Categoría: Estadísticas e indicadores

presupuesto discrecional Quintana Roo

QUINTANA ROO EL ESTADO QUE MÁS DINERO GASTA DISCRECIONALMENTE EN EL PAÍS

CANCÚN, MX, 18/10/2018.- De acuerdo al Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2018), realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Quintana Roo es el estado del país que gasta más discrecionalmente, o en otras palabras, que gasta más a su antojo.

Según este índice, el gobierno de Carlos Joaquín González calculó en 26 mil 400 millones de pesos los ingresos para el 2017, pero en realidad recaudó 47 mil 300 millones de pesos, esto es 20 mil 900 millones de pesos más de lo que se proyectó, lo que representa 79% más de lo estimado. De igual forma el gobierno de Quintana Roo, gastó discrecionalmente mucho más de lo aprobado por el Congreso del estado, pues el presupuesto de egresos fue estimado en 26 mil 400 millones de pesos, pero se gastaron 49 mil 400 millones de pesos, es decir, 87% más.

Y aunque Carlos Joaquín González ha insistido en que no ha incrementado la deuda estatal, de acuerdo al estudio del IMCO, de los 20 mil 900 millones no presupuestados, 19 mil millones de pesos correspondieron a deuda adicional.

Entre los estados que más dinero gastaron a su antojo, sin presupuestarlo, están el gobierno veracruzano de Miguel Ángel Yunes Linares, con 42%; los gobiernos de Nuevo León (37%), Aguascalientes (34%), Durango (33%), Hidalgo (29%) y Guerrero (28%) que ‘destacaron’ por armar presupuestos a la baja y gastar mucho más.

Los estados que menos recursos dispusieron discrecionalmente fueron Chihuahua, que presupuestó un ingreso 58 mil 400 millones de pesos y solo alcanzó una recaudación de 57 mil 700 millones de pesos, y Tabasco, que calculó sobre un presupuesto de ingresos de 46 mil 800 millones de pesos y recaudó 47 mil 800 millones de pesos, esto es dispuso de apenas 2% más de recursos ‘excedentes’.

¿En qué utilizó Carlos Joaquín González el dinero no presupuestado?

Aunque Quintana Roo presupuestó una reducción de 25.2 por ciento en su gasto administrativo en 2017, la realidad es que gastó mucho más, pues lo incrementó en 39%. El gasto administrativo comprende servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

“Los estados de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo tuvieron las mayores variaciones en este rubro. El Poder Ejecutivo de Jalisco, aunque presupuestó 21,133.3 mdp en 2017, al cierre de dicho ejercicio fiscal gastó 40,417.8 mdp; es decir, prácticamente el doble (91.3% más) de lo autorizado en el presupuesto de egresos del estado. En el caso de Guerrero, la diferencia entre lo gastado y lo presupuestado fue de 44% (se presupuestaron 6,293.4 mdp y se gastaron 9,060.4 mdp). Por su parte, en Oaxaca y Quintana Roo las variaciones fueron de 40.1% y 38.8% respectivamente.”, señala el IMCO.

En el rubro de “materiales y suministros”, 29 entidades gastaron más de lo presupuestado, aumentando en conjunto 30.5% más recursos en la compra de materiales e insumos administrativos. “Destacan los casos de Zacatecas (214.9%), Guerrero (203.3%), Morelos (137.5%), Baja California Sur (112.3%), Quintana Roo (110.1%), y Oaxaca (103.2%) al ejercer más del doble de lo aprobado.”, se lee en el documento del IMCO.

El dinero no presupuestado también sirvió para aplicarlo discrecionalmente a Comunicación Social, rubro que se incrementó en 129% más de lo aprobado; en ceremonias oficiales se gastó 110% más de lo aprobado, y en combustibles 27% más de lo aprobado.

El IIEG mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales, y en su más reciente informe  señala que el cumplimiento en los presupuestos de egresos de las entidades federativas es un acto de simulación y discrecionalidad. Las entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado.

Además, la falta de acción por parte de los congresos locales es una muestra de que no son un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarías de finanzas, refiere el IMCO.

