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SE NIEGA ALCALDESA DE PUERTO MORELOS Y TODOS SUS FUNCIONARIOS A PUBLICAR 3 DE 3

 

PUERTO MORELOS, MX.-Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, municipio ubicado entre Cancún y Playa del Carmen, se negó a publicar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, a pesar de que es una de las obligaciones establecidas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

En su respuesta a la solicitud de información 00378617, la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos señala que ni la Alcaldesa, ni ninguno de los funcionarios del ayuntamiento harán pública su declaración patrimonial; en tanto que de la declaración fiscal y de conflicto de intereses no se pronunció: “(…) DEL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORELOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, NINGUNO HA AUTORIZADO HASTA EL MOMENTO SU PUBLICACIÓN, POR TAL RAZÓN, LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ÉSTA NO SE PÚBLICA”.

La Unidad de Transparencia de Laura Fernández Piña, funcionaria que estará buscando un escaño en el Senado en las próximas elecciones, trató de justificar la opacidad de la Alcaldesa del Partido Verde Ecologista de México con una absurda y enredada y respuesta:

“(…) la servidora pública de la cual se solicita la información determinó, en su momento, que se encuentra en espera de que se emitan los criterios y lineamientos necesarios así como que se realice la armonización estatal correspondiente a los ordenamientos nacionales para efectuar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor y hasta en tanto el Comité Coordinador de Sistema Nacional Anticorrupción , de conformidad con la ley de la materia, emita tales directrices y las resoluciones conducentes de su competencia”. (…)

RESPUESTA Laura Fernandez negativa declaración patrimonial

REGIDORES DE PUERTO MORELOS TAMBIÉN SE NEGARON A PRESENTAR 3 DE 3

Al igual que la presidenta municipal, Laura Fernández, los regidores de Puerto Morelos también se negaron a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

A la solicitud 00357817 en la que se requirió “proporcionar copia de la declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de interés, de cada uno de los regidores de Puerto Morelos (conocida como 3 de 3)”; la Contraloría municipal contestó lo siguiente: “Al respecto de proporcionar copia de la declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de interés, de cada uno de los regidores de Puerto Morelos, conocida como 3 de 3, le comunico que NO ES POSIBLE otorgar dicha información, ya que de acuerdo a lo previsto en la Legislación de la materia vigente en nuestro estado, no existe una declaración que contenga los términos solicitados.”

Cabe destacar que en la fracción XII del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo se establece como una obligación para todos los sujetos obligados, publicar “la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de los últimos 5 años, de los servidores públicos que determine la normatividad aplicable”.

Por la negativa de los regidores a entregar la información requerida, el Colectivo Puerto Morelos Transparente interpuso el recurso de revisión correspondiente con el acompañamiento de Somos Tus Ojos.

Cabe destacar que la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos, dirigida por Augusto Rivero Bolio, enfrenta numerosas quejas y recursos de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) por incumplir en la publicación de las obligaciones de transparencia, así como por la frecuente negativa de entregar información pública.

FIRMÓ PUERTO MORELOS ACUERDO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PERO SOLO PARA LA FOTO

El cuatro de mayo pasado, el ayuntamiento de Puerto Morelos firmó con la Secretaría de la Gestión Pública el Acuerdo de Coordinación para el “fortalecimiento del sistema municipal de control y evaluación de la gestión pública, y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción”, sin embargo, ha incumplido en todo dicho acuerdo.

En la Declaración “D” del referido Acuerdo, la alcaldesa Laura Fernández afirmó que “(…) comparte con el Ejecutivo Estatal el compromiso de aplicar con honestidad, eficacia y transparencia los recursos públicos federales y estatales, para satisfacer adecuadamente las necesidades de la población de la entidad federativa, por lo que es de su interés participar en la lucha contra la corrupción en el ámbito estatal y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.”

Nada más alejado de la realidad…

Por parte del ayuntamiento de Puerto Morelos firmaron el documento Laura Fernández Piña; el Secretario general, Francisco Mendoza Reyna; el titular de la Unidad de Transparencia, Augusto Rivero Bolio, y la contralora Nancy González González, quien antes de hacerse cargo de la Contraloría de Puerto Morelos, fue presidenta del Concejo del Instituto Electoral de Quintana Roo en ese municipio, y fue quien recibió las denuncias que pusieron en evidencia la coacción del voto que dieron el triunfo a Laura Fernández, mismas que se encargó de desechar.

VER ACUERDO DE COORDINACIÓN

Colectivo Puerto Morelos Transparente

IDAIPQROO da 15 días a alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández, para publicar información

PUERTO MORELOS, MX.-La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, tiene un plazo de quince días para publicar información como la remuneración bruta y neta de todos los empleados del ayuntamiento; los gastos de representación y viáticos, así como el directorio de los servidores públicos, lo anterior luego de que el Colectivo Puerto Morelos Transparente, con el acompañamiento de Somos Tus Ojos, interpuso en mayo pasado una denuncia ante el Instituto de Transparencia de Quintana Roo por no encontrarse dicha información que es de publicación obligatoria.

