Categoría: Opacidad

Remberto Estrada alcalde Cancun

NO DEBE CONGRESO APROBAR CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCÚN

La empresa Óptima Energía S.A. de C.V., obtendrá ganancias por 100 millones de pesos anuales si el Congreso de Quintana Roo aprueba la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público que le entregó el ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, sin que exista garantía del cumplimiento del servicio, pues la sociedad mercantil enfrenta varias controversias litigiosas en diversos municipios del país.

Hasta ahora, en ayuntamiento de Benito Juárez no ha hecho público el contrato de concesión que firmaría la empresa ganadora de la licitación pública MBJ-CDT-001-2017, sin embargo, según el documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se lee en qué consistirá la contraprestación que obtendrá Óptima Energía S.A. de C.V.:

“La garantía de pago que se pretende ofrecer al Proveedor que resulte ganador del proceso licitatorio sería lo que resulte de la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. De igual manera, y solo como complemento a esta garantía, se sugiere también que el Ayuntamiento contemple en su momento otorgar cualquier garantía adicional que pudiera hacer falta para garantizar el pago a la prestación de este servicio.”

VER DICTAMEN COMISIONES UNIDAS LUMINARIAS

VER DICTAMEN COMISIONES UNIDAS LUMINARIAS

Esto significa que Óptima Energía S.A. de C.V. obtendrá como “garantía de pago” por la concesión, los recursos que ingresen por la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), -descontando el pago a CFE del consumo de energía eléctrica-, más la partida presupuestal que el municipio de Benito Juárez destina para la prestación del servicio de alumbrado público. Sin duda un gran negocio.

De acuerdo a la solicitud de información 1816400232517 presentada ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por Gabriel Méndez, integrante del Colectivo Cancún Transparente, al primer semestre del 2017, la recaudación y pago por DAP en el municipio Benito Juárez era de alrededor de 70 millones de pesos.

En su respuesta, la CFE señaló que a través de convenios de colaboración firmados con los municipios, la CFE cobra el DPA, y en el caso del ayuntamiento de Benito Juárez, no entrega los recursos económicos a éste, sino que lo aplica a la cuenta por consumo de energía del alumbrado público, y en caso de existir una diferencia a favor o en contra, se aplica o se salda al siguiente mes.

Hasta agosto de 2017, por concepto de DPA, la CFE recaudó y aplicó a la cuenta del ayuntamiento de Benito Juárez, 95 millones 568 mil 787 pesos; al mes de  junio fueron 69 millones 215 mil 970 pesos, esto es, que para cuando concluya el año serán alrededor de 170 millones de pesos los recaudados y aplicados por DPA:

 

Benito Juárez ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
DAP Cobrado      11,917,045.34    10,117,626.30    12,476,679.37    10,905,561.64    12,245,297.49    11,553,762.49    14,172,630.52    12,180,187.86
DAP aplicado en la facturación    11,917,045.34    10,117,626.30    12,476,679.37    10,905,561.64    12,245,297.49    11,553,762.49    14,172,630.52    12,180,187.86

VER RESPUESTA CFE DPA alumbrado publico Cancun

En el mismo documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se señala que “para garantizar la parte técnica del proyecto se solicitará que se compruebe la capacidad técnica de la empresa, contemplando la experiencia en proyectos similares y la calidad de los productos y servicios que ofrezcan, solicitando el cumplimiento de:”

  1. Experiencia y capacidad en la instalación de luminarias e implementación de Proyectos similares.
  2. Demostrar capacidad del personal que llevará a cabo la implementación del Proyecto.
  3. Que las luminarias e infraestructura que propongan cuenten con garantía de por lo menos 10 años y estén respaldada por su fabricante.
  4. Que las luminarias e infraestructura propuesta sea nueva.
  5. Que las luminarias propuestas cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-031- ENER-2012.
  6. QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA GENERE AL MENOS UN AHORRO DE 43% DEL CONSUMO DE ENERGÍA (KWH) CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.

Este 43 por ciento de ahorro en energía representa en dinero 60.2 millones de pesos, considerando un cobro anual de 170 millones de pesos, de acuerdo a los recientes datos proporcionados por la CFE. Por lo tanto, si el ayuntamiento de Benito Juárez entrega a Óptima Energía S.A. de C.V., “la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público significa que, tomando los números de este 2017, entregaría a la empresa regiomontana los 60 millones de pesos del “remanente del DPA”, más alrededor de 37 millones de pesos, que fue lo que se destinó en el 2016 para el suministro y sustitución de luminarias, su mantenimiento y los gastos de operación del propio Departamento de Alumbrado Público, según el documento referido, lo que hace un total de 97 millones de pesos que recibiría cada año, por los siguientes 15 años, Óptima Energía S.A. de C.V.

Por otra parte, en el referido documento, se señala que de acuerdo al Estudio Técnico Justificativo, “también observamos que se requiere de la desaparición del personal de Alumbrado Público municipal, siendo que actualmente tenemos 115 empleados que realizan esta función”, sin que en ninguna parte se aclare qué hará el ayuntamiento de Benito Juárez con los 115 trabajadores que perderán su fuente de trabajo.

En el documento, el ayuntamiento plantea incluso que de no aprobarse la concesión, se tendría que contratar un crédito: “otra opción que tenemos como Ayuntamiento es solicitar un crédito con alguna institución financiera, para poder llevar acabo la adquisición, instalación y mantenimiento de la infraestructura requerida para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. El solicitar un crédito para llevar a cabo la inversión necesaria en infraestructura para brindar el Servicio de Alumbrado Público requerido, afectaría directamente a la contabilidad municipal ya que este representaría una deuda y el Ayuntamiento tiene el 100% de sus Participaciones Federales comprometidas y el solicitar un financiamiento, afectaría nuestras calificaciones y condiciones crediticias.”

De la lectura del “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión” es posible concluir que se trata de un documento con inconsistencias, poco claro y tendencioso, en el que se plantea un escenario catastrófico y prácticamente sin solución para el ayuntamiento de Benito Juárez si no se entrega en concesión el servicio de alumbrado público.

