Categoría: INAI

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SAT DEBE DAR FACTURAS DE SERVICIOS ESTATALES DE SALUD: INAI

El  Servicio de  Administración  Tributaria  (SAT)  debe  dar  a  conocer  las  facturas  o Comprobantes Fiscales  Digitales por  Internet emitidos  a  favor  de  los  Servicios Estatales de Salud (SESA) del estado de Quintana Roo, en 2016, resolvió el Instituto Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Protección  de  Datos Personales (INAI), tras analizar el recurso de revisión RRA 2196/18.

El particular que solicitó las facturas se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que el SAT las clasificó como confidenciales, argumentado que se encuentran protegidas por el secreto fiscal.

En alegatos, la autoridad fiscal reiteró la clasificación al señalar que contienen datos proporcionados por los contribuyentes u obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación, los cuales está obligado a proteger, de conformidad con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo, en  el  análisis  del  caso,  a  cargo  de  la  ponencia  del  comisionado presidente,  Francisco  Javier  Acuña  Llamas,  se determinó que  los  Servicios Estatales de Salud al ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituye una persona moral de derecho público.

En otras palabras, se trata de una entidad de carácter público sujeta al principio de transparencia, toda vez que ejerce recursos de la Federación, así como del estado de Quintana Roo y sus municipios. Por tanto, se concluyó que las facturas o comprobantes fiscales emitidos por el SAT a favor de los Servicios Estatales de Salud no pueden estar protegidos por el secreto fiscal porque derivan del ejercicio de recursos públicos.

“La publicidad  de  la  información  patrimonial  de  personas  morales  de  derecho Público no lesiona el bien jurídico tutelado que ampara el secreto fiscal; ello es así, toda vez que, por mandato constitucional, la información relativa a la administración de los  recursos  económicos  de  los  organismos  públicos  de  los  tres  órdenes  de gobierno debe sujetarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas”, sostuvo el comisionado presidente al presentar el caso ante el Pleno.

En ese sentido, el Pleno del INAI revocó la respuesta del SAT y le instruyó entregar a la particular las facturas emitidas a favor de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo, en 2016. En caso de que contenga datos como el Registro Federal  de  Contribuyentes  de  alguna  persona  física  o  la  CLABE  interbancaria, deberá elaborar versiones públicas. (Con información del INAI)

Colectivo Puerto Morelos Transparente

IDAIPQROO da 15 días a alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández, para publicar información

PUERTO MORELOS, MX.-La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, tiene un plazo de quince días para publicar información como la remuneración bruta y neta de todos los empleados del ayuntamiento; los gastos de representación y viáticos, así como el directorio de los servidores públicos, lo anterior luego de que el Colectivo Puerto Morelos Transparente, con el acompañamiento de Somos Tus Ojos, interpuso en mayo pasado una denuncia ante el Instituto de Transparencia de Quintana Roo por no encontrarse dicha información que es de publicación obligatoria.

En respuesta a la queja ciudadana, Augusto Rivero Bolio, director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ayuntamiento de Puerto Morelos, pretendió “justificar” que por tratarse de un municipio nuevo “cuenta de momento con limitados recursos humanos y materiales; aún se encuentran en proceso de determinar ciertos lineamientos y disposiciones que les permitirá, en su momento, hacer publica toda la información que les corresponda registrar en los portales digitales correspondientes”.

Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) desestimó dicho pretexto toda vez que el integrante del Colectivo Puerto Morelos Transparente denunció la falta de información en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT), y no en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, además de que considerando la declaración de creación del nuevo municipio, éste ya tenía 18 meses en funciones y recaudando impuestos.

Así pues, gracias a la participación del colectivo de ciudadanos, la presidenta municipal, Laura Fernández, deberá publicar la información materia de la denuncia.

Cabe destacar que el ayuntamiento gobernado por Laura Fernández Piña es el más opaco de Quintana Roo, pues no solo no ha cumplido con publicar la información obligatoria, de acuerdo al artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, sino que el director de la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos, Augusto Rivero Bolio, con los más rebuscados y absurdos pretextos se ha negado a dar satisfactoria respuesta a las solicitudes de información presentadas por los integrantes del Colectivo Puerto Morelos Transparente.