En respuesta a la queja ciudadana, Augusto Rivero Bolio, director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ayuntamiento de Puerto Morelos, pretendió “justificar” que por tratarse de un municipio nuevo “cuenta de momento con limitados recursos humanos y materiales; aún se encuentran en proceso de determinar ciertos lineamientos y disposiciones que les permitirá, en su momento, hacer publica toda la información que les corresponda registrar en los portales digitales correspondientes”.

Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) desestimó dicho pretexto toda vez que el integrante del Colectivo Puerto Morelos Transparente denunció la falta de información en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT), y no en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, además de que considerando la declaración de creación del nuevo municipio, éste ya tenía 18 meses en funciones y recaudando impuestos.

Así pues, gracias a la participación del colectivo de ciudadanos, la presidenta municipal, Laura Fernández, deberá publicar la información materia de la denuncia.

Cabe destacar que el ayuntamiento gobernado por Laura Fernández Piña es el más opaco de Quintana Roo, pues no solo no ha cumplido con publicar la información obligatoria, de acuerdo al artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, sino que el director de la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos, Augusto Rivero Bolio, con los más rebuscados y absurdos pretextos se ha negado a dar satisfactoria respuesta a las solicitudes de información presentadas por los integrantes del Colectivo Puerto Morelos Transparente.

La información que deberá publicar el ayuntamiento administrado por Laura Fernández a más tardar en quince días, es la relativa a las fracciones II, III, IV, VII, VIII y IX del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

La fracción II se refiere a la estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura a las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada Servidor Público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados.

Fracción III.- La facultades de cada área.

Fracción IV.- Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos.

Fracción VII.- El director de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha  de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

Fracción VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

Fracción IX.- Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.

VER ARCHIVO ADJUNTO: 

DENUNCIA-TRANSPARENCIA-LAURA-FERNANDEZ-PUERTO-MORELOS

roberto borge detencion pgr

¿Quién llevó a Roberto Borge ante la justicia? Ustedes y nosotros

 

Fabiola Cortés Miranda

Ahora que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo fue detenido, más de uno alza la mano victoriosa. Pero ¿quién llevó a Roberto Borge ante la justicia?

A Roberto Borge Angulo lo llevamos ante la justicia ustedes, que fueron insistentes y perseverantes en su exigencia de poner fin a la impunidad, y nosotros, como representantes de la sociedad civil organizada a través de la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, que se constituyó precisamente para convertirse en accionante de denuncias en casos de corrupción.

Roberto Borge Angulo se encuentra señalado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisamente por el cual lo denunciamos ante la Procuraduría General de la República, el 28 de noviembre de 2016.

Meses antes, el 25 de septiembre, el día que Roberto Borge se quedó sin fuero, y que tomó protesta el gobernador Carlos Joaquín González, mientras estaba el festejo en pleno, nosotros estábamos en el Ministerio Público local presentando una denuncia en contra del Gobernador saliente, misma que quedó asentada con el folio FGE/QR/SOL/09/3943/2016, y de la que el Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech, nunca ha dicho nada, y lo que es más, en un inicio, negó que existiera.

Esa denuncia presentada ante la Fiscalía General de Quintana Roo, en la que se señala a Roberto Borge por la venta de predios patrimonio del estado, el 29 de septiembre, también fue enviada con sus anexos a la PGR, a la que se le pidió la atracción del expediente, en virtud de que se configuraban delitos del fuero federal.

Pero antes de todo ello, el 16 de agosto de 2016, acudimos al Congreso de la Unión a presentar una denuncia de juicio político en contra de Roberto Borge por el remate de 44 predios que eran patrimonio del estado de Quintana Roo.

Las investigaciones realizadas por Somos Tus Ojos iniciaron desde el 2015, pues se revisaron prácticamente cada uno de los folios de los predios que se desincorporaron en la administración de Roberto Borge Angulo.  Posteriormente, las indagatorias se ampliaron a empresas como Caracol 65 y Siyenat, en la que tiene participación directa la madre del ex Gobernador, María Rosa Yolanda Angulo Castillo, así como hacia la naviera Barcos Caribe y hacia la sociedad mercantil Isla Cabañas, en la que participa Edgar Méndez Montoya, Luis Sierra Sauri y familiares del ex gobernador Félix González Canto, los hermanos Juan y Omar González Angulo.

Obtener los datos de prueba, como actas constitutivas de las empresas y contratos de compraventa de los predios fue posible gracias a la colaboración de ciudadanos que de alguna manera tenían en su poder esos documentos; igualmente, otras fuentes abrieron datos confidenciales que tienen que ver con información fiscal de los implicados y que pudimos incorporar a las denuncias interpuestas, acogiéndonos  al artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos permite reservar la identidad de la fuente. Un personaje clave para comprender el entramado de corrupción de Roberto Borge y sus cómplices fue el señor Romeo Villanueva, a quien puedo considerar un verdadero coadyuvante en las investigaciones. Reporteros, periodistas y medios de comunicación que no cerraron los ojos también fueron imprescindibles.