Es necesario subrayar que la empresa Óptima Energía S.A. de C.V., inicialmente llamada Celsol S.A.P.I., fue fundada por Enrique Gómez Junco Blancq-Cazaux, un ingeniero formado en el Tecnológico de Monterrey quien hace más de una década inició su negocio en el ramo de la energía termosolar y en la oferta soluciones para el alto consumo de energía; pero recientemente ha obtenido la concesión del servicio de alumbrado público en varios municipios del país, con un historial altamente negativo, como en los municipios de Ensenada y Tijuana, en Baja California, y en los municipios de General Zuazua y Cadereyta, en Nuevo León, donde enfrenta procesos litigiosos.

Por lo anterior, Somos Tus Ojos hace un llamado a los integrantes de la XV Legislatura a no aprobar la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público del municipio Benito Juárez.

inhabilitación Ortiz Jasso

RESOLVIÓ MAGISTRADO INHABILITACIÓN DE EDUARDO ORTIZ JASSO. AYUNTAMIENTO DE CANCÚN SE NIEGA A RESPONDER

CANCÚN, MX.-El pasado 8 de septiembre la Sala Especializada en materia Constitucional y Administrativa dictó la sentencia definitiva en el expediente S.C.A/A/146/2016, mediante el cual Eduardo Ortiz Jasso combatió su inhabilitación en contra de la sanción decretada por el presidente municipal de Cancún, como se desprende de la lista electrónica publicada por dicho juzgado.

Aunque se desconoce el sentido de la sentencia, pues nadie ha dado a conocer su contenido, lo anterior es una prueba evidente de que al momento en que Eduardo Ortiz Jasso fue nombrado por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como director de la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), el 30 de julio pasado, el funcionario de primer nivel se encontraba inhabilitado, puesto que la sentencia sobre su situación legal se acaba de dictar hace un mes.

El ayuntamiento de Cancún se negó a responder sobre la inhabilitación

A través de la solicitud 00588317, el 17 de agosto pasado, Somos Tus Ojos requirió al ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) “decir si Eduardo de Jesús Ortiz Jasso se encuentra inhabilitado. Detallar causa (s) de la inhabilitación, periodo (s), y si el referido combate por la vía administrativa o judicial la o las inhabilitaciones.”, casi dos meses después, el 9 de octubre, la Unidad de Transparencia municipal respondió que la solicitud no era clara: “en la forma en que se plantea la solicitud de información, así como los datos e información que refiere no son suficientes para ubicar o realizar la búsqueda correspondiente, y estar en posibilidades de dar una adecuada respuesta”.

Y le tira la bolita a la Contraloría del estado

En otra parte de la respuesta a la solicitud de información, la Unidad de Transparencia señala que “(…) si el solicitante quiere saber si actualmente esta persona (Eduardo Ortiz Jasso) se encuentra inhabilitada (…) solo las personas que aparezcan inscritas en el padrón de servidores públicos inhabilitados de la Secretaría de la Contraloría del estado son los que se encuentran inhabilitados o impedidos para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el servicio público (…)”.

RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Aunque en varias ocasiones el secretario del ayuntamiento de Cancún, Guillermo Andrés Brahams González, aseveró que Eduardo Ortiz Jasso enfrentaba dos procesos de inhabilitación, ahora a la Unidad de Transparencia de Cancún, le pareció poco clara la pregunta.

Tribunal federal aún no resuelve recurso de Somos Tus Ojos por nombramiento  

Somos Tus Ojos aún mantiene un recurso de queja en el Segundo Tribunal Colegiado mediante el cual se impugnó el desechamiento del amparo 1088/2017, promovido por esta asociación en contra del nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso al frente de la AGEPRO, y que el Juzgado Segundo de Distrito desestimó.

La asociación también presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado en contra del gobernador Carlos Joaquín González quien nombró directamente a Eduardo de Jesús Ortiz Jasso al frente de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo con lo que incurrió en responsabilidad, pues incumplió con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo que señala en su artículo 47 que “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general: (…)  XIII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”. (…)

Joaquín González designó a Eduardo Ortiz Jasso como director de la AGEPRO, aún y cuando no existía una resolución firme sobre si estaba o no inhabilitado, por lo que el Gobernador deberá ser sancionado por la Contraloría.

Probada trayectoria…

Eduardo Ortiz Jasso es conocido por su trayectoria en el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) de Cancún, cargo que ocupó por ocho años, trascendiendo con su “experiencia” administraciones priistas y perredistas, y desde donde entregó sobre densificaciones a múltiples proyectos inmobiliarios y hoteleros.

Durante el gobierno del priista Francisco Alor Quezada (2005-2008), Eduardo Ortiz instituyó desde el IMPLAN una especie de “moche” oficial que se cobraba a cada desarrollador que presentaba un proyecto y que era analizado y “palomeado” por el IMPLAN, tal y como lo documentó la que esto escribe luego de obtener copia de los dictámenes técnicos analizados por el Instituto que dirigía Ortiz Jasso.

El “moche” era un cobro que se establecía discrecionalmente desde el IMPLAN y que debían pagar los desarrolladores, el cual supuestamente se destinaba a un “Fondo para la gestión y el fortalecimiento institucional”

Ahora, como director de la AGEPRO, Ortiz Jasso se encargará de buscar inversionistas para realizar proyectos estratégicos en Quintana Roo, en algunos de éstos el gobierno del estado dispondrá como capital de inversión de los predios propiedad del estado.

En días recientes, el gobierno del estado Ortiz Jasso  presentó tres proyectos para Quintana Roo entre los que se encuentran la construcción una línea de tren que comunique Cancún con Tulum, un puente de ocho kilómetros sobre la Laguna Nichupté y un tren ligero elevado para la zona hotelera de Cancún.

