Agencia SIM

DIFUNDE MEDIO DE COMUNICACIÓN INFORMACIÓN FALSA SOBRE SOMOS TUS OJOS

CANCÚN, MX, 28/08/2018.- Este día la AGENCIA SIM y su filial La palabra del Caribe difundieron una nota en la que señalan que del trabajo realizado por Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo “surge una nueva asociación civil llamada “Ojos Ciudadanos” que busca ya no quedarse en la difusión de actos de corrupción, sino en que estos sean investigados y los responsables llevados ante la justicia”.

La nota continúa diciendo: “Fabiola Cortes Miranda, periodista y abogada, explicó que se ha tomado el trabajo previo de Somos Tus Ojos, con la esperanza de judicializarlo”.

La información que publica AGENCIA SIM es falsa y se publicó un día después de que Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo diera a conocer una nueva denuncia interpuesta por una ciudadana en contra de funcionarios del Congreso luego de que encontrara su nombre en las listas de beneficiarios por un supuesto apoyo de refacciones automotrices que no pidió ni recibió.

AGENCIA SIM es un medio de comunicación que “nació” con la actual administración del gobernador Carlos Joaquín González.

el deficit meritocrático

LA JUSTICIA FEDERAL EN MÉXICO: EN MANOS DE JUECES Y SUS FAMILIARES

El papel de un juez es ser un árbitro imparcial y eficaz entre las partes que tienen un conflicto, por lo que se requiere que éstos sean capaces de hacer una interpretación neutral y experta de lo que dicen las leyes, sin embargo, de acuerdo a un análisis sobre el Poder Judicial federal de Julio Ríos Figueroa, a partir de datos del Consejero Felipe Borrego Estrada, y publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el Poder Judicial mexicano, es decir, toda la cadena de funcionarios judiciales, desde el de más bajo nivel hasta los jueces, provienen de un “proceso de selección” viciado por el nepotismo, la concesión de empleos o promociones sobre la base de relaciones de parentesco y no de mérito, lo que erosiona la confianza de los ciudadanos en la neutralidad y el profesionalismo de los jueces. Estas prácticas también afectan la motivación de los servidores públicos que laboran en la rama judicial y, por tanto, su eficacia.

68% CREE QUE EL FACTOR DECISIVO PARA CONTRATAR FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS ES TENER FAMILIARES EN EL PODER JUDICIAL

Según una encuesta reciente del World Justice Project, en México 68% de expertos y usuarios de la justicia percibe que el factor decisivo para la contratación y promoción de los funcionarios en los Juzgados y Tribunales federales es tener familiares en el Poder Judicial. Solo el 37% de personas encuestadas considera que el factor decisivo para la contratación es el mérito. Al mismo tiempo, el 65% están de acuerdo o muy de acuerdo en que la imparcialidad de las decisiones de Jueces y Magistrados Federales se ve afectada cuando su contratación y promoción no es meritocrática, y el 72% están de acuerdo o muy de acuerdo en que su eficacia se ve afectada por la misma situación. ¿Qué tan certeras son estas percepciones? ¿Qué tanto reflejan la situación real en el Poder Judicial de la Federación?

SOLO 5 DE 45 PUESTOS DEL PODER JUDICIAL SON ASIGNADOS POR CONCURSO

El Poder Judicial de la Federación es una constelación de instituciones que, en conjunto, colaboran en la compleja tarea de la administración de justicia. Para realizar esta labor se requieren muchas personas que ocupan una gran variedad de puestos de los cuales los más visibles son los de Juez de Distrito, Magistrado de Circuito y, por supuesto, el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Poder Judicial de la Federación se clasifican los puestos de acuerdo con diversos criterios. Entre los puestos más relevantes están los clasificados como parte de la carrera judicial, es decir, los puestos de los funcionarios que ingresan al Poder Judicial para participar de manera directa en la resolución de conflictos a partir de la interpretación y aplicación de las leyes que nos rigen, y eventualmente convertirse en juzgadores. Sin embargo, los puestos de carrera judicial son solamente cinco, de un total de cuarenta y cinco analizados en este reporte, a pesar de que hay más de cinco puestos de funcionarios que participan en el procesamiento de casos y la producción de sentencias. En una palabra, la carrera judicial en México está trunca, incompleta.

WebLa carrera judicial incompleta suma otra debilidad: la baja exigencia meritocrática. De los cinco puestos de carrera judicial solamente dos, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, requieren para su ingreso aprobar un procedimiento que conlleva un concurso de oposición de tres etapas con exámenes que buscan identificar distintas cualidades y capacidades en los aspirantes. Los tres puestos restantes de carrera judicial, así como otros cuarenta de los analizados en este reporte, se obtienen aprobando un examen psicométrico simple, cursos en línea, o por designación directa de un Juez o Magistrado cumpliendo ciertos requisitos mínimos. En otras palabras, al clasificar los puestos según el nivel de exigencia meritocrática requerida para obtenerlos encontramos que la gran mayoría son poco o nada exigentes. A esto se añade otra limitación: no existe una carrera administrativa dentro del Poder Judicial para los funcionarios que no quieren integrarse a la carrera judicial pero cuya labor de apoyo es también muy importante.