Entonces respondiendo a la pregunta: ¿quién llevó a Roberto Borge ante la justicia?, lo puedo aseverar, fueron ustedes, como sociedad que insistió y no permitió que el actual gobierno se desentendiera de una de las principales encomiendas para las que fue elegido: procesar a quienes causaron enormes quebrantes al patrimonio del estado; y nosotros, con su ayuda, desde una asociación que nació con el objetivo de promover la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

El que la hace la paga

El sábado pasado, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González escribió en su cuenta de twitter: “nos da mucho gusto saber que la denuncia e investigación que realizamos y la consecuente denuncia van por el camino correcto”.

Ello tras conocerse la orden de arresto en contra de Roberto  Borge Angulo, Claudia Romanillos, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex titular y ex coordinadora jurídica del IPAE, respectivamente; Cesar Celso González, abogado de la familia, María Lourdes Pinelo, secretaria de Roberto Borge padre.

En otro twet, Joaquín González escribió: “En #Quintana Roo y en este gobierno el que la hace la paga. Hace meses trabajamos con la autoridad judicial federal denunciando y aportando pruebas”.

Carlos Joaquín no redactó ningún twet reconociendo el trabajo de la sociedad civil, a pesar de que debe estar consciente de que las denuncias presentadas desde el gobierno parten de las iniciadas por Somos Tus Ojos; quizás se le ha olvidado.

Pero a nosotros no se nos olvidan las múltiples declaraciones del Gobernador en las que no se le escuchaba ni una pizca de contundencia para llevar a la justicia a Roberto Borge. Por eso insisto, fue la sociedad, la que mostró que no estaba dispuesta a permitir un “borrón y cuenta nueva” y la que insistió en que se ponga fin a la impunidad.

Aunque ya que se atribuyó el éxito, lo que esperamos los quintanarroenses de Carlos Joaquín González es que se mantenga vigilante para que el proceso judicial contra Roberto Borge Angulo culmine con la devolución de las 9 mil hectáreas que eran patrimonio del estado, por las que su gobierno denunció al ex Gobernador, así como que se restituyan al erario los recursos públicos que fueron malversados.

 

Tres entrevistas para recordar. Del no sé, quizás, al “la denuncia que realizamos”

Para la mala memoria no hay como la tinta y el papel, hablando en sentido figurado. En las tres entrevistas que se presentan, lo que se lee son las declaraciones de un Carlos Joaquín esquivo respecto de  las investigaciones y denuncias que hoy se cuelga como propias.

Una entrevista que retrata a Joaquín González nítidamente es la  del 13 de noviembre, en la sección Tragaluz de Milenio, con Manuel Collado, en la que fue esquivo al hablar de Roberto Borge Angulo, y reconoció que no se tenía armado un expediente, que no sabía el número de predios del patrimonio del estado que había malbaratado su antecesor,  y es más, que no sabía si los iba a recuperar o no. Esta entrevista se realizó el 13 de noviembre, tres días después, el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, dio una conferencia de prensa para dar a conocer la denuncia interpuesta por el gobierno del estado en contra de Roberto Borge, por el remate de 9 mil hectáreas del patrimonio inmobiliario de Quintana Roo. En tres días se integró la investigación y la denuncia?.

A continuación parte de la entrevista de Tragaluz:  

¿Dónde está Borge, señor gobernador?

Creo que en Quintana Roo, pero la verdad no sé dónde está.

¿Cuándo fue la última vez que habló con él?

Tuve un mensaje de él hace 4 o 5 días con la firma de entrega- recepción.

¿Y qué le dice?

Solamente agradeció que haya habido buen trato para esa firma.

¿Con quién le ha mandado mensajes?

Con nadie.

¿Nadie está operando con él?

No.

¿Sus alertas han sido escuchadas?

Eso no lo sé. Es un tema que no corresponde totalmente al estado.

¿Necesita al gobierno federal para detenerlo?

Sí, por supuesto.

¿Se lava las manos, gobernador?

¡No, para nada!

¿Están simulando?

No, no estamos simulando.

¿Están jugando a agarrarlo?

No, no estamos jugando a eso.

¿Qué dice que está revisando con discreción?

Estoy revisando las cuentas que debo revisar.

¿Para qué le está dando tiempo?

No es estar dando tiempo. Es el tiempo de revisar para tener los argumentos.

¿Con esa celeridad piensa gobernar?

Pienso gobernar con experiencia, tranquilidad y cercano a la gente.

¿Lo quiere o no lo quiere agarrar?

Quiero que los argumentos estén para que, si hay que agarrarlo, se le agarre.

(…)

¿Quedará impune?

No, no quedará impune.

¿Ya está armado el expediente?

No, no está armado aún. Estamos trabajando en una revisión.

¿De qué delitos se le acusa?

De los fondos de la deuda, por ejemplo, no tienen una obra que respalde eso.

¿Cuánto desvió del erario?

La deuda es de 22 mil millones de pesos. ftmercados_0_968903400.html)

¿Cuántas casas y terrenos se apropió? No tengo el número.

¿Regresarán las propiedades de los desalojos?

Hay un proceso jurídico y, dependiendo de eso, se podrá o no regresar.