De acuerdo al decreto creación de la AGEPRO, ésta debe operar con una junta de gobierno, encabezada por el gobernador y los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Oficialía Mayor y “tres ciudadanos”, pero hasta ahora no se ha integrado la misma, y se desconoce cómo se elegirá a los tres ciudadanos.

VER: CONTROVIERTE SOMOS TUS OJOS NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

VER: JUZGADO SEGUNDO DESECHA AMPARO CONTRA NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

VER: TRIBUNAL PODRÍA “REVIVIR” AMPARO CONTRA NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

 

 

comisión instructora juan pablo guillermo molina2

ACUSA OBSERVATORIO LEGISLATIVO SIMULACIÓN DE DIPUTADOS EN JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE ROBERTO BORGE

CANCÚN, MX.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo se dijo extrañado por la “cautela” con que la Comisión Instructora de la XV Legislatura está actuando en el caso de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, luego de que el Juez Sexto de Distrito resolviera el pasado 20 de septiembre sobreseer el amparo promovido por el ex funcionario, lo que permite a los diputados Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), de la Instructora, continuar con el procedimiento

“La denuncia que interpuso la organización ciudadana Somos Tus Ojos está siendo detenida bajo argumentos falaces que le están permitiendo ganar tiempo al demandado para buscar una nueva protección”, dijo Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo

Señaló que en la estructura de la Dirección Jurídica del Congreso continúan los mismos titulares  de la XIV Legislatura que operaron el llamado blindaje de impunidad.

Cabe destacar que Somos Tus Ojos denunció que el director jurídico del Congreso, Lizandro Landeros Lima, ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue este mismo funcionario el que en julio de 2016 desechó el juicio político interpuesto por la asociación. Igualmente, Landeros Lima defendió, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a Somos Tus Ojos, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.

El representante del Observatorio Legislativo dijo que los actores que participaron en el llamado “paquete de impunidad” de Roberto Borge Angulo continúan ocupando espacios en el actual “gobierno del cambio”: “vemos que en las áreas de  auditoria y del jurídico permanecen los mismos funcionarios. Se dice que hubo un cambio pero  siguió igual. La barrera de impunidad continúa”, aseveró.

“Hemos señalado que las acciones que se toman en el Congreso del estado se están encaminando a una conducta pública de extensa difusión pero con una tendencia que se orienta a la simulación”, destacó Galaviz Ibarra, quien enfatizó que el nombramiento del Auditor Superior, recayó en un personaje que anteriormente ya había estado encargado de la vigilancia del manejo financiero de las instituciones del estado, refiriéndose a Manuel Palacios, y quien por no perder su puesto, según lo reconoció él mismo, no señaló las irregularidades en las cuentas de la administración de Roberto Borge. Similar situación ocurrió en el caso del nombramiento de la titular de la Fiscalía Anticorrupción, recayendo éste en Rosaura Villanueva, quien era Vicefiscal. En ambos nombramientos se pasaron por alto las propuestas ciudadanas y del Colegio de Contadores, puntualizó.

 

Leer: TIENE CONGRESO LUZ VERDE EN JUICIO POLÍTICO CONTRA JUAN PABLO GUILLERMO. EX TESORERO PIERDE AMPARO

Ciudadanos Unidos por QRoo Somos Tus Ojos

PRIMER INFORME DE ALCALDESA DE PLAYA DEL CARMEN, SIN DATOS Y AUTOCOMPLACIENTE: ASOCIACIONES

PLAYA DEL CARMEN, MX.-Este miércoles, las asociaciones Ciudadanos Organizados por Quintana Roo, MOCE Yax Kuxtal y Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, fijaron su postura sobre el Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, mismo que puede consultarse en este link.

Al respecto, Enrique Burton, presidente de Ciudadanos Organizados por Quintana Roo, se refirió a cada uno de los cinco apartados en los que se divide este Primer Informe, destacando, entre otros aspectos, que en prácticamente todo el documento no existen datos medibles de cómo se ha llevado la administración en materias de eficiencia en el gasto público, seguridad pública, desarrollo urbano sustentable, desarrollo económico y desarrollo social integral.

Destacó que no se presenta información que pueda ser verificada ni indicadores que puedan ser comparados, y mucho menos resultados cualitativos o cuantitativos, sino solo una descripción coloquial de supuestas acciones, como la relativa a que el actual gobierno municipal ha integrado a “funcionarios con empatía y sensibilidad”, pero sin que los ciudadanos puedan saber si también son funcionarios que cumplen con el perfil adecuado. Destacó que en este punto, se ha ignorado la propuesta ciudadana planteada en los foros para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, de implementar el Servicio de Carrera en la administración municipal y así determinar el ingreso, permanencia y promoción de los empleados y funcionarios municipales con criterios objetivos de idoneidad para el cargo.

Burton también hizo referencia a los Comités Vecinales destacados en el Primer Informe de la alcaldesa Cristina Torres (PAN-PRD) como ‘garantes de la participación ciudadana” en el ejercicio de la administración pública, donde únicamente se sabe que se han integrado 80 de estos comités, pero en el Informe no se menciona qué seguimiento y resultados han tenido las labores de esos comités, los cuales, subrayó resultan prácticamente desconocidos para los ciudadanos, de acuerdo a un sondeo realizado por la asociación que dirige.

Por otra parte, en el apartado de Seguridad Solidaria, el Primer Informe destaca las figuras de la “policía de proximidad” y los “comités vecinales”, de las cuales, sin embargo, la población no tiene ninguna referencia ni percibe su trabajo. En este tema, Ivánn Bon, activista, destacó que las casetas de policía, que son el primer contacto de las fuerzas de seguridad municipal con la ciudadanía continúan abandonadas.

Burton aseveró que en el tema de Seguridad Pública “el Primer Informe no contiene indicativos que permitan verificar la autenticidad o realidad de los temas, ya que no aporta datos precisos, cuantitativos y verificables. Contrariamente, lo que la ciudadanía sí vemos es el abandono de las casetas policiales que operaban en algunas colonias, el distanciamiento y la desconfianza hacia la policía, en su conjunto”.

