Categoría: Transparencia

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PROPONE SOMOS TUS OJOS AL CONGRESO DE QROO QUE PERIÓDICO OFICIAL SEA GRATUITO

CHETUMAL, MX, 25/10/2016.- El pasado 21 de octubre, “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” propuso a los diputados de la XV Legislatura del Congreso del estado, la modificación a la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, para que este documento sea de acceso gratuito, en virtud de su trascendencia en la vida de los quintanarroenses.

En el Periódico Oficial del Estado se publican las leyes, decretos, acuerdos y todo mandato que se hace obligatorio cumplir o que afecta directamente a los habitantes de Quintana Roo, de allí la importancia de que el acceso al mismo sea gratuito, a través de medios digitales.

El limitado acceso que actualmente se tiene al Periódico Oficial del Estado fue lo que permitió que el contenido del llamado “paquete de impunidad” propuesto por el gobernador Roberto Borge Angulo, y aprobado por la XIV Legislatura,  se conociera tardíamente; lo que dejó sin oportunidad a muchos ciudadanos de oponerse al mismo en el término legal correspondiente.

periódico oficial qroo propuesta somos tus ojosLa promesa de un gobierno transparente de parte de quienes son parte de los diversos poderes del estado, debe cumplirse con hechos claros que demuestren a los gobernados que la transparencia no se quedará en el discurso.

Somos Tus Ojos, propone la modificación de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo para que ésta además de velar por el aspecto público del mismo, garantice su “publicidad”, es decir, que su contenido pueda conocerse en línea de manera gratuita, y sencilla; limitando el cobro únicamente a sus versiones certificadas, lo que permitiría a la Dirección encargada del mismo continuar teniendo ingresos.

En la exposición hecha a los diputados de la XIV Legislatura, Somos Tus Ojos, señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) mandata en su artículo 6º que el estado debe garantizar el derecho a la información, y por ser el Periódico Oficial de Quintana Roo “un instrumento de carácter jurídico, permanente y de interés público, que tiene como fin publicar, dar vigencia y observancia general a las leyes, decretos, reglamentos,  acuerdos, circulares, manuales y demás actos previstos por las leyes, así como las diversas disposiciones normativas de derecho público o privado en general, expedidas por los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los particulares, en sus respectivos ámbitos de competencia”, consideramos imprescindible que el estado garantice el acceso a los contenidos que se publican en dicho órgano; lo que actualmente no se cumple, a pesar de los avances tecnológicos que lo permiten.

El Periódico Oficial de Quintana Roo no satisface el requisito indispensable de la “publicidad”, que es diverso del de la “publicación”, quedando los ciudadanos y habitantes de Quintana Roo en estado de indefensión ante la falta de dicho elemento, como se hizo patente en los meses pasados luego de las reformas que permitieron la aprobación, publicación y entrada en vigor del conocido popularmente como “paquete de impunidad”, aprobado por la XIV Legislatura, sin que los interesados pudieran conocer oportunamente los contenidos, y oponerse, en tiempo, a lo publicado.

Actualmente se publican los índices del Periódico Oficial en la página de internet de la Dirección respectiva, los cuales son una enunciación que no permite conocer los contenidos, por lo que es una necesidad que éstos también se encuentren disponibles y accesibles a través de medios digitales.

El término publicidad, de acuerdo a una de las acepciones de la Real Academia Española de la Lengua, se define como “cualidad o estado de público”, es decir cualidad de “conocido o sabido por todos”, según el mismo referente bibliográfico.

Es así, que el Periódico Oficial de Quintana Roo debe cumplir con el indispensable requisito de publicidad, y es el Estado el que debe garantizar el acceso a la información de los contenidos que se publican.

En la presente era de los gobiernos digitales, no se puede concebir el acceso restringido o limitado a un documento que fija determinaciones que afectan la vida pública y privada de los habitantes de un estado.

Propuesta modificación periódico oficial QRoo

JUEZ ORDENA A GOBERNADOR DE QROO GARANTIZAR ACCESO A LA INFORMACIÓN

JUEZ ORDENA A GOBERNADOR DE QROO GARANTIZAR ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL INFOMEXQROO

CANCÚN, MX, 05/09/2016.- El Juez quinto de distrito, con sede en Cancún, concedió el viernes pasado la suspensión definitiva en el amparo 1094/2016 interpuesto en contra del Acuerdo del gobernador Roberto Borge Angulo que extingue la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), y por el que  se dio de baja el sistema Infomexqroo.

