, fue vendido a Desarrollos Riviera Morelos, representada por Armando José Millet Molina, en 761 mil 440 pesos, un año después, Banorte otorgó a Desarrollos Riviera Morelos, un crédito por 63 millones de pesos, quedando como garantía el citado predio, lo que nos permite hacer una estimación del valor real del mismo. Como deudores solidarios quedaron Operadora Real del Mar SA de CV, Operadora Grand Residences, representadas por Kemil Assad Rizk Aziz y Fernando López Ruiz. Rizk Aziz, fue director general de Fonatur en el sexenio de Ernesto Zedillo, y estuvo involucrado en un desfalco realizado a través de Grupo Prodipe, en perjuicio del desarrollo turístico Puerto Escondido en Baja California Sur.

Por su parte, Armando José Millet Molina, es un empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida, perteneciente a la “aristocracia” de Yucatán. Es familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Quintana Roo, responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015.

La empresa de Millet Molina recibió tres predios de alrededor de 761 metros cuadrados cada uno, con un total de 60 metros lineales de  Mar Caribe, ubicados en Puerto Morelos, destino turístico que se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen.

2.- El 6 de agosto de 2014, otro predio de 1088 metros cuadrados, con 20 metros lineales de playa, ubicado en Puerto Morelos, fue “vendido” en 27 mil 110 pesos a Cándido Sansores Gamboa, pensionado del ISSSTE, desde el año 2012…

3.- El 27 de marzo de 2012, un predio de 10 mil metros cuadrados, ubicado en el bulevard Kukulkán, a la entrada de la zona hotelera de Cancún, fue vendido en tres millones de pesos. Actualmente un predio tres veces más grande se vende en 9 millones de dólares. Lo que permite dimensionar el quebranto.

4.- El 31 de mayo de 2011, un predio de  48 mil 065 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a ADECRO SA de CV, en 9 millones 766 mil 279 pesos, cuando el valor catastral del inmueble era de 48 millones de pesos.

ADECRO es representada por Abelardo Rubén Alcocer Hernández y Armando de Jesús Palma Peniche, socios de Grupo Promotora Residencial y de otras inmobiliarias que durante dos sexenios han sido ampliamente beneficiadas con predios desincorporados del patrimonio del estado.

5.- El 19 de junio de 2014, un predio de 53 mil 695 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a Manuel Merino Sosa, en 2 millones 766  mil 382 pesos. Actualmente, un lote de 28,963 metros cuadrados, ubicado en la misma zona, conocida como sascaberas, se vende en 60 millones 243 mil pesos. Merino Sosa fue beneficiado con otros dos predios de grandes dimensiones, también ubicados en esa zona.

6.- El 7 de abril de 2011, un predio de 51 mil 519 metros cuadrados, ubicado en la zona costera sur de Cozumel, de uso turístico hotelero, fue vendido a Eligio Marrufo Rejón, en 4 millones 190 mil 633 pesos. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos. Eligio Marrufo Rejón es padre del actual presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, quien es hombre muy cercano al ex gobernador Félix González Canto, y primo hermano de la esposa de éste, Narcedalia Martín. Fredy Marrufo era diputado local en la XIII Legislatura cuando su padre fue beneficiado por Roberto Borge con el predio en cuestión.

7.- El 7 de abril de 2011, un predio de 269 mil 628 metros cuadrados fue vendido a  Promotora y Constructora del Caribe, en 32 millones 355 mil 406 pesos; dos meses después, el predio quedó gravado por un crédito otorgado por Hipotecaria Casa Mexicana por 72 millones 642 mil pesos.

8.- Promotora y Constructora del Caribe, es una empresa de Juan Manuel Mercader Rodríguez, es un empresario del ramo de la construcción, al igual que su hermano, Juan Enrique Mercader Rodríguez, quien en el sexenio del ex gobernador Félix González Canto recibió contratos por 264 millones de pesos. Es también  hermano de Juan Pedro Mercader Rodríguez, actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

9.- El 6 de abril de 2011, un predio de 54 mil 621 m2, ubicado en la Costera sur de Cozumel, fue entregado a Eduardo Toledo Parra, propietario de Promovisión del Caribe, (Canal 10), en “dación en pago”. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos.

10.- El 13 de abril de 2011, un predio de 30 mil metros cuadrados, con 98 metros de mar Caribe, ubicado en la privilegiada zona de Punta Molas, en Cozumel, fue vendido en 6 millones de pesos a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, Descendiente de Fernando Barbachano Peón, quien hasta hace unos años era dueño de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá. Actualmente un predio de mil metros cuadrados en la zona tiene un precio de alrededor de un millón de pesos.