El Presidente de Ciudadanos Organizados por Quintana Roo comentó que aunque el tema de Aguakán fue decisivo para el triunfo electoral de la actual presidenta municipal Cristina Torres, quien prometió revertir la leonina concesión del agua que ha afectado la economía de los habitantes de Solidaridad, ésta no fue motivo sino de unas líneas en su Primer Informe, pero sin que la Alcaldesa elegida bajo las siglas del PAN-PRD informara si su gobierno está cumpliendo su promesa de revertir la concesión.

“En general vemos un informe de autocomplacencia, de un gobierno que no refleja la realidad local y que es incapaz de medir y presentar de manera objetiva logros o avances, que hasta ahora son imperceptibles a la ciudadanía”, sostuvo.

Por su parte, Fabiola Cortés Miranda, presidenta de Somos Tus Ojos, mencionó que el apartado “Gobierno eficiente y Transparente” está muy lejos de ser una realidad, pues el gobierno de Cristina Torres no ha cumplido ni con lo mínimo que es publicar los más de 60 indicadores de las obligaciones de transparencia establecidas en los artículos 91 y 93 de la Ley de Transparencia del estado.

Las alrededor de 60 fracciones de las obligaciones solo contienen formatos sin datos, o con información incompleta, desactualizada o inconexa. Citó por ejemplo, la fracción VIII, relativa a la nómina de los miles de empleados de Solidaridad, donde el link se encuentra inactivo, te remite a un “error”. Consideró que este caso es grave, puesto que una buena parte de los recursos públicos municipales se destinan al pago de “servicios personales” y los ciudadanos ni siquiera pueden conocer el nombre de los burócratas, qué función desempeñan, dónde y cuánto ganan.

“Desde hace años las nóminas se han utilizado para colocar a cientos de aviadores, por lo que el hecho de que el gobierno de Cristina Torres la oculte con un supuesto error técnico, nos lleva a inferir que se continúa con esta práctica”, aseveró.

Igualmente, destacó que en el Primer Informe de la Alcaldesa de Playa del Carmen existe un apartado denominado “gobierno abierto proactivo”, que nada tiene que ver con lo que es en realidad este concepto y que implica que los ciudadanos tienen una real participación en la administración pública, en temas como el presupuesto, en decidir cómo se gasta, cuánto y en qué rubros, qué obras deben realizarse, qué acciones deben ponerse en marcha, etcétera, y en el municipio Solidaridad eso no ocurre: “el gobierno de Cristina Torres está utilizando un término del que incluso desconoce su significado, si no cumple ni con las mínimas obligaciones de transparencia que le marca la ley, menos puede ofrecer a los ciudadanos un gobierno abierto”, aseveró la abogada y periodista.

Eduardo Arcila Corrupción

TIENE EL CONGRESO DE QROO 63 “ASISTENTES” QUE COBRAN ENTRE 4 MIL Y 50 MIL PESOS, POR HACER EL MISMO TRABAJO

CHETUMAL, MX.- Son 63 personas, cobran sueldos netos de entre 4 mil y 50 mil pesos mensuales, están contratados por honorarios y, aunque perciben salarios distintos,  todos hacen lo mismo, de acuerdo al contrato de prestación de servicios de cada uno de los empleados, según lo publicado en la sección de Transparencia del Congreso de Quintana Roo.

VER LISTA DE AYUDANTES DEL CONGRESO DE ENERO A ABRIL 

VER LISTA DE AYUDANTES DEL CONGRESO DE MAYO A AGOSTO

La XV Legislatura tiene 63 empleados contratados por honorarios y todos, no importa lo que ganen, cumplen un mismo y único encargo: “(…) prestar servicios a El Congreso, aplicando sus capacidades y conocimientos, consistentes en apoyo y asistencia. Los cuales se obliga a realizar en estricto apego a las instrucciones que al efecto emita El Congreso (…)”, según dice el contrato que hasta el pasado 30 de agosto podía descargarse en la sección de Transparencia desde la fracción XI del artículo 91, relativo a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

El formato recién eliminado sobre los empleados que desempeñan labores de “asistencia” y “apoyo” en el Congreso fue modificado apenas ayer, por lo que el contrato ya no está disponible en la página. En la nueva presentación de la información también se excluyen datos como la remuneración bruta y si el “colaborador” tiene prestaciones.

EL CONTRATO ELIMINADO DE LA PÁGINA DEL CONGRESO PUEDE DESCARGARSE AQUÍ

La XV Legislatura del Congreso, en lugar de cumplir lo que le ordena la fracción XI del artículo 91, relativo a “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su recisión”, como lo ordena la ley, prefirió retirar de su página el contrato-machote que exhibía que el Congreso está repleto de empleados que no desempeñan labores o trabajos necesarios, sino que se trata de “amigos” con cargo al erario, “aviadores” o de personal que realiza trabajos políticos directamente para los diputados y su partido pero que los ciudadanos debemos pagar.

FORMATO DE CONTRATACIONES POR HONORARIOS ELIMINADO DE LA PÁGINA

 

Apoyo y asistencia cuesta de 4 mil a 50 mil pesos

En el Congreso, por sus servicios de “apoyo y asistencia”, Yolanda Esther Uc Cruz, cobra 4 mil pesos mensuales, y por hacer lo mismo, Diana Ivón Sáenz Rivera, cobra 50 mil pesos de sueldo neto. Otro ejemplo, Paula Eunice Torres Bui cobra 5 mil pesos al mes, y por idéntico trabajo, según su contrato, Manuel Santiago López    Meneses, cobra 44 mil pesos mensuales. También hay los que cobran 9 mil pesos por idéntico servicio prestado, como Erika Jacqeline Constantino Cerda; o 25 mil pesos, como el recientemente fallecido Javier Villanueva Madrid, quien era hermano del ex gobernador Mario Villanueva y tío del diputado Carlos Mario Villanueva y quien cobró esa cantidad cada mes de enero a abril de este año.