La suspensión definitiva se solicitó para que durante el tiempo que se llevara a cabo la reestructuración administrativa en materia de transparencia, no se diera de baja el sistema Infomexqroo; lo anterior luego de que esta plataforma digital fue inhabilitada técnicamente, lo que privó a los ciudadanos de ejercer su derecho a la información.

El juez Ciro Carrera Santiago en el considerando cuarto de la suspensión definitiva señaló lo siguiente: “(…) considerando las manifestaciones contenidas en la demanda, así como atendiendo a la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada para efecto de que el Gobernador del estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, ordene a quien corresponda se restablezca el sistema INFOMEXQROO, vinculo diseñado para la recepción de solicitudes de información pública del poder ejecutivo en línea, en tanto se cree la respectiva unidad que será el enlace entre el sujeto obligado, y el solicitante, o bien, el portal en línea correspondiente.”

El Juzgador dio un término de cinco días al gobernador Roberto Borge Angulo para que cumpla con su mandato, “con el apercibimiento que de no acatarse, se procederá conforme a derecho”.

Lo anterior, impide al Gobernador suspender el sistema Infomexqroo, el cual se dio de baja desde finales de julio, lo que se pretendió justificar a través del “Acuerdo” de fecha 29 de julio, publicado en el Periódico Oficial del estado, por medio de cual se extinguió la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE).

El Juez federal consideró que en el citado Acuerdo no se establecía cómo los ciudadanos podrían acceder su derecho de acceso a la información, y al respecto señaló:

“Lo anterior, pues si bien es cierto que en el Acuerdo reclamado, en su artículo Octavo Transitorio se estableció que las solicitudes de información que formulen los ciudadanos para el acceso a la información pública y datos personales, las atenderá la Secretaría de la Gestión Pública, a través de la unidad administrativa que faculte para ello, también lo es que, a la fecha, no se tiene certidumbre de ante qué unidad adscrita a dicha Secretaría, se deben formular dichas solicitudes, ya que no se ha publicado acuerdo alguno de donde se advierta tal circunstancia”.

“Por tanto, al existir dicha incertidumbre y al ser la materia de transparencia y acceso a la información pública de orden público e interés social, se está contraviniendo el derecho humano de acceso a la información (…)”.

El pasado ocho de agosto Fabiola Cortés Miranda interpuso un amparo en contra del Acuerdo del 29 de julio por el que se ‘extinguía’ la UTAIPPE, ya que esto trajo consigo la baja del sistema InfomexqRoo, con lo que se privó a las personas de su derecho de acceso a la información.

Como en su momento se denunció, el Acuerdo ordenado por el gobernador Roberto Borge era violatorio a los derechos humanos, además de que representaba un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

 

amparo transparencia Borge

Se interpone Amparo contra acuerdo de Roberto Borge que extingue Unidad de Transparencia

CANCÚN, MX.- Un amparo en contra del Acuerdo del gobernador Roberto Borge Angulo, que extingue la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), fue interpuesto ayer lunes, debido a que con la entrada en vigor del mismo, se dio de baja el sistema Informexqroo, con lo que se restringe el derecho de acceso a la información pública.

El amparo quedó radicado en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún, y fue interpuesto por Fabiola Cortés Miranda, bajo el argumento de que la extinción de la UTAIPPE, y la consecuente baja del sistema Infomexqroo, viola el derecho humano de acceso a la información de la periodista, especializada en transparencia, datos e investigación.

En el escrito también se pone de manifiesto, que la violación al derecho humano de acceso a la información, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en este caso particular, trae aparejada la violación de otros derechos, como el consagrado en el artículo 7º, que tiene que ver con el derecho de difundir información; y el artículo 26, relacionado con el derecho a participar en la vida política, ya que a través de la información obtenida por medio de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, y de las de los municipios, se habían documentado varios casos de corrupción como el desvío de alrededor de 1,464 millones de pesos, recaudados a través del Impuesto al Hospedaje; caso por el que se interpuso un juicio político en contra del Secretario de Finanzas del estado.

Igualmente se señaló como autoridad responsable a los consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), toda vez que es este órgano garante, el que, precisamente, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública bajo los principios de oportunidad, gratuidad y expedites.