ÚNICAMENTE PUEDEN SER JUECES O MAGISTRADOS QUIENES YA FORMEN PARTE DEL PODER JUDICIAL

Incluso en los dos puestos que requieren concurso de oposición la competencia es limitada. El 87% (68 de 79) de las convocatorias a los concursos de oposición para Juez o Magistrado desde 1995 hasta 2016 fueron cerradas: solo pudieron inscribirse al concurso personas que ya laboraban en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, jóvenes abogados laborando en un despacho, en una oficina de gobierno, académicos o profesores de derecho, u otros abogados con vocación para volverse juzgadores no pueden participar en esos concursos. Hay al menos un par de concursos aún más cerrados pues solamente se abrieron para secretarios de estudio y cuenta de Ministros o Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Restringir artificialmente el universo de los posibles concursantes reduce la probabilidad de seleccionar a los mejores, limita la diversidad de perspectivas y trayectorias, y favorece a aquellos que habían logrado ingresar al Poder Judicial aunque fuera en un puesto sin un adecuado filtro meritocrático.

51% DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS CONTRATA A SUS FAMILIARES

La carrera judicial incompleta, y la competencia artificialmente limitada, se tornan mayores problemas cuando consideramos los vínculos familiares. Del total de titulares de órganos jurisdiccionales, es decir los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, un 51% tiene al menos un familiar laborando en el Poder Judicial. El 93% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los Jueces y Magistrados no cuentan con filtros meritocráticos. Solamente el 5% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los titulares tienen exigencia meritocrática alta. Entonces es posible que familiares consanguíneos de Jueces y Magistrados ingresen al Poder Judicial de la Federación en puestos que no cuentan con adecuados procedimientos meritocráticos y, si deciden concursar por un puesto de Juez o Magistrado, lo hagan en condiciones de competencia sesgada en su favor. La carrera judicial incompleta, la competencia artificialmente limitada para los puestos de Juez y Magistrado, y el nepotismo se retroalimentan y abonan al déficit meritocrático.

Sin embargo, las relaciones familiares no se concentran mayormente en los puestos de Jueces y Magistrados sino en los de Oficial Administrativo y secretarios de estudio y cuenta (tanto de Juzgado como de Tribunal). Del total de relaciones entre pares de familiares documentadas (N=4731), en 62% al menos uno de los dos individuos involucrados tiene el puesto de Oficial Administrativo; en 43% al menos uno es Secretario; y en 23% al menos uno es Juez o Magistrado.3 Los puestos de Oficial Administrativo y de Secretario de Juzgado o Tribunal no tienen el alto componente de exigencia meritocrática que deberían tener. Al mismo tiempo, son puestos relevantes pues son de función jurisdiccional, es decir, participan directamente en el procesamiento de casos y la elaboración de las sentencias junto con los Jueces y los Magistrados.4 En otras palabras, la mayor parte de las relaciones familiares se concentra en puestos jurisdiccionales que se otorgan y obtienen con demasiada discrecionalidad.

El 42% de las relaciones familiares documentadas (N=4731) son endogámicas o de intercambio. Las relaciones endogámicas son aquellas en las que un par de familiares trabaja en el mismo tribunal, juzgado, u otro de los órganos del Poder Judicial de la Federación (21% de las relaciones documentadas son endogámicas). Las relaciones de intercambio son aquellas en las que un par de Juzgados, Tribunales u otros órganos del Poder Judicial hacen contrataciones recíprocas de familiares. Por ejemplo, individuos que laboran en un Tribunal tienen familiares trabajando en otro Tribunal y, al mismo tiempo, individuos del segundo Tribunal tienen familiares laborando en el primero (21% de las relaciones documentadas son de intercambio).

Las relaciones endogámicas y las relaciones de intercambio son fenómenos que ocurren principalmente entre funcionarios que laboran en el Poder Judicial Federal pero que no son ni Jueces ni Magistrados. En concreto, solamente en el 5% de las relaciones endogámicas está involucrado un Juez o Magistrado. Por otro lado, en el 25% de las relaciones de intercambio está involucrado al menos un Juez o Magistrado. Hay más titulares (es decir, Jueces o Magistrados) participando en relaciones de intercambio que en relaciones endogámicas, pero éstos no participan directamente en las tres cuartas partes de las relaciones de intercambio. En otras palabras, los protagonistas en las relaciones endogámicas y de intercambio son los Oficiales Administrativos y los Secretarios de Juzgado y Tribunal.

CONTRATAR FAMILIARES GENERA LEALTAD Y GRATITUD…ENTRE LOS PARIENTES

Las redes familiares son conjuntos de relaciones familiares, es decir, situaciones en las que hay más de un par de individuos de una misma familia trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Las redes de familiares se forman con una finalidad, por ejemplo repartir cargos entre familiares con el propósito de ayudarlos económicamente, dada una situación de necesidad o precariedad, esperando a cambio gratitud y regreso de favores en ámbitos no necesariamente relacionados con la cuestión laboral. Es posible también que se formen redes familiares con fines potencialmente más perniciosos, por ejemplo, influir en la producción o el sentido de las sentencias. Del total de relaciones familiares documentadas (N=4731) el 70% (3217 relaciones) son relaciones en donde ambas personas tienen un puesto de función jurisdiccional (Juez, Magistrado, Secretario, Actuario, u Oficial Administrativo). Y en 14% (658 relaciones) podemos hablar de una red de al menos cuatro miembros de una misma familia donde cada uno tiene un puesto de función jurisdiccional. Las redes familiares jurisdiccionales merecen un escrutinio especial debido a sus potenciales efectos nocivos para los fines y la integridad del Poder Judicial.