 

Los “ayudantes” más caros

Los “prestadores de servicios” que más caro cuestan al erario son: Francisco Amaro   Lara, Fernando Haro Salinas, Javier Osorio Polanco, Jorge Augusto Rodríguez Escalante, Edgar Mauricio   Flores Chaverry, Sandra Nayeli   Kauil Moo, Mauro    Aguilar Nogales, y Manuel Alejandro Cab Salazar, pues cada uno de ellos ha cobrado 50 mil pesos mensuales de enero a abril de 2017.

También en la lista de los que más cobran por prestar servicios de “apoyo y asistencia” en el Congreso, están Manuel Santiago     López Meneses, quien percibe mensualmente 44 mil pesos; Antonia Hernández García, Ángel Isaac Vázquez Giovanniello y Elsy del Carmen Flores Solís, de enero a abril, han recibido 40 mil pesos cada mes.

Otra de las “contratadas” mejor pagadas es Karla Robles Miranda, quien se embolsa un sueldo de 32 mil pesos netos, y quien ha estado permanentemente “becada” por las hermanas Beristain Navarrete, pues también ha estado como “prestadora de servicios profesionales” en el Senado, con Luz María Beristain.

Entre los asistentes contratados, la mayoría de éstos cobran entre 10 mil y 25 mil pesos mensuales netos.

Por estos 63 empleados el Congreso debe erogar cada mes un millón 502 mil 630 pesos de dinero público, del que no está clara ni justificada su utilidad.

 

Un Congreso “transparente”, solo en boletines de prensa

El 14 de mayo de 2017, la Dirección de Comunicación Social del Congreso publicó un boletín de prensa titulado “Transparencia, herramienta para ciudadanos en democracia: Martínez Arcila”, en el que el diputado panista aseguró que “el proceso para lograr que la rendición de cuentas sea un mecanismo eficaz en el trabajo político no tiene reversa.” (…) “Los tiempos están cambiando; de manera gradual se dan pasos que vale la pena destacar, se han logrado cambios en un corto plazo que hace apenas unos meses eran inimaginables. La transición llegó y no podemos permitir que se dé marcha atrás”.

En otra parte del comunicado, el presidente de la Gran Comisión aseveró que “se ha cumplido al 100 por ciento con las obligaciones que marca la Ley de Transparencia, (y) el Congreso de Quintana Roo irá más allá para ratificar su compromiso con la rendición de cuentas.”.

Ver boletín

Lo aseverado por el legislador panista Eduardo Martínez se desmiente con una rápida y superficial revisión a la sección de Transparencia del Congreso, como la  referida en esta nota.

El 18 de junio de 2017 la Dirección de Comunicación Social del Congreso publicó otro boletín titulado “Cerramos paso a opacidad y corrupción: Martínez Arcila”

En éste se lee: “Las reformas para cerrar el paso a la opacidad y a la corrupción en el estado van a continuar, aseguró el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, quien señaló que los diputados que integran la XV Legislatura están comprometidos a avanzar en la agenda ciudadana porque la sociedad pide resultados.” (…)

Ver boletín

orlando idaipqroo opacidad

HASTA EL 2018 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE QROO RESOLVERÁ INCONFORMIDADES DE CIUDADANOS

CANCÚN, MX.- Aunque la Ley de Transparencia de Quintana Roo señala en su artículo 172 que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO) deberá resolver los recursos de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del recurso, prorrogables  por un período de veinte días más, el órgano garante respondió a ciudadanos del Colectivo Puerto Morelos Transparente que podría estar emitiendo sus resoluciones hasta el 2018, puesto que los recursos de revisión interpuestos hace dos meses ni siquiera han sido admitidos.

El Colectivo Puerto Morelos Transparente, que ha intentado obtener diversa información del ayuntamiento gobernado por la verde-ecologista Laura Fernández Piña interpuso cinco recursos de revisión el pasado junio, con lo que han transcurrido los primeros cuarenta días hábiles que tiene el Instituto de Acceso a la Información para resolver las inconformidades de los ciudadanos por las negativas de acceso a la información, sin que este órgano garante haya cumplido ni siquiera con la admisión de los recursos.

Este lunes, el abogado proyectista del IDAIQROO, Martín Navarrete, informó vía telefónica a uno de los integrantes de este colectivo ciudadano que los recursos de revisión aún no habían sido admitidos debido a la carga de trabajo, y además, que no había fecha pronta para su admisión, por lo que tampoco la había para su resolución.

El Colectivo Puerto Morelos Transparente solicitó a la alcaldesa Laura Fernández Piña ‘Proporcionar el nombre de las personas físicas y morales que han prestado algún servicio al ayuntamiento de Puerto Morelos, detallar que tipo de servicios y el monto pagado’;  ‘decir a cuánto asciende el adeudo del ayuntamiento de Puerto Morelos con sus proveedores, nombre de las personas físicas y morales a las que les adeuda y detallar el bien o servicio prestado’; ‘detallar cuántos inmuebles de los que ocupa el ayuntamiento de Puerto Morelos son arrendados, ubicación de los mismos, nombre del arrendador, monto pagado por el servicio y contrato de arrendamiento de cada inmueble en versión digital’; entre otras solicitudes de información que no han tenido respuesta.

Cabe recordar que los ciudadanos organizados de Puerto Morelos también denunciaron ante el Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo a la ex priista Laura Fernández por no poner a disposición de los ciudadanos, de forma abierta y permanente, la información pública obligatoria que marca el artículo 91 y 93 de la Ley de Transparencia del estado; y a pesar de que este Instituto verificó el incumplimiento, no emitió ninguna medida de apremio.

En lo que toca a los recursos de revisión, la Ley de Transparencia es clara en el sentido del cumplimiento de los plazos que tiene el IDAIPQROO para resolverlos, así como en lo relativo a su admisión, por  lo que el incumplimiento por parte del Instituto de Transparencia en la substanciación de los recursos en los tiempos legales estipulados es un asunto grave, ya que se trata del órgano que debería “garantizar” a los ciudadanos su derecho humano de acceso a la información.