Los documentos relacionados con esta nota pueden consultarse AQUÍ.

 

el deficit meritocrático

LA JUSTICIA FEDERAL EN MÉXICO: EN MANOS DE JUECES Y SUS FAMILIARES

El papel de un juez es ser un árbitro imparcial y eficaz entre las partes que tienen un conflicto, por lo que se requiere que éstos sean capaces de hacer una interpretación neutral y experta de lo que dicen las leyes, sin embargo, de acuerdo a un análisis sobre el Poder Judicial federal de Julio Ríos Figueroa, a partir de datos del Consejero Felipe Borrego Estrada, y publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el Poder Judicial mexicano, es decir, toda la cadena de funcionarios judiciales, desde el de más bajo nivel hasta los jueces, provienen de un “proceso de selección” viciado por el nepotismo, la concesión de empleos o promociones sobre la base de relaciones de parentesco y no de mérito, lo que erosiona la confianza de los ciudadanos en la neutralidad y el profesionalismo de los jueces. Estas prácticas también afectan la motivación de los servidores públicos que laboran en la rama judicial y, por tanto, su eficacia.

68% CREE QUE EL FACTOR DECISIVO PARA CONTRATAR FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS ES TENER FAMILIARES EN EL PODER JUDICIAL

Según una encuesta reciente del World Justice Project, en México 68% de expertos y usuarios de la justicia percibe que el factor decisivo para la contratación y promoción de los funcionarios en los Juzgados y Tribunales federales es tener familiares en el Poder Judicial. Solo el 37% de personas encuestadas considera que el factor decisivo para la contratación es el mérito. Al mismo tiempo, el 65% están de acuerdo o muy de acuerdo en que la imparcialidad de las decisiones de Jueces y Magistrados Federales se ve afectada cuando su contratación y promoción no es meritocrática, y el 72% están de acuerdo o muy de acuerdo en que su eficacia se ve afectada por la misma situación. ¿Qué tan certeras son estas percepciones? ¿Qué tanto reflejan la situación real en el Poder Judicial de la Federación?

SOLO 5 DE 45 PUESTOS DEL PODER JUDICIAL SON ASIGNADOS POR CONCURSO

El Poder Judicial de la Federación es una constelación de instituciones que, en conjunto, colaboran en la compleja tarea de la administración de justicia. Para realizar esta labor se requieren muchas personas que ocupan una gran variedad de puestos de los cuales los más visibles son los de Juez de Distrito, Magistrado de Circuito y, por supuesto, el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Poder Judicial de la Federación se clasifican los puestos de acuerdo con diversos criterios. Entre los puestos más relevantes están los clasificados como parte de la carrera judicial, es decir, los puestos de los funcionarios que ingresan al Poder Judicial para participar de manera directa en la resolución de conflictos a partir de la interpretación y aplicación de las leyes que nos rigen, y eventualmente convertirse en juzgadores. Sin embargo, los puestos de carrera judicial son solamente cinco, de un total de cuarenta y cinco analizados en este reporte, a pesar de que hay más de cinco puestos de funcionarios que participan en el procesamiento de casos y la producción de sentencias. En una palabra, la carrera judicial en México está trunca, incompleta.

WebLa carrera judicial incompleta suma otra debilidad: la baja exigencia meritocrática. De los cinco puestos de carrera judicial solamente dos, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, requieren para su ingreso aprobar un procedimiento que conlleva un concurso de oposición de tres etapas con exámenes que buscan identificar distintas cualidades y capacidades en los aspirantes. Los tres puestos restantes de carrera judicial, así como otros cuarenta de los analizados en este reporte, se obtienen aprobando un examen psicométrico simple, cursos en línea, o por designación directa de un Juez o Magistrado cumpliendo ciertos requisitos mínimos. En otras palabras, al clasificar los puestos según el nivel de exigencia meritocrática requerida para obtenerlos encontramos que la gran mayoría son poco o nada exigentes. A esto se añade otra limitación: no existe una carrera administrativa dentro del Poder Judicial para los funcionarios que no quieren integrarse a la carrera judicial pero cuya labor de apoyo es también muy importante.