LA REALIDAD PUEDE SER PEOR QUE LA PRESENTADA POR EL ESTUDIO

Este reporte documenta patrones institucionales en el Poder Judicial de la Federación que están relacionados con nepotismo y la formación de redes familiares en su interior. El análisis de los datos, y por tanto el diagnóstico, es conservador: el reporte simplemente describe los patrones que se pueden identificar a partir de los datos recolectados por el Consejero Felipe Borrego Estrada y su equipo. Estos datos constituyen una fuente riquísima para estudiar el tema pero también tienen limitaciones, por lo que es probable que en realidad la magnitud del problema sea mayor. En suma, el diagnóstico es conservador y, sin embargo, los hallazgos revelan una situación crítica que requiere atención.

La transformadora reforma judicial de 1994 incluyó como una de sus piezas clave la carrera judicial: un sistema de selección y promoción de los juzgadores federales basado en el mérito, en las capacidades de los individuos, “a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional”, como dice textualmente la exposición de motivos. Este reporte documenta que a casi 25 años de esta reforma si bien existen logros importantes también hay un déficit meritocrático en el Poder Judicial de la Federación. El reporte identifica que el déficit es producto tanto de las limitaciones de la arquitectura institucional y organización administrativa del Poder Judicial como del nepotismo y las redes familiares que lo habitan, y que ambos factores se retroalimentan.

Las acciones y ajustes necesarios para saldar el déficit meritocrático en el Poder Judicial de la Federación deben recuperar y profundizar el espíritu de la reforma de 1994. El objetivo debe ser preservar el profesionalismo y la neutralidad de los juzgadores y funcionarios judiciales, así como la percepción de ambas características entre los ciudadanos. El mérito, transparente y eficazmente evaluado, es el mejor antídoto contra acusaciones de favoritismo basadas en relaciones familiares. No está mal per se que familiares laboren en la misma institución, siempre y cuando tengan los méritos y las capacidades requeridas. En este sentido, la carrera judicial debe ser extendida y fortalecida. La transparencia es también eficaz contra las dudas sobre la neutralidad de los funcionarios en el desempeño de sus funciones. Es importante institucionalizar declaraciones de conflicto de interés exhaustivas, y éstas deben ser actualizadas frecuentemente. El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben liderar el esfuerzo de diagnóstico y reformas en estos temas. El Poder Judicial de la Federación es una de las instituciones más relevantes para el buen funcionamiento de la democracia: su prestigio, fortaleza y eficacia son condición necesaria para que el régimen democrático produzca resultados favorables a los ciudadanos y al país en su conjunto.

MÉXICO SUPERA POR MUCHO EL NEPOTISMO DE OTROS PAÍSES

Estas cifras son altas si las comparamos con estudios sistemáticos similares. Por ejemplo, en España dentro del Tribunal de Cuentas aproximadamente el 14% de la plantilla de servidores públicos tienen vínculos familiares dentro de la institución, mientras que en los Estados Unidos el 7.9% de los entrevistados del Department of Justice reportan nepotismo en la contratación de funcionarios.

Nótese que, en el dato mencionado, la suma de porcentajes es mayor a cien porque se toma en cuenta si alguno de los dos individuos involucrados en una relación tiene el puesto indicado. Por lo tanto, la relación entre un Juez y un oficial administrativo es contada en la cifra que da el número de relaciones con al menos un Juez, y también en la cifra que da el número de relaciones con al menos un oficial administrativo.

Sin embargo, y como un ejemplo del desorden organizacional y la falta de relación entre las categorizaciones de los puestos, solamente el puesto de secretario de estudios y cuenta es de carrera judicial. El puesto de oficial administrativo es de base, aunque sea también de función jurisdiccional.

Por ejemplo, las relaciones familiares no están completas: se identifica la relación entre un trabajador y su hijo (si también trabaja en el Poder judicial), y entre ese mismo trabajador y su hija (si también trabaja en el Poder judicial), pero no se identifica sistemáticamente la relación entre los hermanos. Los datos recolectados no incluyen información del Primer Circuito (Ciudad de México) ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los del Segundo Circuito (Estado de México) están incompletos (faltan los de Toluca). Esto quiere decir que las relaciones familiares documentadas en el reporte son muy probablemente menos de las que realmente hay. (Con información de Nexos y Mexicanos Contra la Corrupción)

Estados Unidos Somos Tus Ojos impunidad Quintana Roo

FINANCIA GOBIERNO DE EU INVESTIGACIÓN SOBRE JUSTICIA E IMPUNIDAD EN QUINTANA ROO

CANCÚN, MX.- El gobierno de Estados Unidos entregó a la asociación Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo un financiamiento para realizar una investigación sobre seguridad pública, impartición de justicia y la situación de impunidad en este estado, la cual será presentada en agosto próximo.

A través de este trabajo se evaluará el gasto público y su distribución, de acuerdo al presupuesto de egresos 2018, para saber cuánto y cómo gasta el Gobierno de Quintana Roo en los rubros mencionados; por otra parte, se ubicarán las áreas en las que se ejerce un dispendio de recursos públicos, sobrecostos y gastos injustificables para así determinar cuántos recursos se podrían destinar a los rubros de seguridad pública, impartición de justicia y combate a la impunidad.

El trabajo es un ejercicio ciudadano que integró a personas externas a la asociación Somos Tus Ojos pero que han colaborado con esta organización en sus ámbitos locales, específicamente en Puerto Morelos.