Para Somos Tus Ojos es evidente la continuidad en la política de opacidad que caracterizó la administración de Roberto Borge Angulo, con un órgano garante sin independencia real y que sigue respondiendo a intereses contrarios a la transparencia y a la rendición de cuentas.

No sobra mencionar, que la Ley de Transparencia de Quintana Roo aprobada en mayo de 2016, es un texto deficiente, retrógrada y que no privilegia el derecho del ciudadano, pues mientras la Ley de Transparencia de Coahuila establece un plazo de 20 días, prorrogables 10 días más para la resolución de los recursos de revisión; y la del estado de  Tabasco 30 días, prorrogables por 10 días más, la ley de Quintana Roo se amplía hasta 60 días hábiles para resolver las inconformidades de los ciudadanos; aunque en la práctica puede prolongarse sin límite alguno.

transparencia Laura Fernández

“MEDIO” CUMPLE CON TRANSPARENCIA LAURA FERNÁNDEZ, ALCALDESA DE PUERTO MORELOS

PUERTO MORELOS, MX.-Luego de que el pasado 18 de julio venció el plazo que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) dio la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña para cumplir con la publicación de información en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT), entre la que se encuentra la remuneración bruta y neta de todos los empleados del ayuntamiento, los gastos de representación y viáticos, y el directorio de los servidores públicos, la Alcaldesa del Partido Verde ha cumplido parcialmente, a sabiendas de que el Instituto de Transparencia no puede aplicar sanciones hasta el 1 de enero de 2018 .

De una revisión del SIPOT se observa que Laura Fernández Piña no ha publicado toda la información que motivó la denuncia interpuesta por el Colectivo Puerto Morelos Transparente, con asesoría de Somos Tus Ojos.

La denuncia se interpuso en mayo pasado por no encontrarse disponible la información pública obligatoria correspondiente a las fracciones II, III, IV, VII, VIII y IX del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo. Una vez que el IDAIPQROO comprobó que los datos no estaban en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia, le dio un plazo de 15 días a Fernández Piña para cumplir.

Al día de la publicación de esta nota, en el SIPOT no existe la información relativa a la estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura a las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada Servidor Público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados (artículo 91, fracción II de la Ley de Transparencia de Quintana Roo). Aunque en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos se encuentra un organigrama en éste no se incluyen los nombres de los funcionarios y mucho menos sus atribuciones y responsabilidades.

De la fracción IV, “las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos” tampoco existe publicada información.

Uno de los rubros que mayor inquietud genera por absorber la mayor parte del presupuesto municipal es el de Servicios Personales, es decir, el que se destina al pago del personal, y en este punto, Fernández Piña ha sido renuente a hacer pública “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”, tal y como se lo ordena la fracción VIII del artículo 91 de la Ley de la materia.

¿EN QUÉ SÍ CUMPLIÓ LAURA FERNÁNDEZ?

Laura Fernández sí cumplió con publicar la información de la fracción III del referido artículo 91, al poner a disposición 26 archivos en el que se describen las facultades de cada área de la administración municipal.

Igualmente ya se encuentra la información relativa a la fracción VII, donde se pueden leer los nombres de 215 servidores públicos. Dicha fracción del numeral 91 de la Ley de Transparencia obliga a publicar el directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha  de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

La Alcaldesa del novel municipio de Puerto Morelos igualmente puso a disposición 149 archivos en los que se detallan “los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente” (fracción IX del artículo 91), en los que se leen los nombres de los servidores públicos que han requerido viáticos, así como el motivo de la comisión. Cabe destacar que aunque Laura Fernández Piña ha realizado diversos viajes fuera del estado, su nombre no aparece en el listado, aunque sí figura el de su fotógrafo personal y el de los camarógrafos de Comunicación Social.

CIUDADANOS ESTÁN OBLIGADOS A EXIGIR CUENTAS

El Colectivo Puerto Morelos Transparente está integrado por ciudadanos de este municipio que se organizó para exigir cuentas a la primera presidenta municipal electa en este municipio de reciente creación, enfrentando desde un inicio una completa cerrazón por parte de la Unidad de Transparencia, que incluso se ha negado a entregar información básica, como el curriculum de los regidores.

A través de la solicitud 00325717 se requirió el curriculum vitae de los regidores a lo que la Unidad respondió: “al respecto le informo que, de acuerdo con el artículo décimo de la Ley Orgánica municipal del estado libre y soberano de Quintana Roo y el artículo séptimo de la Ley de los Municipios del estado de Quintana Roo, los miembros de un ayuntamiento, dentro de los cuales se encuentran los regidores del mismo, se eligen por sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible de los ciudadanos del estado, bajo el sistema electoral mixto de mayoría relativa y de representación proporcional. Por lo que los documentos personales y curriculares de los regidores deberán constar ante el Instituto Electoral correspondiente”.

Cabe destacar que la fracción XVII del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo obliga a publicar: “el perfil de los puestos y la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto”.

Solo a través de la exigencia en la rendición de cuentas los ciudadanos organizados lograremos una efectiva vigilancia del gasto público y del desempeño de los servidores públicos.

FIRMA-LAURA-FERNÁNDEZ-ACUERDO-PARA-CERRAR-LAS-PUERTAS-A-LA-CORRUPCIÓN-3

SE NIEGA ALCALDESA DE PUERTO MORELOS Y TODOS SUS FUNCIONARIOS A PUBLICAR 3 DE 3

 

PUERTO MORELOS, MX.-Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, municipio ubicado entre Cancún y Playa del Carmen, se negó a publicar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, a pesar de que es una de las obligaciones establecidas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

En su respuesta a la solicitud de información 00378617, la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos señala que ni la Alcaldesa, ni ninguno de los funcionarios del ayuntamiento harán pública su declaración patrimonial; en tanto que de la declaración fiscal y de conflicto de intereses no se pronunció: “(…) DEL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORELOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, NINGUNO HA AUTORIZADO HASTA EL MOMENTO SU PUBLICACIÓN, POR TAL RAZÓN, LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ÉSTA NO SE PÚBLICA”.