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Yo no meto a la cárcel a la gente

El lunes 17 de octubre de 2016, en entrevista publicada en la revista Contrapunto, Carlos Joaquín González parecía querer “perdonar” a su antecesor. Su entrevistador, Jonathan Estrada, un periodista completamente afín a Roberto Borge, le deslizó:

“Algunos han criticado el por qué no has metido a la cárcel a Roberto Borge, yo no recuerdo en ningún discurso o declaración tuya en campaña que hayas aseverado que ibas a meter a la cárcel a Roberto Borge”

Y Carlos Joaquín González respondió de la siguiente forma: “Efectivamente, nunca dije con todas sus letras eso, porque primero yo no meto a la cárcel a la gente; segundo: lo que me corresponde es revisar y dar claridad en esa rendición de cuentas de lo que pasó con los recursos de Quintana Roo, eso sí me corresponde y en eso estoy trabajando para tener los datos suficientes, la información suficiente, el qué pasó con la deuda …”

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NOTA RELACIONADA

Yo no los voy a meter a la cárcel

El 10 de junio, ya como gobernador electo, Carlos Joaquín González, en entrevista con Adriana Varillas de El Universal, con un discurso más que moderado, timorato, afirmó que a él no le correspondía meter a la cárcel al ex Gobernador.

“¿Los va a meter a la cárcel a Félix y a Borge?”, le cuestionó la periodista

Y Joaquín González contestó: “Yo no… un Gobernador tiene el Poder Ejecutivo. Quien debe decidir eso es el Poder Judicial. La labor que yo quiero hacer es generar la transparencia que los quintanarroenses solicitan. Para eso, revisemos, hagamos la auditoría y dejemos que sea la ley la que decida si deben o no, ir para allá”

“Eso se oye más mesurado que en campaña”, le revira la entrevistadora

“Tope hasta donde tope, eso lo sostengo”, defendió el Gobernador

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Verificará INAI que estados cumplan con obligaciones de Transparencia

CIUDAD DE MÉXICO, 19/05/2017.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) iniciará a partir del 22 de mayo próximo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los 868 sujetos obligados de la federación.

El proceso de verificación diagnóstica se llevará a cabo en dos fases. La primera, del 22 de mayo al 14 de agosto, contempla la revisión de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General Transparencia Acceso a la Información Pública.

Entre la información que los sujetos obligados deberán publicar está la relativa al personal como la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación; las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado.

El INAI también verificará que se cumpla con la publicación de la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; la deuda pública;  y los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Los sujetos obligados también deberán cumplir con la publicación de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos; las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; y la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.

El INAI tendrá que verificar el cumplimiento de alrededor de 48 obligaciones comunes a todos los sujetos obligados, dependiendo de si éstas son de su competencia.

Los objetivos del Programa de verificación son definir el tipo, alcance y número de verificaciones a realizar durante el ejercicio 2017 y establecer una ruta  para el análisis de los resultados del proceso de verificación, así como el procedimiento para el diseño de políticas por parte del INAI.

De acuerdo a un comunicado del INAI, en la primera fase de verificación se detectarán “las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado” del ámbito federal y se formularan las observaciones y/o recomendaciones para el cumplimiento adecuado.

En la segunda fase, a efectuarse del 15 de agosto al 20 de diciembre, se prevé el seguimiento para corroborar que las observaciones y/o recomendaciones emitidas en la primera fase sean atendidas, así como para verificar que se cumplan los tiempos fijados para actualizar la información.

Para el proceso de verificación diagnóstica se tomarán como base los criterios y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.

La Secretaría de Acceso a la Información del INAI es el área responsable para supervisar el desarrollo de la verificación diagnóstica, atendiendo las competencias establecidas en el Estatuto, los Lineamientos de Verificación y el Manual de Procedimientos de Portales.

Aunque los sujetos obligados tenían hasta este este cinco de mayo para dar cumplimiento a la publicación de alrededor de 48 aspectos que transparentarían la gestión pública, contribuirían a la rendición de cuentas y serían de utilidad para prevenir actos de corrupción, el INAI falló en la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia; a su vez los estados fallaron en cumplir con sus obligaciones, por lo cual el órgano garante amplio el plazo de cumplimiento. (Con información del INAI)

cancun opaco transparencia

Cancún y Puerto Morelos, ayuntamientos gobernados por el PVEM, “brillan” por su opacidad

CANCÚN, MX, 10/05/2017.- Los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) y Puerto Morelos, ambos municipios gobernados por el Partido Verde Ecologista de México destacan pero por su opacidad, pues ninguno de los dos ha registrado dato alguno en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), es decir, no ha cumplido con las por lo menos 50 obligaciones de Transparencia que le mandata el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

Así pues, en el SIPOT no se consigna ni información mínima como el marco normativo, la estructura orgánica, las facultades de cada área, las metas y objetivos de cada área, o el directorio de todos los servidores públicos.

cancun opaco transparenciaMenos aún, los ayuntamientos rinden cuentas sobre la remuneración bruta y neta de cada uno de los empleados; los nombres de las personas contratadas por honorarios y qué servicio prestan; las declaraciones de la situación patrimonial, fiscal y conflicto de interés; el padrón de beneficiarios de programas sociales; ni la relativa a los montos destinados a comunicación social y publicidad, precisando el nombre de las personas físicas y morales que reciben recursos por este concepto.