La información que deberá publicar el ayuntamiento administrado por Laura Fernández a más tardar en quince días, es la relativa a las fracciones II, III, IV, VII, VIII y IX del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

La fracción II se refiere a la estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura a las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada Servidor Público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados.

Fracción III.- La facultades de cada área.

Fracción IV.- Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos.

Fracción VII.- El director de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha  de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

Fracción VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

Fracción IX.- Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.

VER ARCHIVO ADJUNTO: 

DENUNCIA-TRANSPARENCIA-LAURA-FERNANDEZ-PUERTO-MORELOS

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Verificará INAI que estados cumplan con obligaciones de Transparencia

CIUDAD DE MÉXICO, 19/05/2017.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) iniciará a partir del 22 de mayo próximo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los 868 sujetos obligados de la federación.

El proceso de verificación diagnóstica se llevará a cabo en dos fases. La primera, del 22 de mayo al 14 de agosto, contempla la revisión de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General Transparencia Acceso a la Información Pública.

Entre la información que los sujetos obligados deberán publicar está la relativa al personal como la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación; las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado.

El INAI también verificará que se cumpla con la publicación de la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; la deuda pública;  y los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Los sujetos obligados también deberán cumplir con la publicación de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos; las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; y la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.

El INAI tendrá que verificar el cumplimiento de alrededor de 48 obligaciones comunes a todos los sujetos obligados, dependiendo de si éstas son de su competencia.

Los objetivos del Programa de verificación son definir el tipo, alcance y número de verificaciones a realizar durante el ejercicio 2017 y establecer una ruta  para el análisis de los resultados del proceso de verificación, así como el procedimiento para el diseño de políticas por parte del INAI.

De acuerdo a un comunicado del INAI, en la primera fase de verificación se detectarán “las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado” del ámbito federal y se formularan las observaciones y/o recomendaciones para el cumplimiento adecuado.

En la segunda fase, a efectuarse del 15 de agosto al 20 de diciembre, se prevé el seguimiento para corroborar que las observaciones y/o recomendaciones emitidas en la primera fase sean atendidas, así como para verificar que se cumplan los tiempos fijados para actualizar la información.

Para el proceso de verificación diagnóstica se tomarán como base los criterios y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.

La Secretaría de Acceso a la Información del INAI es el área responsable para supervisar el desarrollo de la verificación diagnóstica, atendiendo las competencias establecidas en el Estatuto, los Lineamientos de Verificación y el Manual de Procedimientos de Portales.

Aunque los sujetos obligados tenían hasta este este cinco de mayo para dar cumplimiento a la publicación de alrededor de 48 aspectos que transparentarían la gestión pública, contribuirían a la rendición de cuentas y serían de utilidad para prevenir actos de corrupción, el INAI falló en la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia; a su vez los estados fallaron en cumplir con sus obligaciones, por lo cual el órgano garante amplio el plazo de cumplimiento. (Con información del INAI)

JUEZ ORDENA A GOBERNADOR DE QROO GARANTIZAR ACCESO A LA INFORMACIÓN

JUEZ ORDENA A GOBERNADOR DE QROO GARANTIZAR ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL INFOMEXQROO

CANCÚN, MX, 05/09/2016.- El Juez quinto de distrito, con sede en Cancún, concedió el viernes pasado la suspensión definitiva en el amparo 1094/2016 interpuesto en contra del Acuerdo del gobernador Roberto Borge Angulo que extingue la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), y por el que  se dio de baja el sistema Infomexqroo.

La suspensión definitiva se solicitó para que durante el tiempo que se llevara a cabo la reestructuración administrativa en materia de transparencia, no se diera de baja el sistema Infomexqroo; lo anterior luego de que esta plataforma digital fue inhabilitada técnicamente, lo que privó a los ciudadanos de ejercer su derecho a la información.

El juez Ciro Carrera Santiago en el considerando cuarto de la suspensión definitiva señaló lo siguiente: “(…) considerando las manifestaciones contenidas en la demanda, así como atendiendo a la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada para efecto de que el Gobernador del estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, ordene a quien corresponda se restablezca el sistema INFOMEXQROO, vinculo diseñado para la recepción de solicitudes de información pública del poder ejecutivo en línea, en tanto se cree la respectiva unidad que será el enlace entre el sujeto obligado, y el solicitante, o bien, el portal en línea correspondiente.”