Como parte de este ejercicio, este lunes se presentará un avance del trabajo, relacionado con el arrendamiento de patrullas que la presente administración llevó a cabo. La investigación documental fue realizada por Antonio Ramos con datos obtenidos a través de las unidades de transparencia del estado.

Unidades-Médicas-Móviles2 salud quintana roo

SAT DEBE DAR FACTURAS DE SERVICIOS ESTATALES DE SALUD: INAI

El  Servicio de  Administración  Tributaria  (SAT)  debe  dar  a  conocer  las  facturas  o Comprobantes Fiscales  Digitales por  Internet emitidos  a  favor  de  los  Servicios Estatales de Salud (SESA) del estado de Quintana Roo, en 2016, resolvió el Instituto Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Protección  de  Datos Personales (INAI), tras analizar el recurso de revisión RRA 2196/18.

El particular que solicitó las facturas se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que el SAT las clasificó como confidenciales, argumentado que se encuentran protegidas por el secreto fiscal.

En alegatos, la autoridad fiscal reiteró la clasificación al señalar que contienen datos proporcionados por los contribuyentes u obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación, los cuales está obligado a proteger, de conformidad con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo, en  el  análisis  del  caso,  a  cargo  de  la  ponencia  del  comisionado presidente,  Francisco  Javier  Acuña  Llamas,  se determinó que  los  Servicios Estatales de Salud al ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituye una persona moral de derecho público.

En otras palabras, se trata de una entidad de carácter público sujeta al principio de transparencia, toda vez que ejerce recursos de la Federación, así como del estado de Quintana Roo y sus municipios. Por tanto, se concluyó que las facturas o comprobantes fiscales emitidos por el SAT a favor de los Servicios Estatales de Salud no pueden estar protegidos por el secreto fiscal porque derivan del ejercicio de recursos públicos.

“La publicidad  de  la  información  patrimonial  de  personas  morales  de  derecho Público no lesiona el bien jurídico tutelado que ampara el secreto fiscal; ello es así, toda vez que, por mandato constitucional, la información relativa a la administración de los  recursos  económicos  de  los  organismos  públicos  de  los  tres  órdenes  de gobierno debe sujetarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas”, sostuvo el comisionado presidente al presentar el caso ante el Pleno.

En ese sentido, el Pleno del INAI revocó la respuesta del SAT y le instruyó entregar a la particular las facturas emitidas a favor de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo, en 2016. En caso de que contenga datos como el Registro Federal  de  Contribuyentes  de  alguna  persona  física  o  la  CLABE  interbancaria, deberá elaborar versiones públicas. (Con información del INAI)

juzgado sexto Chetumal

JUEZ DESECHA AMPARO COLECTIVO CONTRA MAGISTRADO QUE MINTIÓ PARA OBTENER CARGO

CHETUMAL, MX.- El Juez Sexto de Distrito en Quintana Roo desechó el amparo colectivo que ciudadanos del estado promovieron, con el acompañamiento de Somos Tus Ojos, en contra de la designación de Fernando Gama Rodríguez como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, por considerar que la designación del juzgador no afecta directamente a los ciudadanos demandantes de amparo.

En su resolución, el sentenciador consideró que los ciudadanos promoventes del amparo no pudieron acreditar un interés legítimo, por lo que de concedérseles el amparo, éste no tendría ningún efecto positivo inmediato en la esfera jurídica de los gobernados.

Subrayó que los justiciables solo tienen interés por que se respete la legalidad, es decir, un interés simple, y para lo cual el amparo no es otorgable, puesto que con este medio no se repara ningún agravio causado directamente a los quejosos.

Contra el desechamiento del amparo quedaba interponer el recurso de queja, sin embargo, Somos Tus Ojos decidió no agotar la instancia y enfocar esfuerzos en el amparo contra el magistrado Fernando Gama que avanza en el Juzgado Primero de Distrito.

AVANZA OTRO AMPARO CONTRA MAGISTRADO

Otro amparo bajo el número de expediente 225/2018 en contra de la designación del magistrado Fernando Gama Rodríguez, se encuentra en proceso en el Juzgado Primero de Distrito. El juicio de garantías fue promovido a nombre de Claudia del Rosario Romero Angulo, quien se postuló, concursó y reunió los requisitos exigidos para el cargo.

La audiencia constitucional de este juicio se realizará el próximo 12 de mayo.

En contra de Gama Rodríguez, quien entregó datos falsos y mintió para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, también se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, misma que quedó radicada bajo el número FGE/QR/OPB/03/1538/2018.

Como se recordará, Fernando Gama entregó datos falsos al Congreso, y mintió respecto a su residencia y trayectoria, con lo que incumplió el requisito de residencia mínima de 10 años en el estado de Quintana Roo para ser Magistrado, a la vez que al mentir a los integrantes del Poder Legislativo y al titular del Poder Ejecutivo, dejó de satisfacer el requisito de contar con buena fama pública.

Ver: EN MARCHA DOS AMPAROS Y UNA DENUNCIA EN CONTRA DE MAGISTRADO QUE MINTIÓ PARA OBTENER CARGO.

Remberto Estrada alcalde Cancun

NO DEBE CONGRESO APROBAR CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCÚN

La empresa Óptima Energía S.A. de C.V., obtendrá ganancias por 100 millones de pesos anuales si el Congreso de Quintana Roo aprueba la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público que le entregó el ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, sin que exista garantía del cumplimiento del servicio, pues la sociedad mercantil enfrenta varias controversias litigiosas en diversos municipios del país.