Sobre las finanzas de los ayuntamientos gobernados por los del PVEM no se puede saber ningún dato, ya que no se tiene información sobre el presupuesto asignado, los informes del ejercicio trimestral del gasto, la deuda pública, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y el resultado de la dictaminación de los estados financieros.

A pesar de que el tres de mayo pasado, funcionarios municipales de Cancún anunciaron en conferencia de prensa un “Benito Juárez de 10” en materia de transparencia, la realidad es totalmente opuesta, pues en el SIPOT no se ha consignado ninguna información ni dato, y la página de transparencia del ayuntamiento, presentada ese día como de gran “innovación”, no funciona.

Por su parte, la ex priista Laura Fernández Piña y quien recientemente se afilió al PVEM ha destacado en su administración como una de las funcionarias más opacas, pues no solo ha incumplido con el rubro de transparencia en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, y en el SIPOT, sino su administración ha sido omisa en dar respuesta a ciudadanos que han tenido que transitar por un verdadero viacrucis para obtener información parcial y datos incompletos, al grado de que solo a través de un amparo promovido por un integrante del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) se logró obtener información sobre el número de empleados que tiene el ayuntamiento.

respuesta ilegible transparencia Puerto Morelos

Solidaridad, tarea a medias y mal hecha

Solidaridad (Playa del Carmen), municipio gobernado por Cristina Torres, política priista que fue arropada por la alianza PAN-PRD, al igual que el actual gobernador Carlos Joaquín González, es la que cumplió mayormente con el registro de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, comparada con el resto de los municipios de la zona norte de Quintana Roo, todos caracterizados por basar su economía en el turismo. Sin embargo, la calidad de los datos es en la mayoría de los casos parcial, incompleta e incomprensible.

Así en el la obligación relacionada con el marco normativo aplicable, tiene 81 registros; en  la de la estructura orgánica muestra 16 registros, de los cuales 15 corresponden al Instituto del Deporte y uno al Instituto de las Mujeres.

La fracción IV del artículo 91 de la Ley de Transparencia que requiere información sobre “metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos”, el ayuntamiento de Solidaridad tiene 124 registros en los que todas las dependencias y áreas tienen el único objetivo de “cumplir con la responsabilidad ética de generar servicios de calidad con un manejo transparente y honesto de los recursos públicos”.

Sobre los  indicadores  relacionados  con  temas  de  interés  público  o  trascendencia  social que  conforme a sus funciones, deban establecer los sujetos obligados, se cuentan con 92 registros, de los que no se puede deducir información clara, comprensible y menos útil para el ciudadano. En similares circunstancias está la fracción VI, relativa a “los indicadores  que  permitan   rendir   cuenta  de   sus   objetivos y   resultados,   así   como indicadores  de  impacto  y  evaluación  de  los  proyectos,  procesos  y  toda  otra  atribución  de  funciones” espacio que no provee de información que el ciudadano pueda considerar como una verdadera rendición de cuentas.

El directorio de servidores públicos tiene 1,045 registros; en facultades del área, se tienen 196 registros; en gastos en gastos por concepto de viáticos se encuentran 128 registros, pero no se detalla quién utilizó los viáticos;  en contrataciones de servicios profesionales, figuran 44 registros pero sin especificar el monto pagado, la función o trabajo prestado ni la remuneración mensual.

Sobre la fracción XXVII relativa a “las  concesiones,  contratos,  convenios,  permisos,  licencias  o  autorizaciones  otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del  titular,  vigencia,  tipo,  términos,  condiciones,  monto  y  modificaciones (…)”, se tienen 127 registros, de los cuales la mayoría son información de convenios de otorgamiento de créditos de programas y permisos de uso de la vía pública.

En apartados como Ia remuneración bruta y neta no hay registro alguno, tampoco en el total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza,  en la declaración de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses;  en las convocatorias a concurso para ocupar cargos públicos, en el padrón de beneficiarios de  programas  de  subsidios,  estímulos  y  apoyos; las  condiciones  generales  de  trabajo,  contratos  o  convenios  que  regulen  las  relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en  especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, sanciones administrativas, los   montos   destinados   a   gastos   relativos   a   comunicación   social   y   publicidad   oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña,  objeto de la misma, fecha de inicio y de término,

Los otros municipios de la zona norte que también incumplieron con la transparencia son Cozumel, gobernado por la panista Perla Tun, que registró información alguna en el SIPOT, en tanto que Isla Mujeres, administrado por el priista Juan Carrillo, registró mínimos datos.

Juan Pablo Guillermo Molina2

Rehúye Juan Pablo Guillermo a juicio político. Ex Tesorero de Borge se blinda

CANCÚN, MX, 03/05/2017.-Con un recurso de revisión en contra del juicio de amparo que obtuvo Somos Tus Ojos para regresar el juicio político al Congreso del estado, y con un nuevo amparo, Juan Pablo Guillermo Molina, quien fuera tesorero del ex gobernador  Roberto Borge Angulo, pretende evadir el proceso que lleva a cabo la Comisión Instructora de la XV Legislatura.