Consideramos que la apresurada extinción de la UTAIPPE, y la inhabilitación del sistema Infomexqroo tiene la intención de bloquear el trabajo de investigación y acopio de datos que venían realizando ciudadanos y organizaciones.

Cabe destacar que en el texto del decreto, publicado en el periódico oficial del estado, en el Tomo II, Número 14 Ordinario Bis, Octava época, el 29 de julio pasado; únicamente en el transitorio octavo se hace referencia a cómo los ciudadanos podrían, hipotéticamente hablando, acceder a la información pública. Este transitorio dice lo siguiente:

“Las solicitudes de información que formulen los ciudadanos para el acceso a la información pública y datos personales de conformidad a la normatividad aplicable, y la sustanciación de procesos jurídicos en curso, las atenderá la Secretaría de la Gestión Pública, a través de la unidad administrativa que se faculte, hasta en tanto entre plenamente en funciones la Plataforma Nacional de Transparencia prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el diario oficial de la federación el 04 de mayo de 2015.

Lo anterior, como lo ha venido denunciando Somos Tus Ojos, implica que en este momento, quien quiera obtener información de alguna dependencia del Poder Ejecutivo y de cualquier municipio de Quintana Roo, tendría que acudir a Chetumal, donde se encuentra la Secretaría de la Gestión Pública, y averiguar si ya se “facultó” a la unidad administrativa correspondiente para dar trámite a las solicitudes de información.

La inhabilitación del sistema Infomexqroo representa un grave retroceso en el respeto y garantía de los derechos humanos en Quintana Roo, por lo que esperamos que la justicia federal conceda el amparo solicitado y suspenda el acuerdo por el que se extingue la UTAIPPE.

idaipqroo consejeros

23 estados se suman a convocatoria de “Gobierno Abierto” del INAI. QRoo se queda fuera

 

CIUDAD DE MÉXICO.– Un total de 23  estados del  país se han  sumado a  la  iniciativa, convocada  por  el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para implementar ejercicios de Gobierno Abierto a nivel local.

Las entidades han  ratificado su  compromiso  para  crear  espacios  ciudadanos que permitan someter al escrutinio público el actuar del gobierno, revisar la operación de todos los servicios que ofrece y promover la participación  de las personas en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

En 2015, se sumaron a la iniciativa Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila,  Tlaxcala,  Hidalgo,  Baja  California,  Chiapas,  Tabasco,  Zacatecas  y San Luis Potosí, al suscribir la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto.

En junio pasado, lo hicieron Campeche, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México.

En  el  marco  de  la  estrategia,  las  entidades  han convenido instituir  Secretariados Técnicos Tripartitas Locales u órganos colegiados equivalentes, como mecanismos responsables  de  coordinar,  incorporar  y  orientar  los  intereses  de  los  actores  que participen en los ejercicios de Gobierno Abierto Local, así como establecer las rutas para   conformar   sus Planes   de   Acción,  cuyos   compromisos   deberán   estar encaminados a: Dar seguimiento  a  los  recursos  públicos, transparentar su asignación  y  ejercicio; fortalecer  la  Alianza  para  el  Gobierno  Abierto  en  el  ámbito  nacional;  promover  el conocimiento  y  ejercicio  del derecho de acceso  a  la  información; desarrollar mecanismos que permitan a la sociedad analizar y exigir cuentas del actuar de los servidores públicos, entre otros.

En  ese  sentido,  al  primer  semestre  de  2016,  los  estados  de  Veracruz,  Oaxaca,  Tlaxcala, Morelos y Durango publicaron sus Planes de Acción.

Además,  se  han  instalado  10  Secretariados  Técnicos Tripartitas  Locales  en  Morelos, Durango, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potosí.

Cabe  destacar  que en  los  ejercicios  de  Gobierno  Abierto  participan  más de  300 organizaciones  de  la  sociedad  civil,  65  autoridades  y  23  órganos garantes  de  la transparencia.

Unidad de Transparencia Roberto Borge

Pide Somos Tus Ojos al INAI interponga acción de inconstitucionalidad por extinción de Unidad de Transparencia de QROO

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Esta tarde, la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, ingresó ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en la Ciudad de México, una petición para que intervenga en el caso de la extinción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), de Quintana Roo, por resultar violatorio del derecho humano de acceso a la información pública.