11.- El 10 de mayo de 2011 Barbachano Herrero recibió otro predio de 70 mil metros cuadrados en la misma zona de Punta Molas, con 5 mil 443 metros en línea quebrada con Mar Caribe, en 14 millones  de pesos.

12.- El 22 de junio de 2011, Mayazama, desarolladora de Aldea Zamá, en Tulum, recibió un predio de 13 mil 095 metros cuadrados, con una extensa zona costera, en 7 millones de pesos; tres años después, el mismo sirvió para constituir un fideicomiso por 39 millones de pesos.

13.- El 27 de septiembre de 2012, Mayazama recibió otro predio de 191 mil 834 metros cuadrados, con un valor catastral de 58 millones 267 mil 322 pesos, a un precio de 19 millones 197 mil 358.

14.- El 19 de julio de 2013, un predio de 16 mil 585 metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen, fue entregado por “cero pesos” a Ana María Ramos Zúñiga, quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija Damarys Verenice Menes Ramos, quien es esposa de Gabriel Menddicuti Loría, quien al momento de la entrega a título gratuito del predio, era Secretario de gobierno de Roberto Borge Angulo. Damarys Verenice Menes Ramos, entregó el predio en comodato al Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por ella y su esposo, la cual ha recibido también importantes recursos de la Sedesol.

15.- El 7 de diciembre de 2012, un predio de mil metros cuadrados, ubicado en Tulum, fue vendido en cinco mil pesos a Jaqueline González Canto, hermana del ex gobernador, y actual senador del PRI, Félix González Canto.

16.- El 6 de marzo de 2013, dos predios en Puerto Morelos, de 356 y 358 metros cuadrados, ubicados sobre la avenida Javier Rojo Gómez, la zona comercial de este destino turístico, fueron desincorporados del dominio público; uno fue vendido por 235 mil pesos a Rafael Moctezuma Ruiz, pensionado de los Servicios Estatales de Educación; y otro fue vendido a José Antonio Dzul Mass, en 235 mil 649 pesos. Un año después, ambos predios terminaron en manos de Eligio Hernández Carrillo, fiscalista y asesor del gobernador Gabino Cué, y quien estuvo involucrado en un fraude por mil 600 millones de pesos, a través de la outsourcing que manejaba la nómina del personal de gobierno del estado de Oaxaca, de acuerdo a fuentes periodísticas de ese estado.

 

El detalle de los 44 predios se adjuntó en un documento anexo y puede descargarse aquí.

 

Roberto Borge Angulo, es el poseedor y administrador de los bienes del estado y responsable directo del remate

Como Jefe del Ejecutivo, Roberto Borge Angulo es el responsable directo de los bienes del estado, de acuerdo a la Ley de Patrimonio de Quintana Roo, por lo tanto, fue él quien remató los predios para beneficiar a políticos, empresarios y amigos, con lo que causó un perjuicio al estado y a la sociedad.

De acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos, entre éstos los gobernadores de los estados, podrán ser sujetos de juicio político, “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 7º dice cuáles son los actos u omisiones de los servidores públicos que “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, y entre éstos menciona: “cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;”

En este caso, el gobernador Roberto Borge infringió lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otros aspectos menciona que “las (…) enajenaciones de todo tipo de bienes, (…)se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas (…) a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, pero, “cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.”

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo violó lo mandatado en el artículo 134 constitucional, al efectuar la venta de predios que eran patrimonio del estado, a precios subvaluados, para beneficiar a empresarios funcionarios y políticos.

La misma Constitución establece qué procede en el supuesto en el que las licitaciones públicas no sean idóneas, y suponiendo que este fuera el caso; el precepto constitucional dicta que las “leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado”.

Esto es, que de ninguna manera, los representantes de la federación y los estados pueden disponer a su libre arbitrio y voluntad de los recursos y bienes del estado, sino que deben sujetarse a las leyes federales o estatales o ambas, según sea el caso.

En el caso que se denuncia, es la Ley de Patrimonio del estado de Quintana Roo la que regula lo relativo a los bienes de dominio privado del estado, y la que señala bajo qué condiciones y en qué casos se pueden desincorporar dichos bienes; lo cual no se cumplió en el caso que se denuncia.