Hasta ahora, en ayuntamiento de Benito Juárez no ha hecho público el contrato de concesión que firmaría la empresa ganadora de la licitación pública MBJ-CDT-001-2017, sin embargo, según el documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se lee en qué consistirá la contraprestación que obtendrá Óptima Energía S.A. de C.V.:

“La garantía de pago que se pretende ofrecer al Proveedor que resulte ganador del proceso licitatorio sería lo que resulte de la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. De igual manera, y solo como complemento a esta garantía, se sugiere también que el Ayuntamiento contemple en su momento otorgar cualquier garantía adicional que pudiera hacer falta para garantizar el pago a la prestación de este servicio.”

VER DICTAMEN COMISIONES UNIDAS LUMINARIAS

VER DICTAMEN COMISIONES UNIDAS LUMINARIAS

Esto significa que Óptima Energía S.A. de C.V. obtendrá como “garantía de pago” por la concesión, los recursos que ingresen por la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), -descontando el pago a CFE del consumo de energía eléctrica-, más la partida presupuestal que el municipio de Benito Juárez destina para la prestación del servicio de alumbrado público. Sin duda un gran negocio.

De acuerdo a la solicitud de información 1816400232517 presentada ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por Gabriel Méndez, integrante del Colectivo Cancún Transparente, al primer semestre del 2017, la recaudación y pago por DAP en el municipio Benito Juárez era de alrededor de 70 millones de pesos.

En su respuesta, la CFE señaló que a través de convenios de colaboración firmados con los municipios, la CFE cobra el DPA, y en el caso del ayuntamiento de Benito Juárez, no entrega los recursos económicos a éste, sino que lo aplica a la cuenta por consumo de energía del alumbrado público, y en caso de existir una diferencia a favor o en contra, se aplica o se salda al siguiente mes.

Hasta agosto de 2017, por concepto de DPA, la CFE recaudó y aplicó a la cuenta del ayuntamiento de Benito Juárez, 95 millones 568 mil 787 pesos; al mes de  junio fueron 69 millones 215 mil 970 pesos, esto es, que para cuando concluya el año serán alrededor de 170 millones de pesos los recaudados y aplicados por DPA:

 

Benito Juárez ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
DAP Cobrado      11,917,045.34    10,117,626.30    12,476,679.37    10,905,561.64    12,245,297.49    11,553,762.49    14,172,630.52    12,180,187.86
DAP aplicado en la facturación    11,917,045.34    10,117,626.30    12,476,679.37    10,905,561.64    12,245,297.49    11,553,762.49    14,172,630.52    12,180,187.86

VER RESPUESTA CFE DPA alumbrado publico Cancun

En el mismo documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se señala que “para garantizar la parte técnica del proyecto se solicitará que se compruebe la capacidad técnica de la empresa, contemplando la experiencia en proyectos similares y la calidad de los productos y servicios que ofrezcan, solicitando el cumplimiento de:”

  1. Experiencia y capacidad en la instalación de luminarias e implementación de Proyectos similares.
  2. Demostrar capacidad del personal que llevará a cabo la implementación del Proyecto.
  3. Que las luminarias e infraestructura que propongan cuenten con garantía de por lo menos 10 años y estén respaldada por su fabricante.
  4. Que las luminarias e infraestructura propuesta sea nueva.
  5. Que las luminarias propuestas cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-031- ENER-2012.
  6. QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA GENERE AL MENOS UN AHORRO DE 43% DEL CONSUMO DE ENERGÍA (KWH) CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.

Este 43 por ciento de ahorro en energía representa en dinero 60.2 millones de pesos, considerando un cobro anual de 170 millones de pesos, de acuerdo a los recientes datos proporcionados por la CFE. Por lo tanto, si el ayuntamiento de Benito Juárez entrega a Óptima Energía S.A. de C.V., “la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público significa que, tomando los números de este 2017, entregaría a la empresa regiomontana los 60 millones de pesos del “remanente del DPA”, más alrededor de 37 millones de pesos, que fue lo que se destinó en el 2016 para el suministro y sustitución de luminarias, su mantenimiento y los gastos de operación del propio Departamento de Alumbrado Público, según el documento referido, lo que hace un total de 97 millones de pesos que recibiría cada año, por los siguientes 15 años, Óptima Energía S.A. de C.V.

Por otra parte, en el referido documento, se señala que de acuerdo al Estudio Técnico Justificativo, “también observamos que se requiere de la desaparición del personal de Alumbrado Público municipal, siendo que actualmente tenemos 115 empleados que realizan esta función”, sin que en ninguna parte se aclare qué hará el ayuntamiento de Benito Juárez con los 115 trabajadores que perderán su fuente de trabajo.

En el documento, el ayuntamiento plantea incluso que de no aprobarse la concesión, se tendría que contratar un crédito: “otra opción que tenemos como Ayuntamiento es solicitar un crédito con alguna institución financiera, para poder llevar acabo la adquisición, instalación y mantenimiento de la infraestructura requerida para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. El solicitar un crédito para llevar a cabo la inversión necesaria en infraestructura para brindar el Servicio de Alumbrado Público requerido, afectaría directamente a la contabilidad municipal ya que este representaría una deuda y el Ayuntamiento tiene el 100% de sus Participaciones Federales comprometidas y el solicitar un financiamiento, afectaría nuestras calificaciones y condiciones crediticias.”