Además de requerirle su urgente intervención para que se restituya el derecho humano de las personas de acceder a la información, se le pide al Órgano de Gobierno del Instituto que interponga, con base en el artículo 41, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra del Acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado “Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo” (UTAIPPE), publicado en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, en su número 14 extraordinario BIS, el 29 de julio pasado.

Unidad de Transparencia Roberto BorgeLa “extinción” de la UTAIPPE ha privado a las personas de su derecho constitucional de acceso a la información pública que está en posesión de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, y de otros, que sin depender de éste se encuentran en el mismo sistema, como las unidades de transparencia de todos los municipios del estado de Quintana Roo, y el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

INAI Somos Tus Ojos (1)En el oficio entregado esta tarde, se señala que la urgente intervención del INAI se requiere en virtud de que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información como se lo mandata la Ley de Transparencia del estado, a pesar de que a través del correo electrónico correo idaip@idaipqroo.org.mx, le fue requerida su actuación. Cabe señalar que corresponde al IDAIPQROO, de oficio, garantizar el derecho de acceso a la información y sancionar la violación de este derecho o el cumplimiento de los sujetos obligados, en apego a los artículos 10, 12, 14, 29, fracciones II, VII y  XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

No sobra decir, que a pesar de que el IDAIPQROO, como órgano garante, debería contar con plena autonomía y no estar supeditado al Ejecutivo estatal, Roberto Borge Angulo, su silencio en un tema tan trascendental y grave deberá ser sancionado, conforme a la ley.

En los próximos días, Somos Tus Ojos interpondrá un amparo en contra del referido acuerdo por el que se extinguió la UTAIPPE.

Captura UTAiPPE

Tras desaparición de Unidad de Transparencia de Borge, Somos Tus Ojos exigió al IDAIPQROO garantizar derecho

 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, envío el pasado lunes, un escrito al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), para exigirle que garantice el derecho constitucional de acceso a la información.

A través de una queja, se requirió al Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo, que “garantice el acceso constitucional de la peticionaria del acceso a la información, en virtud de que desde, por lo menos, el sábado pasado, el sitio de internet de la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE) no permite realizar el registro de las solicitudes de información”.

Como prueba de la imposibilidad de acceder al sitio de la UTAIPPE se adjuntó una captura de pantalla en la que se observa un error informático arrojado por el sitio de internet de la Unidad del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la Ley de Transparencia recién aprobada por la actual Legislatura, corresponde al IDAIPQROO garantizar el acceso a la información.

La queja enviada al Instituto se fundamentó en los siguientes artículos de la Ley de Transparencia del estado:

Artículo 10.- “Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás” (…)

Artículo 12.- “Toda  la  información  pública  generada,  obtenida,  adquirida,  transformada  o  en posesión  de  los sujetos obligados  es  pública  y  será accesible  a  cualquier  persona,  para  lo  que  se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General y las demás normas aplicables”.

Artículo 14.- “El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información”.

Artículo 29.- El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

(…)

Fracción II. Vigilar el cumplimiento de esta Ley

Fracción VII. Promover, difundir y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales

Con base en este mismo artículo, el IDAIPQROO está obligado, según, la fracción XXIX, “llevar   a   cabo,   a   petición   de   parte,   investigaciones   en   relación   a   quejas   sobre   el  incumplimiento de la presente Ley”.

Igualmente, el Instituto deberá “hacer  del  conocimiento  de  la  instancia  competente  la  probable  responsabilidad  por  el incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  Ley  General (…)”.

En el Periódico Oficial del 29 de julio de 2016, número 14 extraordinario BIS, se publicó el “Acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo”.

La injustificada “extinción” de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo constituye una violación al derecho humano del acceso a la información, ya que durante días ha imposibilitado a las personas ejercer este derecho, por lo que el IDAIPQROO deberá realizar las indagatorias pertinentes, dar parte a las instancias que considere, además de imponer las sanciones que le corresponden, de acuerdo a sus atribuciones, en contra del gobernador Roberto Borge Angulo, por ordenar la extinción de la Unidad de Transparencia, y con ello impedir a las personas el ejercicio de un derecho fundamental.

Cabe mencionar que la “extinción” de la UTAIPPE no implica la desaparición de archivos, pues éstos se encuentran en posesión de los múltiples sujetos obligados; sin embargo, el acceso a la información es un derecho humano, equiparable a la vida, la libertad, o el libre tránsito, que debe ser protegido y garantizado por todas las autoridades en todo momento.