Juan Pablo Guillermo, señalado del desvío de 1,464 millones de pesos recaudados del impuesto al hospedaje de 2014 a agosto de 2015, interpuso un recurso de revisión en contra del amparo 725/2016 que el Juez Sexto de Distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama, otorgó a Somos Tus Ojos, mismo que será estudiado por el Tercer Tribunal Colegiado, que decidirá si subsiste el amparo o si lo revoca.

Además, Guillermo Molina, uno de los hombres más cercanos a Borge Angulo, también solicitó un amparo en contra de la Comisión de Justicia del Congreso del estado para evitar que prosiga el juicio político encaminado en su contra. El amparo 262/2017 también será analizado por el Juez Sexto de Distrito, quien de entrada negó la suspensión provisional requerida por el ex funcionario, pues de concedérsela se causaría perjuicio al interés social y al orden público.

En su razonamiento para  negar la suspensión de la continuación del juicio político, el Juez Sexto señaló “que de concederse la medida cautelar solicitada en éstos últimos términos, se atentaría contra disposiciones de orden público y se alteraría el interés social, ya que el juicio político de origen está autorizado por los numerales 109 y 110 de la Constitución Federal, debido a que la sociedad se encuentra interesada en que no se suspendan tales juicios. En efecto, el procedimiento de un juicio político tutela totalmente el interés público y no intereses particulares, ya que su único, objetivo es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública”.

El juzgador deja al arbitrio de la Comisión Instructora, la decisión de enviar o no la declaración de acusación al pleno de la Legislatura, es decir, que la Comisión Instructora puede continuar con el procedimiento de juicio político, en tanto, el juez de amparo se pronuncia sobre la suspensión definitiva solicitada por Juan Pablo Guillermo: “Por todo lo expuesto, debe colegirse que dicho efecto de los actos reclamados, no es susceptible de suspenderse, dado que la concesión de la suspensión de ese acto produciría la afectación del interés social y disposiciones de orden público, es decir, la sociedad está interesada en que los gobernados cumplan con las normas en esa materia. Sin embargo, con fundamento en los numerales 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sin suspender el procedimiento, la Comisión Instructora, en caso de considerarlo, no envíe la declaración de acusación a la Legislatura correspondiente, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva.”, concluye el sentenciador.

Mañana 4 de mayo a las 9:25 horas se celebrará la audiencia incidental en la que el Juez Sexto resolverá si concede o niega la suspensión definitiva a Juan Pablo Guillermo Molina, esto es, el procedimiento se frena o si continúa sobre el sustento de que detener el procedimiento afecta el interés social.

Comunicado INAI-006-17.jpg

Chihuahua, primer estado en transparentar publicidad oficial

CIUDAD DE MÉXICO, 12/01/2017.- Mientras Quintana Roo no cumple ni con las obligaciones mínimas contempladas en la Ley de Transparencia, y dependencias y municipios siguen sin publicar información como la remuneración de los servidores públicos y sus prestaciones, perfil de puestos e información curricular, y contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios; Chihuahua se convirtió en el primer estado del país en utilizar la  herramienta  “Transparencia  en  Publicidad  Oficial”, con la que informará a través de datos abiertos cuánto gasta el gobierno en publicidad, en qué campañas publicitarias, a quién contrata y cuánto le paga.

Durante la Jornada de Acceso a la Información y Transparencia en Publicidad Oficial en Chihuahua, Joel  Salas  Suárez, comisionado  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y Protección de Datos Personales (INAI), consideró que transparentar  los  recursos  públicos  utilizados  para  publicidad  oficial,  representa una  revolución  silenciosa  para transformar, de forma  radical, la  relación  entre  los gobiernos  y  los  medios  de  comunicación  social.

“Para  que  cada  peso  que  se  gaste,  se  haga  no  para  adular  a  la  figura  del gobernante,  sino  para  decirle  a  la  población  cuáles  son  los  derechos que  tiene, cuáles son los servicios públicos a los que pueden acceder y qué se está haciendo”, enfatizó.

Al hacer un reconocimiento al estado de Chihuahua, por ser la primera entidad en utilizar  la  herramienta  Transparencia  en  Publicidad  Oficial,  diseñada  por  el INAI conjuntamente con el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, Joel Salas apuntó que se ha pasado de los discursos a los hechos.

“Con acciones como ésta, vamos a tener la capacidad  de  definir  cuáles  son  las áreas estratégicas y prioritarias, sobre las cuales se tienen que designar y gastar los  recursos  públicos  y  desde  el  INAI  reconocemos  este  hecho  y  ojalá  que las distintas  entidades  federativas  del  país,  en  este  momento  de  crisis  económica, empiecen a recortar el gasto en publicidad oficial”, manifestó.