La Unidad de Transparencia de Laura Fernández Piña, funcionaria que estará buscando un escaño en el Senado en las próximas elecciones, trató de justificar la opacidad de la Alcaldesa del Partido Verde Ecologista de México con una absurda y enredada y respuesta:

“(…) la servidora pública de la cual se solicita la información determinó, en su momento, que se encuentra en espera de que se emitan los criterios y lineamientos necesarios así como que se realice la armonización estatal correspondiente a los ordenamientos nacionales para efectuar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor y hasta en tanto el Comité Coordinador de Sistema Nacional Anticorrupción , de conformidad con la ley de la materia, emita tales directrices y las resoluciones conducentes de su competencia”. (…)

RESPUESTA Laura Fernandez negativa declaración patrimonial

REGIDORES DE PUERTO MORELOS TAMBIÉN SE NEGARON A PRESENTAR 3 DE 3

Al igual que la presidenta municipal, Laura Fernández, los regidores de Puerto Morelos también se negaron a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

A la solicitud 00357817 en la que se requirió “proporcionar copia de la declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de interés, de cada uno de los regidores de Puerto Morelos (conocida como 3 de 3)”; la Contraloría municipal contestó lo siguiente: “Al respecto de proporcionar copia de la declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de interés, de cada uno de los regidores de Puerto Morelos, conocida como 3 de 3, le comunico que NO ES POSIBLE otorgar dicha información, ya que de acuerdo a lo previsto en la Legislación de la materia vigente en nuestro estado, no existe una declaración que contenga los términos solicitados.”

Cabe destacar que en la fracción XII del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo se establece como una obligación para todos los sujetos obligados, publicar “la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de los últimos 5 años, de los servidores públicos que determine la normatividad aplicable”.

Por la negativa de los regidores a entregar la información requerida, el Colectivo Puerto Morelos Transparente interpuso el recurso de revisión correspondiente con el acompañamiento de Somos Tus Ojos.

Cabe destacar que la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos, dirigida por Augusto Rivero Bolio, enfrenta numerosas quejas y recursos de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) por incumplir en la publicación de las obligaciones de transparencia, así como por la frecuente negativa de entregar información pública.

FIRMÓ PUERTO MORELOS ACUERDO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PERO SOLO PARA LA FOTO

El cuatro de mayo pasado, el ayuntamiento de Puerto Morelos firmó con la Secretaría de la Gestión Pública el Acuerdo de Coordinación para el “fortalecimiento del sistema municipal de control y evaluación de la gestión pública, y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción”, sin embargo, ha incumplido en todo dicho acuerdo.

En la Declaración “D” del referido Acuerdo, la alcaldesa Laura Fernández afirmó que “(…) comparte con el Ejecutivo Estatal el compromiso de aplicar con honestidad, eficacia y transparencia los recursos públicos federales y estatales, para satisfacer adecuadamente las necesidades de la población de la entidad federativa, por lo que es de su interés participar en la lucha contra la corrupción en el ámbito estatal y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.”

Nada más alejado de la realidad…

Por parte del ayuntamiento de Puerto Morelos firmaron el documento Laura Fernández Piña; el Secretario general, Francisco Mendoza Reyna; el titular de la Unidad de Transparencia, Augusto Rivero Bolio, y la contralora Nancy González González, quien antes de hacerse cargo de la Contraloría de Puerto Morelos, fue presidenta del Concejo del Instituto Electoral de Quintana Roo en ese municipio, y fue quien recibió las denuncias que pusieron en evidencia la coacción del voto que dieron el triunfo a Laura Fernández, mismas que se encargó de desechar.

VER ACUERDO DE COORDINACIÓN

Colectivo Puerto Morelos Transparente

IDAIPQROO da 15 días a alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández, para publicar información

PUERTO MORELOS, MX.-La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, tiene un plazo de quince días para publicar información como la remuneración bruta y neta de todos los empleados del ayuntamiento; los gastos de representación y viáticos, así como el directorio de los servidores públicos, lo anterior luego de que el Colectivo Puerto Morelos Transparente, con el acompañamiento de Somos Tus Ojos, interpuso en mayo pasado una denuncia ante el Instituto de Transparencia de Quintana Roo por no encontrarse dicha información que es de publicación obligatoria.

En respuesta a la queja ciudadana, Augusto Rivero Bolio, director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ayuntamiento de Puerto Morelos, pretendió “justificar” que por tratarse de un municipio nuevo “cuenta de momento con limitados recursos humanos y materiales; aún se encuentran en proceso de determinar ciertos lineamientos y disposiciones que les permitirá, en su momento, hacer publica toda la información que les corresponda registrar en los portales digitales correspondientes”.

Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) desestimó dicho pretexto toda vez que el integrante del Colectivo Puerto Morelos Transparente denunció la falta de información en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT), y no en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, además de que considerando la declaración de creación del nuevo municipio, éste ya tenía 18 meses en funciones y recaudando impuestos.

Así pues, gracias a la participación del colectivo de ciudadanos, la presidenta municipal, Laura Fernández, deberá publicar la información materia de la denuncia.

Cabe destacar que el ayuntamiento gobernado por Laura Fernández Piña es el más opaco de Quintana Roo, pues no solo no ha cumplido con publicar la información obligatoria, de acuerdo al artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, sino que el director de la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos, Augusto Rivero Bolio, con los más rebuscados y absurdos pretextos se ha negado a dar satisfactoria respuesta a las solicitudes de información presentadas por los integrantes del Colectivo Puerto Morelos Transparente.

La información que deberá publicar el ayuntamiento administrado por Laura Fernández a más tardar en quince días, es la relativa a las fracciones II, III, IV, VII, VIII y IX del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

La fracción II se refiere a la estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura a las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada Servidor Público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados.