La queja fue presentada a través del correo idaip@idaipqroo.org.mx; pero, al igual que el sitio de la UTAIPPE, éste,  al parecer, fue dado de baja. El Instituto debió haber iniciado de oficio la indagatoria solicitada, y de no haberlo hecho, la Junta de Gobierno de este Instituto tendría que ser destituida por la Legislatura mediante el procedimiento correspondiente.

Somos Tus Ojos se mantendrá vigilante de las acciones que lleve a cabo el IDAIPQROO para que, en lo inmediato, garantice el derecho humano de acceso a la información de las personas; y de no actuar con la prontitud y expeditez que demandan el caso, se promoverá que sean destituidos los integrantes de la Junta de Gobierno del IDAIPQROO.

Ayotzinapa

La SEDENA debe buscar y dar a conocer fotografías y videos tomados la noche que desaparecieron los 43 normalistas: INAI

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deberá buscar y dar a conocer las fotografías y videos tomados por un militar la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado ponente, Joel Salas Suárez, sostuvo que el caso Ayotzinapa ha demostrado que la sociedad ya no está dispuesta a dejar en manos de las autoridades la reconstrucción de la verdad, ni a olvidar.

Este recurso de revisión se analizó y resolvió luego de que na particular solicitó toda la documentación, escrita y audiovisual, que el militar Eduardo Mota Esquivel, adscrito al 27 Batallón de Infantería, recogió la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, cuando desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que entregó a su superior, el Teniente Joel Gálvez Santos.

En respuesta, la Secretaría de la Defensa declaró inexistente esta información. No obstante, puso a disposición un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por el militar referido.

Inconforme, la particular consideró insuficiente la información que se le entregó e interpuso el recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que en el expediente del caso Iguala, hecho público por la PGR, aparecen testimonios de Eduardo Mota Esquivel respecto al material de su interés.

En sus alegatos, la SEDENA reiteró su respuesta inicial.

En el análisis del caso, la ponencia del comisionado, Joel Salas Suárez, indicó que si las unidades administrativas que atendieron la solicitud declararon inexistencia, no se tiene certeza de si fue una de ellas o alguna otra la que proporcionó las cuatro fotografías. Por lo tanto, se expuso, no se valida que se haya hecho una búsqueda exhaustiva.

Además, se apuntó, la SEDENA cuenta con otras unidades administrativas como la Comandancia Regional y la Zona Militar, que pudieron atender la solicitud de la particular.

Se agregó que, de acuerdo con información pública localizada se desprende que el militar, en calidad de testigo, declaró que sí tomó fotografías de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 para demostrar a su superior que cumplió con el trabajo de verificar la presencia de un autobús con estudiantes en la carretera Iguala-Chilpancingo y la presencia de estudiantes en el hospital Cristina.

Además, se dijo, de acuerdo a información requerida por la PGR mediante oficio, el militar tomó cuatro o cinco fotografías de lo ocurrido en la carretera y tres en el hospital.

Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la SEDENA y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la IX Región Militar, que se integra con la 35/a y 27/a Zonas Militares, así como al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, y entregarla a la particular.

La mejor forma de demostrar que el Ejército no se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, es la transparencia

Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado ponente, Joel Salas Suárez, recordó que actores de la sociedad civil, las propias víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, organismos internacionales, entre otros, han contribuido a mejorar las investigaciones oficiales.

“Las autoridades mexicanas negaron en un inicio la intervención de las fuerzas armadas en el caso, pero poco después modificaron esta versión. Medios de comunicación, nacionales e internacionales, denunciaron que elementos castrenses sí conocieron y presenciaron los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 y esto se confirmó en la versión pública del expediente sobre el caso Ayotzinapa que publicó la PGR en septiembre de 2015”, dijo.

Salas Suárez afirmó que las suspicacias en torno a la responsabilidad del Ejército mexicano por su acción u omisión, no se han hecho esperar y, en su reporte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar al gobierno federal en las investigaciones, advirtió sobre la negativa de éste para permitir acercamiento con los militares involucrados y conocer sus testimonios.