Salas Suárez señaló que el 2017 inició de manera difícil para todos los mexicanos  y  las  movilizaciones,  sostuvo,  representan  una “fractura social del Estado mexicano, en la representación política”.

“Hoy, pareciera que hay al menos dos México: un México de unos pocos con muchos privilegios, y un México de muchos que están pidiendo que se les garantice,  a cabalidad, todos y cada uno de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución”, remarcó.

Congreso Qroo transparencia

DESEMPOLVAN DIPUTADOS TRANSPARENCIA, VAN A EMPEZAR A CUMPLIR, DICEN

CHETUMAL, MX, 08/12/2016.-La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo desempolvó la nueva ley de transparencia del estado que contempla que todos los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia y con un Comité para cumplir con las obligaciones en esta materia y para atender de manera más expedita las solicitudes de acceso a la información.

Aunque la actual ley de transparencia entró en vigor desde mayo pasado, la reestructura de esta área había quedado en el olvido, por lo que la actual legislatura en la sesión de este jueves dio entrada a una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para agregar el capítulo “De la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo”.

Sin embargo, de acuerdo al diputado y presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, por cuestiones técnicas no se tiene una fecha para que el Poder Legislativo cumpla con las 50 obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, y que sería un primer paso en la rendición de cuentas; además de las obligaciones contenidas en el artículo 94 de esta misma ley.

Hasta ahora el Poder Legislativo continúa incumpliendo con la rendición de cuentas, como puede verse en el link de Transparencia de su página, http://www.congresoqroo.gob.mx/transparencia/index.php; donde solo algunos aspectos se encuentran parcialmente satisfechos, y otros, que han sido siempre cuestionados continúan en la opacidad, por ejemplo, la fracción VIII del artículo 91 obliga al Poder Ejecutivo a publicar “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”; pero, en la página solo se lee un “tabulador de percepciones” sin nombres y sin los detalles que ordena la ley.

La fracción IX que obliga a dar cuenta de “los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente”; también sigue sin cumplirse, e igualmente se tiene solo un tabulador.

La fracción XI no se ha cumplido ni parcialmente, por lo que los quintanarroenses no podemos conocer nada sobre “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su recisión”.

La fracción XIV, relacionada con “las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, los requisitos, los procesos de selección, evaluación y los resultados de los mismos”, continúa sin información. Ésta evitaría que personas sin el perfil adecuado, como familiares de los propios legisladores ocuparan cargos por no cumplir el perfil, o que los puestos se asignen por pago de cuotas, compadrazgo o de forma discrecional.

El Poder Legislativo igualmente ha sido incapaz de dar cumplimiento a la fracción XVII, relacionada con la anterior, y que contempla la publicidad del “perfil de los puestos y la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto”.

Tampoco se tiene los datos relacionados con “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña, objeto de la misma, fecha de inicio y de término, dependencia o dirección que la solicita”; (fracción XXIII).

Lo anterior por citar solo algunos de los 50 items de información obligatoria a la que está sujeto el Poder Legislativo.

En cuanto a las obligaciones específicas, la XV Legislatura no ha dado cuenta de “el nombre de los asesores de las fracciones o de cada uno de los diputados, su currículo y remuneración percibida, especificando periodicidad”, entre otra.

En entrevista, Martínez Arcila señaló que el Congreso está en una etapa de modernización, de actualización del reglamentos y de reestructura para poder cumplir con un “Parlamento Abierto”.

Para “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, el cumplimiento en las obligaciones de transparencia no es un tema de recursos técnicos sino de voluntad política. Seguimos percibiendo una resistencia a cumplir con la rendición de cuentas en aspectos tan importantes como la transparencia en la contratación de personal, los perfiles que se deben cumplir y el gasto en nómina; pues el rubro de servicios personales es el que mayor presupuesto absorbe en prácticamente todas las instancias.

peña nieto inai vuelos helicopteros

CIERRA INAI DATOS SOBRE VUELOS DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO

CIUDAD DE MÉXICO, 07/12/2016.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó mantener cerradas las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la flota presidencial, al considerar que al hacerlas públicas se vulnera la seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto.

Un ciudadano solicitó a la Presidencia copia de los registros de vuelos del Primer Mandatario, desde que asumió el cargo, y el Estado Mayor Presidencial le respondió que estaban a su disposición 954 páginas de una versión pública, con valor de 520 pesos.

Sin embargo, ésta no contiene origen, destino, hora de salida y llegada y ruta, así como tampoco los “reportes de tripulación” ni sus nombres.

“La divulgación de los datos mencionados, que se contienen en las bitácoras de vuelo, conlleva el conocimiento de los recorridos detallados de los viajes que realizan los helicópteros de la flota aérea del Estado Mayor.

“Información que al ser procesada, sin necesidad de contar con herramientas tecnológicas sofisticadas, permite establecer patrones específicos relacionados con la periodicidad de los viajes, los lugares, fechas, horas y rutas por donde se llevan a cabo con más frecuencia, lo que en el contexto actual, permitiría el diseño de estrategias encaminadas al debilitamiento de los mecanismos de seguridad implementados”, argumentó el Estado Mayor Presidencial en la respuesta.