ÚNICAMENTE PUEDEN SER JUECES O MAGISTRADOS QUIENES YA FORMEN PARTE DEL PODER JUDICIAL

Incluso en los dos puestos que requieren concurso de oposición la competencia es limitada. El 87% (68 de 79) de las convocatorias a los concursos de oposición para Juez o Magistrado desde 1995 hasta 2016 fueron cerradas: solo pudieron inscribirse al concurso personas que ya laboraban en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, jóvenes abogados laborando en un despacho, en una oficina de gobierno, académicos o profesores de derecho, u otros abogados con vocación para volverse juzgadores no pueden participar en esos concursos. Hay al menos un par de concursos aún más cerrados pues solamente se abrieron para secretarios de estudio y cuenta de Ministros o Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Restringir artificialmente el universo de los posibles concursantes reduce la probabilidad de seleccionar a los mejores, limita la diversidad de perspectivas y trayectorias, y favorece a aquellos que habían logrado ingresar al Poder Judicial aunque fuera en un puesto sin un adecuado filtro meritocrático.

51% DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS CONTRATA A SUS FAMILIARES

La carrera judicial incompleta, y la competencia artificialmente limitada, se tornan mayores problemas cuando consideramos los vínculos familiares. Del total de titulares de órganos jurisdiccionales, es decir los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, un 51% tiene al menos un familiar laborando en el Poder Judicial. El 93% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los Jueces y Magistrados no cuentan con filtros meritocráticos. Solamente el 5% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los titulares tienen exigencia meritocrática alta. Entonces es posible que familiares consanguíneos de Jueces y Magistrados ingresen al Poder Judicial de la Federación en puestos que no cuentan con adecuados procedimientos meritocráticos y, si deciden concursar por un puesto de Juez o Magistrado, lo hagan en condiciones de competencia sesgada en su favor. La carrera judicial incompleta, la competencia artificialmente limitada para los puestos de Juez y Magistrado, y el nepotismo se retroalimentan y abonan al déficit meritocrático.

Sin embargo, las relaciones familiares no se concentran mayormente en los puestos de Jueces y Magistrados sino en los de Oficial Administrativo y secretarios de estudio y cuenta (tanto de Juzgado como de Tribunal). Del total de relaciones entre pares de familiares documentadas (N=4731), en 62% al menos uno de los dos individuos involucrados tiene el puesto de Oficial Administrativo; en 43% al menos uno es Secretario; y en 23% al menos uno es Juez o Magistrado.3 Los puestos de Oficial Administrativo y de Secretario de Juzgado o Tribunal no tienen el alto componente de exigencia meritocrática que deberían tener. Al mismo tiempo, son puestos relevantes pues son de función jurisdiccional, es decir, participan directamente en el procesamiento de casos y la elaboración de las sentencias junto con los Jueces y los Magistrados.4 En otras palabras, la mayor parte de las relaciones familiares se concentra en puestos jurisdiccionales que se otorgan y obtienen con demasiada discrecionalidad.

El 42% de las relaciones familiares documentadas (N=4731) son endogámicas o de intercambio. Las relaciones endogámicas son aquellas en las que un par de familiares trabaja en el mismo tribunal, juzgado, u otro de los órganos del Poder Judicial de la Federación (21% de las relaciones documentadas son endogámicas). Las relaciones de intercambio son aquellas en las que un par de Juzgados, Tribunales u otros órganos del Poder Judicial hacen contrataciones recíprocas de familiares. Por ejemplo, individuos que laboran en un Tribunal tienen familiares trabajando en otro Tribunal y, al mismo tiempo, individuos del segundo Tribunal tienen familiares laborando en el primero (21% de las relaciones documentadas son de intercambio).