“Las autoridades han explicado los argumentos jurídicos que justifican esta decisión; sin embargo, pueden reforzarlos a través de la transparencia. La mejor forma de demostrar que el Ejército mexicano no se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, es atendiendo las demandas de información puntualmente y garantizando que en todo momento se actúa conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia. Los mexicanos tenemos derecho a saber y valorar si el Ejército cumplió con sus atribuciones”, enfatizó.

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio de la solicitud: Expediente: RDA 2128/16

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

Fuente: INAI

Foto: revolución3.0

aprueban ley de transparencia

Tiene QRoo nueva Ley de Transparencia. Hace obligatoria 3de3, pero se queda corta

CHETUMAL, MX.- El pasado 27 de abril, la XIV Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se incorpora la obligación de funcionarios y servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y declaraciones fiscales de los últimos cinco años, la llamada 3de3.

La Ley de Transparencia de Quintana Roo se apega a la Ley General de Transparencia, sin embargo, los legisladores dejaron pasar la oportunidad de remontar al estado a un lugar privilegiado en materia de Transparencia

Recomponen Ley de Transparencia, eliminan reservas ilegales

Finalmente, los legisladores modificaron el anteproyecto de Ley de Transparencia en el que se contemplaban limitantes ilegales al acceso a la información, tal y como lo señaló la asociación civil “Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo” el 11 de marzo pasado. La XIV Legislatura eliminó como información reservada la que “comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, dejando la reserva de información a la que “comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”;

Igualmente, eliminó las fracciones del artículo 9 que dispensaban a los sujetos obligados la entrega de información cuando “no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud”, y “no obre en algún documento”.

Decepciona Ley de Transparencia de Quintana Roo

Los legisladores de Quintana Roo renunciaron a entregar una Ley de Transparencia vanguardista, pues conservan la reserva de información por cinco años, prorrogables a otros cinco, lo que quiere decir que la información puede permanecer “enterrada” hasta por 10 años; lo anterior es sin duda  una garantía de impunidad para lo sujetos obligados.

En este tema, leyes como la del estado de Coahuila son ejemplo, pues el legislador de esa entidad estableció una reserva de información solo por dos años, prorrogable a un año más; es decir, el tiempo máximo de “secrecía” de la información será de tres años.

La Ley de Transparencia de Quintana Roo tampoco privilegia el derecho constitucional de los ciudadanos del acceso a la información, pues establece un término excesivo para resolver los recursos de revisión, de tres meses.

También se quedó limitada en lo relativo a la designación de comisionados, pues no incluyó entre los requisitos de quienes integren el máximo órgano del Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo (IDAIPQROO), el de contar con experiencia en la materia, lo que mantiene el carácter político de tan importante institución, y el nombramiento a modo de los comisionados. La Ley recién aprobada únicamente habla de que “privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales y atender la igualdad de género”, pero no como un requisito indispensable.

Sin castigo a quienes incumplan la entrega de información

La Ley de Transparencia de Quintana Roo también se quedó corta en cuanto a la aplicación de medidas de apremio y sanciones para los sujetos obligados que incumplan con la entrega de información, ya que únicamente enuncia la existencia de medidas de apremio, sanciones y multas, pero no establece cómo se aplicarán ni los términos para su cumplimiento.

En el artículo 192 de la Ley se lee: “el Instituto PODRÁ imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:  I. Amonestación pública o privada, o  II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente”.

Sin embargo, en la Ley no se detalla un catálogo de sanciones para los supuestos de incumplimiento, ni los tiempos en que un sujeto obligado deberá cumplir con lo mandatado por el Instituto de Transparencia, y menos aún el término en el que debe satisfacerse una multa.

El legislador volvió a dejar a un Instituto de Transparencia sin fuerza para hacer cumplir a los sujetos obligados con sus determinaciones.

Nuevamente cito como ejemplo la Ley de Transparencia de Coahuila que establece con claridad la aplicación de sanciones para los sujetos obligados incumplidos, sobres los que se impondrá, además de multas, la separación temporal del cargo, en tratándose de funcionarios, y hasta la separación permanente del mismo. Ello sin duda coloca a la institución de la transparencia en un plano de importancia primordial.

Pedro Flota Alcocer

Conservadora y opaca Ley de Transparencia que se discute en el Congreso de QRoo

CANCÚN, MX.- El proyecto de Ley de Transparencia que actualmente se discute en el Congreso de Quintana Roo además de conservadora es opaca en varios aspectos, y nuevamente incluye un marco débil y sin lineamientos claros para la aplicación de sanciones a quienes incumplan con el acceso al derecho a la información, según se puede concluir de un análisis realizado por los integrantes de la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”.