Los comisionados Javier Acuña, Areli Cano y Mauricio Guerra se pronunciaron por publicar los datos, al considerar que se debe transparentar el uso de bienes públicos, además de que si la mayoría de los viajes son conocidos, debido a que la prensa viaja con el Presidente, no existe razón para manejarlo en secrecía.

Calificaron como poco probable que dicha información conlleve a elaborar un plan para atentar contra la integridad del Presidente, secretario de Estado, tripulación o aeronaves, como argumenta el Estado Mayor.

“No se advierte elemento a partir del cual sea posible considerar que los orígenes, destinos, horas de salida o llegada, permita poner en riesgo la vida, seguridad o salud del Titular del Poder Ejecutivo federal”, planteó Acuña en su propuesta que implicaba abrir los datos.

Sin embargo, los comisionados Ximena Puente, Patricia Kurczyn y Rosendoevgueni Monterrey coincidieron con la Presidencia.

Al registrarse un empate, debido a que el séptimo comisionado está de viaje, la presidenta del Instituto dio su voto de calidad para mantener reservada dicha información.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre una resolución del INAI, en la que piden hacer públicos los planes de vuelo de la flota aérea presidencial. (Fuente: Reforma)

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PROPONE SOMOS TUS OJOS AL CONGRESO DE QROO QUE PERIÓDICO OFICIAL SEA GRATUITO

CHETUMAL, MX, 25/10/2016.- El pasado 21 de octubre, “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” propuso a los diputados de la XV Legislatura del Congreso del estado, la modificación a la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, para que este documento sea de acceso gratuito, en virtud de su trascendencia en la vida de los quintanarroenses.

En el Periódico Oficial del Estado se publican las leyes, decretos, acuerdos y todo mandato que se hace obligatorio cumplir o que afecta directamente a los habitantes de Quintana Roo, de allí la importancia de que el acceso al mismo sea gratuito, a través de medios digitales.

El limitado acceso que actualmente se tiene al Periódico Oficial del Estado fue lo que permitió que el contenido del llamado “paquete de impunidad” propuesto por el gobernador Roberto Borge Angulo, y aprobado por la XIV Legislatura,  se conociera tardíamente; lo que dejó sin oportunidad a muchos ciudadanos de oponerse al mismo en el término legal correspondiente.

periódico oficial qroo propuesta somos tus ojosLa promesa de un gobierno transparente de parte de quienes son parte de los diversos poderes del estado, debe cumplirse con hechos claros que demuestren a los gobernados que la transparencia no se quedará en el discurso.

Somos Tus Ojos, propone la modificación de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo para que ésta además de velar por el aspecto público del mismo, garantice su “publicidad”, es decir, que su contenido pueda conocerse en línea de manera gratuita, y sencilla; limitando el cobro únicamente a sus versiones certificadas, lo que permitiría a la Dirección encargada del mismo continuar teniendo ingresos.

En la exposición hecha a los diputados de la XIV Legislatura, Somos Tus Ojos, señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) mandata en su artículo 6º que el estado debe garantizar el derecho a la información, y por ser el Periódico Oficial de Quintana Roo “un instrumento de carácter jurídico, permanente y de interés público, que tiene como fin publicar, dar vigencia y observancia general a las leyes, decretos, reglamentos,  acuerdos, circulares, manuales y demás actos previstos por las leyes, así como las diversas disposiciones normativas de derecho público o privado en general, expedidas por los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los particulares, en sus respectivos ámbitos de competencia”, consideramos imprescindible que el estado garantice el acceso a los contenidos que se publican en dicho órgano; lo que actualmente no se cumple, a pesar de los avances tecnológicos que lo permiten.

El Periódico Oficial de Quintana Roo no satisface el requisito indispensable de la “publicidad”, que es diverso del de la “publicación”, quedando los ciudadanos y habitantes de Quintana Roo en estado de indefensión ante la falta de dicho elemento, como se hizo patente en los meses pasados luego de las reformas que permitieron la aprobación, publicación y entrada en vigor del conocido popularmente como “paquete de impunidad”, aprobado por la XIV Legislatura, sin que los interesados pudieran conocer oportunamente los contenidos, y oponerse, en tiempo, a lo publicado.

Actualmente se publican los índices del Periódico Oficial en la página de internet de la Dirección respectiva, los cuales son una enunciación que no permite conocer los contenidos, por lo que es una necesidad que éstos también se encuentren disponibles y accesibles a través de medios digitales.

El término publicidad, de acuerdo a una de las acepciones de la Real Academia Española de la Lengua, se define como “cualidad o estado de público”, es decir cualidad de “conocido o sabido por todos”, según el mismo referente bibliográfico.

Es así, que el Periódico Oficial de Quintana Roo debe cumplir con el indispensable requisito de publicidad, y es el Estado el que debe garantizar el acceso a la información de los contenidos que se publican.

En la presente era de los gobiernos digitales, no se puede concebir el acceso restringido o limitado a un documento que fija determinaciones que afectan la vida pública y privada de los habitantes de un estado.

Propuesta modificación periódico oficial QRoo