Fracción III.- La facultades de cada área.

Fracción IV.- Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos.

Fracción VII.- El director de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha  de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

Fracción VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

Fracción IX.- Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.

VER ARCHIVO ADJUNTO: 

DENUNCIA-TRANSPARENCIA-LAURA-FERNANDEZ-PUERTO-MORELOS

cancun opaco transparencia

Cancún y Puerto Morelos, ayuntamientos gobernados por el PVEM, “brillan” por su opacidad

CANCÚN, MX, 10/05/2017.- Los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) y Puerto Morelos, ambos municipios gobernados por el Partido Verde Ecologista de México destacan pero por su opacidad, pues ninguno de los dos ha registrado dato alguno en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), es decir, no ha cumplido con las por lo menos 50 obligaciones de Transparencia que le mandata el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

Así pues, en el SIPOT no se consigna ni información mínima como el marco normativo, la estructura orgánica, las facultades de cada área, las metas y objetivos de cada área, o el directorio de todos los servidores públicos.

cancun opaco transparenciaMenos aún, los ayuntamientos rinden cuentas sobre la remuneración bruta y neta de cada uno de los empleados; los nombres de las personas contratadas por honorarios y qué servicio prestan; las declaraciones de la situación patrimonial, fiscal y conflicto de interés; el padrón de beneficiarios de programas sociales; ni la relativa a los montos destinados a comunicación social y publicidad, precisando el nombre de las personas físicas y morales que reciben recursos por este concepto.

Sobre las finanzas de los ayuntamientos gobernados por los del PVEM no se puede saber ningún dato, ya que no se tiene información sobre el presupuesto asignado, los informes del ejercicio trimestral del gasto, la deuda pública, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y el resultado de la dictaminación de los estados financieros.

A pesar de que el tres de mayo pasado, funcionarios municipales de Cancún anunciaron en conferencia de prensa un “Benito Juárez de 10” en materia de transparencia, la realidad es totalmente opuesta, pues en el SIPOT no se ha consignado ninguna información ni dato, y la página de transparencia del ayuntamiento, presentada ese día como de gran “innovación”, no funciona.

Por su parte, la ex priista Laura Fernández Piña y quien recientemente se afilió al PVEM ha destacado en su administración como una de las funcionarias más opacas, pues no solo ha incumplido con el rubro de transparencia en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, y en el SIPOT, sino su administración ha sido omisa en dar respuesta a ciudadanos que han tenido que transitar por un verdadero viacrucis para obtener información parcial y datos incompletos, al grado de que solo a través de un amparo promovido por un integrante del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) se logró obtener información sobre el número de empleados que tiene el ayuntamiento.

respuesta ilegible transparencia Puerto Morelos

Solidaridad, tarea a medias y mal hecha

Solidaridad (Playa del Carmen), municipio gobernado por Cristina Torres, política priista que fue arropada por la alianza PAN-PRD, al igual que el actual gobernador Carlos Joaquín González, es la que cumplió mayormente con el registro de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, comparada con el resto de los municipios de la zona norte de Quintana Roo, todos caracterizados por basar su economía en el turismo. Sin embargo, la calidad de los datos es en la mayoría de los casos parcial, incompleta e incomprensible.

Así en el la obligación relacionada con el marco normativo aplicable, tiene 81 registros; en  la de la estructura orgánica muestra 16 registros, de los cuales 15 corresponden al Instituto del Deporte y uno al Instituto de las Mujeres.

La fracción IV del artículo 91 de la Ley de Transparencia que requiere información sobre “metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos”, el ayuntamiento de Solidaridad tiene 124 registros en los que todas las dependencias y áreas tienen el único objetivo de “cumplir con la responsabilidad ética de generar servicios de calidad con un manejo transparente y honesto de los recursos públicos”.

Sobre los  indicadores  relacionados  con  temas  de  interés  público  o  trascendencia  social que  conforme a sus funciones, deban establecer los sujetos obligados, se cuentan con 92 registros, de los que no se puede deducir información clara, comprensible y menos útil para el ciudadano. En similares circunstancias está la fracción VI, relativa a “los indicadores  que  permitan   rendir   cuenta  de   sus   objetivos y   resultados,   así   como indicadores  de  impacto  y  evaluación  de  los  proyectos,  procesos  y  toda  otra  atribución  de  funciones” espacio que no provee de información que el ciudadano pueda considerar como una verdadera rendición de cuentas.

El directorio de servidores públicos tiene 1,045 registros; en facultades del área, se tienen 196 registros; en gastos en gastos por concepto de viáticos se encuentran 128 registros, pero no se detalla quién utilizó los viáticos;  en contrataciones de servicios profesionales, figuran 44 registros pero sin especificar el monto pagado, la función o trabajo prestado ni la remuneración mensual.

Sobre la fracción XXVII relativa a “las  concesiones,  contratos,  convenios,  permisos,  licencias  o  autorizaciones  otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del  titular,  vigencia,  tipo,  términos,  condiciones,  monto  y  modificaciones (…)”, se tienen 127 registros, de los cuales la mayoría son información de convenios de otorgamiento de créditos de programas y permisos de uso de la vía pública.

En apartados como Ia remuneración bruta y neta no hay registro alguno, tampoco en el total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza,  en la declaración de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses;  en las convocatorias a concurso para ocupar cargos públicos, en el padrón de beneficiarios de  programas  de  subsidios,  estímulos  y  apoyos; las  condiciones  generales  de  trabajo,  contratos  o  convenios  que  regulen  las  relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en  especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, sanciones administrativas, los   montos   destinados   a   gastos   relativos   a   comunicación   social   y   publicidad   oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña,  objeto de la misma, fecha de inicio y de término,

Los otros municipios de la zona norte que también incumplieron con la transparencia son Cozumel, gobernado por la panista Perla Tun, que registró información alguna en el SIPOT, en tanto que Isla Mujeres, administrado por el priista Juan Carrillo, registró mínimos datos.