El anteproyecto de Ley de Transparencia de Quintana Roo en su artículo 9 excusa a los sujetos obligados de entregar información cuando “no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud”, lo que significa que cualquier funcionario, servidor público o persona obligada a entregar información, puede aducir que en ese momento no está en posesión de la misma, y por ende no puede entregarla. Ese mismo artículo dispensa la entrega de la información cuando la información “no obre en algún documento”, lo que en sí mismo representa una violación a la Ley General de Transparencia.

La propuesta de Ley de Transparencia que analiza el Congreso y a la que tuvo acceso la asociación civil Somos Tus Ojos tampoco establece el proceso para tramitar el recurso de inconformidad en contra de las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo, ni contempla en las facultades del propio Instituto la obligación de remitir el mismo al Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Cabe destacar que el recurso de inconformidad es una de las mayores aportaciones de la Ley General, ya que pone al alcance de los ciudadanos una instancia superior, revisora, de las determinaciones del instituto de transparencia local, que hasta la fecha ha sido cómplice de las instancias del Poder Ejecutivo y los funcionarios municipales, en su negativa de entregar información.

El documento que el Congreso de Quintana Roo pretende aprobar solo dedica un artículo y cuatro líneas al Recurso de Revisión, y además no establece entre las facultades del Instituto de Acceso a la Información la de coadyuvar en la tramitación del mismo ante el Instituto Nacional.

Igualmente, la elección de los comisionados para integrar el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP) adolece de una total discrecionalidad, y siguen siendo los integrantes de la Cámara de Diputados los que determinan quiénes de los aspirantes propuestos por las asociaciones cumplen con el perfil, y podrán ser elegibles.

El anteproyecto deja entre las causales de información reservada la que “comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, fracción que no es compatible con la Ley General que solo considera la reserva para casos de “seguridad nacional”, y no refiere la de los estados o municipios, debido a que ello implica una amplia discrecionalidad para los sujetos obligados que pueden escudarse en dicho supuesto para no entregar información.

Los legisladores de Quintana Roo proponen causales de reserva que la Ley General no acepta, sobre las cuales no existe precisión en su aplicación y que  pudieran ser utilizadas para limitar el derecho humano de acceso a la información. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Transparencia clasifica como información reservada: “La que pueda causar un serio perjuicio en la recaudación de las contribuciones y la que pueda dañar la estabilidad económica y financiera del Estado”, esto es, que deja a la opinión del Secretario de Finanzas o de los tesoreros municipales, la rendición de cuentas sobre la recaudación, ingreso y uso de los recursos públicos.

Son estas solo algunas de las graves limitaciones que de entrada constituyen violaciones al derecho de las personas de acceso a la información, y que no respetan el espíritu de la  Ley General.

La Ley de Transparencia que discuten los diputados de la XIV Legislatura se “alimentó” de los foros organizados por “Ciudadanos por la Transparencia” CITRA, una organización que recibió recursos desviados del Subsemun en 2014, y que proponía, de acuerdo a su propuesta, de la que se tiene una copia, reservar información por 27 años, así como reservar asuntos discutidos en sesiones “secretas” en los ayuntamientos y en el Congreso del estado. Además, mientras la Ley general de Transparencia contempla 13 casos de reserva, CITRA propuso 19 casos de reserva de información, varios de éstos totalmente infundados. De esos “foros ciudadanos” y de esas propuestas se nutrió la Ley de Transparencia del estado de Quintana Roo.

VER Ciudadanos por la Transparencia promueven opacidad

LEER: Fortalecen ley de transparencia con voces ciudadanas

El pasado 16 de marzo, la asociación “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” entregó al Congreso del estado una propuesta de ley de vanguardista, apegada al espíritu de la Ley General y que además ejerce el principio de transparencia proactiva señalado en la misma, estableciendo, por ejemplo, 62 obligaciones de transparencia ineludibles en aras de la máxima apertura cuando la Ley General y la del estado solo citan 48 obligaciones de oficio.

Ricardo Coral, asesor del diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso, se comprometió a incluir la propuesta presentada en el debate que aún se encuentra abierto.