Es el artículo 57 de la Ley de Patrimonio del estado, la que fija que la responsabilidad sobre los bienes del patrimonio estatal, es del Gobernador, al respecto  señala

Corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado

I Establecer la política en materia de bienes patrimoniales estatales;

II Poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes patrimoniales del Estado a que se refiere esta Ley;

(…)

V Autorizar los actos y contratos sobre el uso, aprovechamiento y enajenación de los bienes de dominio del Estado y de los productos derivados de aquéllos, en los términos de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes;

Como se lee, Roberto Borge tenía la obligación de vigilar y conservar los bienes inmuebles del patrimonio estatal, y además “autorizar” las enajenaciones, por lo que su responsabilidad sobre el remate de los mismos es directa.

El monto estimado del desfalco al patrimonio estatal por las ventas de inmuebles a precios subvaluados, es de alrededor de mil millones de pesos, pero éste puede ser muy superior, ya que de acuerdo a información obtenida a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, hasta mediados del 2015, se habían desincorporado del dominio público un total de 308 predios: 102 en Cozumel; 69 en Othón P. Blanco (Chetumal, Mahahual, Bacalar); 99 en Solidaridad (Playa del Carmen y Tulum); y 38 en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

La demanda de juicio político fue interpuesta ayer y ratificada ante el director de Servicios Legales de la Cámara de Diputados, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez.

 

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amparo transparencia Borge

Se interpone Amparo contra acuerdo de Roberto Borge que extingue Unidad de Transparencia

CANCÚN, MX.- Un amparo en contra del Acuerdo del gobernador Roberto Borge Angulo, que extingue la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), fue interpuesto ayer lunes, debido a que con la entrada en vigor del mismo, se dio de baja el sistema Informexqroo, con lo que se restringe el derecho de acceso a la información pública.

El amparo quedó radicado en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún, y fue interpuesto por Fabiola Cortés Miranda, bajo el argumento de que la extinción de la UTAIPPE, y la consecuente baja del sistema Infomexqroo, viola el derecho humano de acceso a la información de la periodista, especializada en transparencia, datos e investigación.

En el escrito también se pone de manifiesto, que la violación al derecho humano de acceso a la información, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en este caso particular, trae aparejada la violación de otros derechos, como el consagrado en el artículo 7º, que tiene que ver con el derecho de difundir información; y el artículo 26, relacionado con el derecho a participar en la vida política, ya que a través de la información obtenida por medio de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, y de las de los municipios, se habían documentado varios casos de corrupción como el desvío de alrededor de 1,464 millones de pesos, recaudados a través del Impuesto al Hospedaje; caso por el que se interpuso un juicio político en contra del Secretario de Finanzas del estado.

Igualmente se señaló como autoridad responsable a los consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), toda vez que es este órgano garante, el que, precisamente, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública bajo los principios de oportunidad, gratuidad y expedites.

Consideramos que la apresurada extinción de la UTAIPPE, y la inhabilitación del sistema Infomexqroo tiene la intención de bloquear el trabajo de investigación y acopio de datos que venían realizando ciudadanos y organizaciones.

Cabe destacar que en el texto del decreto, publicado en el periódico oficial del estado, en el Tomo II, Número 14 Ordinario Bis, Octava época, el 29 de julio pasado; únicamente en el transitorio octavo se hace referencia a cómo los ciudadanos podrían, hipotéticamente hablando, acceder a la información pública. Este transitorio dice lo siguiente:

“Las solicitudes de información que formulen los ciudadanos para el acceso a la información pública y datos personales de conformidad a la normatividad aplicable, y la sustanciación de procesos jurídicos en curso, las atenderá la Secretaría de la Gestión Pública, a través de la unidad administrativa que se faculte, hasta en tanto entre plenamente en funciones la Plataforma Nacional de Transparencia prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el diario oficial de la federación el 04 de mayo de 2015.

Lo anterior, como lo ha venido denunciando Somos Tus Ojos, implica que en este momento, quien quiera obtener información de alguna dependencia del Poder Ejecutivo y de cualquier municipio de Quintana Roo, tendría que acudir a Chetumal, donde se encuentra la Secretaría de la Gestión Pública, y averiguar si ya se “facultó” a la unidad administrativa correspondiente para dar trámite a las solicitudes de información.

La inhabilitación del sistema Infomexqroo representa un grave retroceso en el respeto y garantía de los derechos humanos en Quintana Roo, por lo que esperamos que la justicia federal conceda el amparo solicitado y suspenda el acuerdo por el que se extingue la UTAIPPE.