De la lectura del “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión” es posible concluir que se trata de un documento con inconsistencias, poco claro y tendencioso, en el que se plantea un escenario catastrófico y prácticamente sin solución para el ayuntamiento de Benito Juárez si no se entrega en concesión el servicio de alumbrado público.

Es necesario subrayar que la empresa Óptima Energía S.A. de C.V., inicialmente llamada Celsol S.A.P.I., fue fundada por Enrique Gómez Junco Blancq-Cazaux, un ingeniero formado en el Tecnológico de Monterrey quien hace más de una década inició su negocio en el ramo de la energía termosolar y en la oferta soluciones para el alto consumo de energía; pero recientemente ha obtenido la concesión del servicio de alumbrado público en varios municipios del país, con un historial altamente negativo, como en los municipios de Ensenada y Tijuana, en Baja California, y en los municipios de General Zuazua y Cadereyta, en Nuevo León, donde enfrenta procesos litigiosos.

Por lo anterior, Somos Tus Ojos hace un llamado a los integrantes de la XV Legislatura a no aprobar la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público del municipio Benito Juárez.

inhabilitación Ortiz Jasso

RESOLVIÓ MAGISTRADO INHABILITACIÓN DE EDUARDO ORTIZ JASSO. AYUNTAMIENTO DE CANCÚN SE NIEGA A RESPONDER

CANCÚN, MX.-El pasado 8 de septiembre la Sala Especializada en materia Constitucional y Administrativa dictó la sentencia definitiva en el expediente S.C.A/A/146/2016, mediante el cual Eduardo Ortiz Jasso combatió su inhabilitación en contra de la sanción decretada por el presidente municipal de Cancún, como se desprende de la lista electrónica publicada por dicho juzgado.

Aunque se desconoce el sentido de la sentencia, pues nadie ha dado a conocer su contenido, lo anterior es una prueba evidente de que al momento en que Eduardo Ortiz Jasso fue nombrado por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como director de la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), el 30 de julio pasado, el funcionario de primer nivel se encontraba inhabilitado, puesto que la sentencia sobre su situación legal se acaba de dictar hace un mes.

El ayuntamiento de Cancún se negó a responder sobre la inhabilitación

A través de la solicitud 00588317, el 17 de agosto pasado, Somos Tus Ojos requirió al ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) “decir si Eduardo de Jesús Ortiz Jasso se encuentra inhabilitado. Detallar causa (s) de la inhabilitación, periodo (s), y si el referido combate por la vía administrativa o judicial la o las inhabilitaciones.”, casi dos meses después, el 9 de octubre, la Unidad de Transparencia municipal respondió que la solicitud no era clara: “en la forma en que se plantea la solicitud de información, así como los datos e información que refiere no son suficientes para ubicar o realizar la búsqueda correspondiente, y estar en posibilidades de dar una adecuada respuesta”.

Y le tira la bolita a la Contraloría del estado

En otra parte de la respuesta a la solicitud de información, la Unidad de Transparencia señala que “(…) si el solicitante quiere saber si actualmente esta persona (Eduardo Ortiz Jasso) se encuentra inhabilitada (…) solo las personas que aparezcan inscritas en el padrón de servidores públicos inhabilitados de la Secretaría de la Contraloría del estado son los que se encuentran inhabilitados o impedidos para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el servicio público (…)”.

RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Aunque en varias ocasiones el secretario del ayuntamiento de Cancún, Guillermo Andrés Brahams González, aseveró que Eduardo Ortiz Jasso enfrentaba dos procesos de inhabilitación, ahora a la Unidad de Transparencia de Cancún, le pareció poco clara la pregunta.

Tribunal federal aún no resuelve recurso de Somos Tus Ojos por nombramiento  

Somos Tus Ojos aún mantiene un recurso de queja en el Segundo Tribunal Colegiado mediante el cual se impugnó el desechamiento del amparo 1088/2017, promovido por esta asociación en contra del nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso al frente de la AGEPRO, y que el Juzgado Segundo de Distrito desestimó.

La asociación también presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado en contra del gobernador Carlos Joaquín González quien nombró directamente a Eduardo de Jesús Ortiz Jasso al frente de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo con lo que incurrió en responsabilidad, pues incumplió con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo que señala en su artículo 47 que “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general: (…)  XIII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”. (…)

Joaquín González designó a Eduardo Ortiz Jasso como director de la AGEPRO, aún y cuando no existía una resolución firme sobre si estaba o no inhabilitado, por lo que el Gobernador deberá ser sancionado por la Contraloría.

Probada trayectoria…

Eduardo Ortiz Jasso es conocido por su trayectoria en el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) de Cancún, cargo que ocupó por ocho años, trascendiendo con su “experiencia” administraciones priistas y perredistas, y desde donde entregó sobre densificaciones a múltiples proyectos inmobiliarios y hoteleros.

Durante el gobierno del priista Francisco Alor Quezada (2005-2008), Eduardo Ortiz instituyó desde el IMPLAN una especie de “moche” oficial que se cobraba a cada desarrollador que presentaba un proyecto y que era analizado y “palomeado” por el IMPLAN, tal y como lo documentó la que esto escribe luego de obtener copia de los dictámenes técnicos analizados por el Instituto que dirigía Ortiz Jasso.

El “moche” era un cobro que se establecía discrecionalmente desde el IMPLAN y que debían pagar los desarrolladores, el cual supuestamente se destinaba a un “Fondo para la gestión y el fortalecimiento institucional”

Ahora, como director de la AGEPRO, Ortiz Jasso se encargará de buscar inversionistas para realizar proyectos estratégicos en Quintana Roo, en algunos de éstos el gobierno del estado dispondrá como capital de inversión de los predios propiedad del estado.