Es oportuno recordar que Quintana Roo ocupa uno de los últimos lugares en materia de Transparencia por lo que de mantener el anteproyecto de ley que está en la mesa, no solo deberá hacer frente a una muy probable controversia constitucional de parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sino que nuevamente quedará como una entidad renuente a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.

ANTEPROYECTO DE INICIATIVA LEY DE TRANSPARENCIA. JURIDICO

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Congreso QRoo

Somos Tus Ojos propone al Congreso Ley de Transparencia vanguardista

CANCÚN, MX.- La asociación civil  “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” ingresó al Congreso de Quintana Roo, el 16 de marzo pasado, una propuesta de ley vanguardista y que atiende el espíritu de la Ley General de Transparencia, priorizando la máxima apertura y la total rendición de cuentas.

Entre los aspectos de la propuesta de Somos Tus Ojos está que la elección de los comisionados que integran el Instituto de Acceso a la Información se realice por convocatoria abierta, que solo ciudadanos con probada experiencia en la materia  y que acrediten un examen de conocimientos sobre el tema puedan ocupar dicho cargo, para evitar de esta forma lo que actualmente sucede, que la designación se realice con base en los intereses de los gobernantes, quienes han hecho de los comisionados sus cómplices.

Igualmente, pretendemos que sea obligatoria la publicación de 62 aspectos entre los que se encuentran:

La versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que contenga: nombre, cargo, tipo de declaración, sueldo y bienes inmuebles ubicados en territorio nacional y fuera del país; así como el listado de servidores públicos que no hayan rendido la declaración patrimonial.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

El tabulador de cobro de impuestos, servicios y derechos, especificando el fundamento legal del mismo, la metodología para su cálculo, la forma para acceder a descuentos y condonaciones si los existieran; así como el monto de los recargos en su caso;

Las actas de sesiones de cabildo ordinarias, extraordinarias y privadas, así como su registro videográfico;

Los nombres con fotografía de los inspectores, visitadores o supervisores, por áreas, en el caso de los sujetos obligados donde exista dicha figura;

El padrón de proveedores y contratistas, identificando el nombre de la persona física o moral, domicilio fiscal, inicio de operaciones, fecha de registro y de vigencia, así como la copia del acta constitutiva y sus posteriores modificaciones;

Las concesiones, patentes, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas para la prestación de algún servicio, la proveduría de algún bien o la ejecución de alguna obra, especificando número o folio, los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.

Actualmente el Congreso discute una propuesta de Ley de Transparencia limitada, retrógrada en muchos aspectos que pretende dar continuidad a la opacidad, eludir una efectiva y real rendición de cuentas y evitar sanciones a quienes incumplan con la Ley de Transparencia, limitando la aplicación de las mismas a ciertos aspectos.

La Ley que los diputados de la XIV Legislatura discuten también permite a los sujetos obligados, es decir, funcionarios y servidores públicos, ser omisos en la documentación de sus actos, lo que promueve “inexistencia de información”, una salida que con mucha frecuencia se ha utilizado para no rendir cuentas.

Mientras la propuesta de ley de Somos Tus Ojos propone una reserva de la información hasta por dos años, lo que impediría que ediles y diputados terminaran sus administraciones y periodos sin dar información, la ley que analiza el Congreso establece que la información podrá permanecer reservada hasta 5 años.

Entre la información que los diputados de Quintana Roo pretenden reservar está “la que comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, tal indefinición permite que, al libre arbitrio de los funcionarios, se reserve todo sobre lo que no quieran informar.

También se pretende reservar la información “que pueda dañar la estabilidad económica y financiera del Estado”, con lo que los funcionarios y servidores públicos podrían negarse a entregar cualquier tipo de información sobre el uso y destino de recursos públicos aduciendo un daño, por imposible o improbable que éste fuera.

Como consumidores intensivos de la información desde hace 11 años, los integrantes de Somos Tus Ojos nos hemos enfrentado a las múltiples limitaciones impuestas en la actual Ley que han imposibilitado una real rendición de cuentas y han cobijado la corrupción en Quintana Roo, por lo que con la propuesta ingresada hace unos días pretendemos que nuestro estado se convierta en un ejemplo a nivel nacional y salga del último lugar en el que se encuentra en materia de Transparencia.

Descarga la Propuesta de Ley de Transparencia de QRoo