El Juzgador dio un término de cinco días al gobernador Roberto Borge Angulo para que cumpla con su mandato, “con el apercibimiento que de no acatarse, se procederá conforme a derecho”.

Lo anterior, impide al Gobernador suspender el sistema Infomexqroo, el cual se dio de baja desde finales de julio, lo que se pretendió justificar a través del “Acuerdo” de fecha 29 de julio, publicado en el Periódico Oficial del estado, por medio de cual se extinguió la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE).

El Juez federal consideró que en el citado Acuerdo no se establecía cómo los ciudadanos podrían acceder su derecho de acceso a la información, y al respecto señaló:

“Lo anterior, pues si bien es cierto que en el Acuerdo reclamado, en su artículo Octavo Transitorio se estableció que las solicitudes de información que formulen los ciudadanos para el acceso a la información pública y datos personales, las atenderá la Secretaría de la Gestión Pública, a través de la unidad administrativa que faculte para ello, también lo es que, a la fecha, no se tiene certidumbre de ante qué unidad adscrita a dicha Secretaría, se deben formular dichas solicitudes, ya que no se ha publicado acuerdo alguno de donde se advierta tal circunstancia”.

“Por tanto, al existir dicha incertidumbre y al ser la materia de transparencia y acceso a la información pública de orden público e interés social, se está contraviniendo el derecho humano de acceso a la información (…)”.

El pasado ocho de agosto Fabiola Cortés Miranda interpuso un amparo en contra del Acuerdo del 29 de julio por el que se ‘extinguía’ la UTAIPPE, ya que esto trajo consigo la baja del sistema InfomexqRoo, con lo que se privó a las personas de su derecho de acceso a la información.

Como en su momento se denunció, el Acuerdo ordenado por el gobernador Roberto Borge era violatorio a los derechos humanos, además de que representaba un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

 

idaipqroo consejeros

23 estados se suman a convocatoria de “Gobierno Abierto” del INAI. QRoo se queda fuera

 

CIUDAD DE MÉXICO.– Un total de 23  estados del  país se han  sumado a  la  iniciativa, convocada  por  el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para implementar ejercicios de Gobierno Abierto a nivel local.

Las entidades han  ratificado su  compromiso  para  crear  espacios  ciudadanos que permitan someter al escrutinio público el actuar del gobierno, revisar la operación de todos los servicios que ofrece y promover la participación  de las personas en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

En 2015, se sumaron a la iniciativa Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila,  Tlaxcala,  Hidalgo,  Baja  California,  Chiapas,  Tabasco,  Zacatecas  y San Luis Potosí, al suscribir la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto.

En junio pasado, lo hicieron Campeche, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México.

En  el  marco  de  la  estrategia,  las  entidades  han convenido instituir  Secretariados Técnicos Tripartitas Locales u órganos colegiados equivalentes, como mecanismos responsables  de  coordinar,  incorporar  y  orientar  los  intereses  de  los  actores  que participen en los ejercicios de Gobierno Abierto Local, así como establecer las rutas para   conformar   sus Planes   de   Acción,  cuyos   compromisos   deberán   estar encaminados a: Dar seguimiento  a  los  recursos  públicos, transparentar su asignación  y  ejercicio; fortalecer  la  Alianza  para  el  Gobierno  Abierto  en  el  ámbito  nacional;  promover  el conocimiento  y  ejercicio  del derecho de acceso  a  la  información; desarrollar mecanismos que permitan a la sociedad analizar y exigir cuentas del actuar de los servidores públicos, entre otros.

En  ese  sentido,  al  primer  semestre  de  2016,  los  estados  de  Veracruz,  Oaxaca,  Tlaxcala, Morelos y Durango publicaron sus Planes de Acción.

Además,  se  han  instalado  10  Secretariados  Técnicos Tripartitas  Locales  en  Morelos, Durango, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potosí.

Cabe  destacar  que en  los  ejercicios  de  Gobierno  Abierto  participan  más de  300 organizaciones  de  la  sociedad  civil,  65  autoridades  y  23  órganos garantes  de  la transparencia.