En días recientes, el gobierno del estado Ortiz Jasso  presentó tres proyectos para Quintana Roo entre los que se encuentran la construcción una línea de tren que comunique Cancún con Tulum, un puente de ocho kilómetros sobre la Laguna Nichupté y un tren ligero elevado para la zona hotelera de Cancún.

De acuerdo al decreto creación de la AGEPRO, ésta debe operar con una junta de gobierno, encabezada por el gobernador y los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Oficialía Mayor y “tres ciudadanos”, pero hasta ahora no se ha integrado la misma, y se desconoce cómo se elegirá a los tres ciudadanos.

VER: CONTROVIERTE SOMOS TUS OJOS NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

VER: JUZGADO SEGUNDO DESECHA AMPARO CONTRA NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

VER: TRIBUNAL PODRÍA “REVIVIR” AMPARO CONTRA NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

 

 

comisión instructora juan pablo guillermo molina2

ACUSA OBSERVATORIO LEGISLATIVO SIMULACIÓN DE DIPUTADOS EN JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE ROBERTO BORGE

CANCÚN, MX.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo se dijo extrañado por la “cautela” con que la Comisión Instructora de la XV Legislatura está actuando en el caso de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, luego de que el Juez Sexto de Distrito resolviera el pasado 20 de septiembre sobreseer el amparo promovido por el ex funcionario, lo que permite a los diputados Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), de la Instructora, continuar con el procedimiento

“La denuncia que interpuso la organización ciudadana Somos Tus Ojos está siendo detenida bajo argumentos falaces que le están permitiendo ganar tiempo al demandado para buscar una nueva protección”, dijo Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo

Señaló que en la estructura de la Dirección Jurídica del Congreso continúan los mismos titulares  de la XIV Legislatura que operaron el llamado blindaje de impunidad.

Cabe destacar que Somos Tus Ojos denunció que el director jurídico del Congreso, Lizandro Landeros Lima, ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue este mismo funcionario el que en julio de 2016 desechó el juicio político interpuesto por la asociación. Igualmente, Landeros Lima defendió, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a Somos Tus Ojos, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.

El representante del Observatorio Legislativo dijo que los actores que participaron en el llamado “paquete de impunidad” de Roberto Borge Angulo continúan ocupando espacios en el actual “gobierno del cambio”: “vemos que en las áreas de  auditoria y del jurídico permanecen los mismos funcionarios. Se dice que hubo un cambio pero  siguió igual. La barrera de impunidad continúa”, aseveró.

“Hemos señalado que las acciones que se toman en el Congreso del estado se están encaminando a una conducta pública de extensa difusión pero con una tendencia que se orienta a la simulación”, destacó Galaviz Ibarra, quien enfatizó que el nombramiento del Auditor Superior, recayó en un personaje que anteriormente ya había estado encargado de la vigilancia del manejo financiero de las instituciones del estado, refiriéndose a Manuel Palacios, y quien por no perder su puesto, según lo reconoció él mismo, no señaló las irregularidades en las cuentas de la administración de Roberto Borge. Similar situación ocurrió en el caso del nombramiento de la titular de la Fiscalía Anticorrupción, recayendo éste en Rosaura Villanueva, quien era Vicefiscal. En ambos nombramientos se pasaron por alto las propuestas ciudadanas y del Colegio de Contadores, puntualizó.

 

Leer: TIENE CONGRESO LUZ VERDE EN JUICIO POLÍTICO CONTRA JUAN PABLO GUILLERMO. EX TESORERO PIERDE AMPARO

Ciudadanos Unidos por QRoo Somos Tus Ojos

PRIMER INFORME DE ALCALDESA DE PLAYA DEL CARMEN, SIN DATOS Y AUTOCOMPLACIENTE: ASOCIACIONES

PLAYA DEL CARMEN, MX.-Este miércoles, las asociaciones Ciudadanos Organizados por Quintana Roo, MOCE Yax Kuxtal y Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, fijaron su postura sobre el Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, mismo que puede consultarse en este link.

Al respecto, Enrique Burton, presidente de Ciudadanos Organizados por Quintana Roo, se refirió a cada uno de los cinco apartados en los que se divide este Primer Informe, destacando, entre otros aspectos, que en prácticamente todo el documento no existen datos medibles de cómo se ha llevado la administración en materias de eficiencia en el gasto público, seguridad pública, desarrollo urbano sustentable, desarrollo económico y desarrollo social integral.

Destacó que no se presenta información que pueda ser verificada ni indicadores que puedan ser comparados, y mucho menos resultados cualitativos o cuantitativos, sino solo una descripción coloquial de supuestas acciones, como la relativa a que el actual gobierno municipal ha integrado a “funcionarios con empatía y sensibilidad”, pero sin que los ciudadanos puedan saber si también son funcionarios que cumplen con el perfil adecuado. Destacó que en este punto, se ha ignorado la propuesta ciudadana planteada en los foros para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, de implementar el Servicio de Carrera en la administración municipal y así determinar el ingreso, permanencia y promoción de los empleados y funcionarios municipales con criterios objetivos de idoneidad para el cargo.

Burton también hizo referencia a los Comités Vecinales destacados en el Primer Informe de la alcaldesa Cristina Torres (PAN-PRD) como ‘garantes de la participación ciudadana” en el ejercicio de la administración pública, donde únicamente se sabe que se han integrado 80 de estos comités, pero en el Informe no se menciona qué seguimiento y resultados han tenido las labores de esos comités, los cuales, subrayó resultan prácticamente desconocidos para los ciudadanos, de acuerdo a un sondeo realizado por la asociación que dirige.

Por otra parte, en el apartado de Seguridad Solidaria, el Primer Informe destaca las figuras de la “policía de proximidad” y los “comités vecinales”, de las cuales, sin embargo, la población no tiene ninguna referencia ni percibe su trabajo. En este tema, Ivánn Bon, activista, destacó que las casetas de policía, que son el primer contacto de las fuerzas de seguridad municipal con la ciudadanía continúan abandonadas.

Burton aseveró que en el tema de Seguridad Pública “el Primer Informe no contiene indicativos que permitan verificar la autenticidad o realidad de los temas, ya que no aporta datos precisos, cuantitativos y verificables. Contrariamente, lo que la ciudadanía sí vemos es el abandono de las casetas policiales que operaban en algunas colonias, el distanciamiento y la desconfianza hacia la policía, en su conjunto”.

El Presidente de Ciudadanos Organizados por Quintana Roo comentó que aunque el tema de Aguakán fue decisivo para el triunfo electoral de la actual presidenta municipal Cristina Torres, quien prometió revertir la leonina concesión del agua que ha afectado la economía de los habitantes de Solidaridad, ésta no fue motivo sino de unas líneas en su Primer Informe, pero sin que la Alcaldesa elegida bajo las siglas del PAN-PRD informara si su gobierno está cumpliendo su promesa de revertir la concesión.

“En general vemos un informe de autocomplacencia, de un gobierno que no refleja la realidad local y que es incapaz de medir y presentar de manera objetiva logros o avances, que hasta ahora son imperceptibles a la ciudadanía”, sostuvo.

Por su parte, Fabiola Cortés Miranda, presidenta de Somos Tus Ojos, mencionó que el apartado “Gobierno eficiente y Transparente” está muy lejos de ser una realidad, pues el gobierno de Cristina Torres no ha cumplido ni con lo mínimo que es publicar los más de 60 indicadores de las obligaciones de transparencia establecidas en los artículos 91 y 93 de la Ley de Transparencia del estado.

Las alrededor de 60 fracciones de las obligaciones solo contienen formatos sin datos, o con información incompleta, desactualizada o inconexa. Citó por ejemplo, la fracción VIII, relativa a la nómina de los miles de empleados de Solidaridad, donde el link se encuentra inactivo, te remite a un “error”. Consideró que este caso es grave, puesto que una buena parte de los recursos públicos municipales se destinan al pago de “servicios personales” y los ciudadanos ni siquiera pueden conocer el nombre de los burócratas, qué función desempeñan, dónde y cuánto ganan.

“Desde hace años las nóminas se han utilizado para colocar a cientos de aviadores, por lo que el hecho de que el gobierno de Cristina Torres la oculte con un supuesto error técnico, nos lleva a inferir que se continúa con esta práctica”, aseveró.

Igualmente, destacó que en el Primer Informe de la Alcaldesa de Playa del Carmen existe un apartado denominado “gobierno abierto proactivo”, que nada tiene que ver con lo que es en realidad este concepto y que implica que los ciudadanos tienen una real participación en la administración pública, en temas como el presupuesto, en decidir cómo se gasta, cuánto y en qué rubros, qué obras deben realizarse, qué acciones deben ponerse en marcha, etcétera, y en el municipio Solidaridad eso no ocurre: “el gobierno de Cristina Torres está utilizando un término del que incluso desconoce su significado, si no cumple ni con las mínimas obligaciones de transparencia que le marca la ley, menos puede ofrecer a los ciudadanos un gobierno abierto”, aseveró la abogada y periodista.

comisión instructora juan pablo guillermo molina

JUEZ FEDERAL EMPUJA JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE BORGE Y CONGRESO LO FRENA

CHETUMAL, MX.- La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo parece no tener prisa para continuar con el juicio político promovido por Somos Tus Ojos en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvío de mil 464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje; aunque los diputados fueron notificados desde el viernes pasado de la sentencia que echó por tierra el amparo que protegía a Guillermo Molina, la Comisión Instructora no ha retomado el procedimiento.

De acuerdo a información de Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión Instructora, y la encargada de continuar con el juicio político, estaba a la espera de la “autorización” de la Dirección Jurídica del Congreso para continuar con el juicio político.

Es de destacar, que el titular del Jurídico, Lizandro Landeros Lima, también ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue el funcionario que desechó el juicio político interpuesto por Somos Tus Ojos en julio de 2016. Igualmente, Landeros Lima sostuvo, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a la asociación civil, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.

Actualmente, la Comisión Instructora, integrada  por Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), no tiene ningún impedimento para continuar el juicio político en contra de Guillermo Molina.

El pasado 20 de septiembre, el Juez Sexto de Distrito determinó sobreseer el amparo promovido por Juan Pablo Guillermo Molina para evitar la continuación del juicio político promovido por Somos Tus Ojos, con lo que el ex funcionario perdió toda protección de la justicia federal.

Somos Tus Ojos exige a los diputados continuar con el procedimiento en contra del ex Tesorero de Roberto Borge!.

VER Tiene Congreso luz verde en juicio político contra Juan Pablo Guillermo. Ex Tesorero pierde amparo