Las relaciones endogámicas y las relaciones de intercambio son fenómenos que ocurren principalmente entre funcionarios que laboran en el Poder Judicial Federal pero que no son ni Jueces ni Magistrados. En concreto, solamente en el 5% de las relaciones endogámicas está involucrado un Juez o Magistrado. Por otro lado, en el 25% de las relaciones de intercambio está involucrado al menos un Juez o Magistrado. Hay más titulares (es decir, Jueces o Magistrados) participando en relaciones de intercambio que en relaciones endogámicas, pero éstos no participan directamente en las tres cuartas partes de las relaciones de intercambio. En otras palabras, los protagonistas en las relaciones endogámicas y de intercambio son los Oficiales Administrativos y los Secretarios de Juzgado y Tribunal.

CONTRATAR FAMILIARES GENERA LEALTAD Y GRATITUD…ENTRE LOS PARIENTES

Las redes familiares son conjuntos de relaciones familiares, es decir, situaciones en las que hay más de un par de individuos de una misma familia trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Las redes de familiares se forman con una finalidad, por ejemplo repartir cargos entre familiares con el propósito de ayudarlos económicamente, dada una situación de necesidad o precariedad, esperando a cambio gratitud y regreso de favores en ámbitos no necesariamente relacionados con la cuestión laboral. Es posible también que se formen redes familiares con fines potencialmente más perniciosos, por ejemplo, influir en la producción o el sentido de las sentencias. Del total de relaciones familiares documentadas (N=4731) el 70% (3217 relaciones) son relaciones en donde ambas personas tienen un puesto de función jurisdiccional (Juez, Magistrado, Secretario, Actuario, u Oficial Administrativo). Y en 14% (658 relaciones) podemos hablar de una red de al menos cuatro miembros de una misma familia donde cada uno tiene un puesto de función jurisdiccional. Las redes familiares jurisdiccionales merecen un escrutinio especial debido a sus potenciales efectos nocivos para los fines y la integridad del Poder Judicial.

LA REALIDAD PUEDE SER PEOR QUE LA PRESENTADA POR EL ESTUDIO

Este reporte documenta patrones institucionales en el Poder Judicial de la Federación que están relacionados con nepotismo y la formación de redes familiares en su interior. El análisis de los datos, y por tanto el diagnóstico, es conservador: el reporte simplemente describe los patrones que se pueden identificar a partir de los datos recolectados por el Consejero Felipe Borrego Estrada y su equipo. Estos datos constituyen una fuente riquísima para estudiar el tema pero también tienen limitaciones, por lo que es probable que en realidad la magnitud del problema sea mayor. En suma, el diagnóstico es conservador y, sin embargo, los hallazgos revelan una situación crítica que requiere atención.

La transformadora reforma judicial de 1994 incluyó como una de sus piezas clave la carrera judicial: un sistema de selección y promoción de los juzgadores federales basado en el mérito, en las capacidades de los individuos, “a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional”, como dice textualmente la exposición de motivos. Este reporte documenta que a casi 25 años de esta reforma si bien existen logros importantes también hay un déficit meritocrático en el Poder Judicial de la Federación. El reporte identifica que el déficit es producto tanto de las limitaciones de la arquitectura institucional y organización administrativa del Poder Judicial como del nepotismo y las redes familiares que lo habitan, y que ambos factores se retroalimentan.

Las acciones y ajustes necesarios para saldar el déficit meritocrático en el Poder Judicial de la Federación deben recuperar y profundizar el espíritu de la reforma de 1994. El objetivo debe ser preservar el profesionalismo y la neutralidad de los juzgadores y funcionarios judiciales, así como la percepción de ambas características entre los ciudadanos. El mérito, transparente y eficazmente evaluado, es el mejor antídoto contra acusaciones de favoritismo basadas en relaciones familiares. No está mal per se que familiares laboren en la misma institución, siempre y cuando tengan los méritos y las capacidades requeridas. En este sentido, la carrera judicial debe ser extendida y fortalecida. La transparencia es también eficaz contra las dudas sobre la neutralidad de los funcionarios en el desempeño de sus funciones. Es importante institucionalizar declaraciones de conflicto de interés exhaustivas, y éstas deben ser actualizadas frecuentemente. El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben liderar el esfuerzo de diagnóstico y reformas en estos temas. El Poder Judicial de la Federación es una de las instituciones más relevantes para el buen funcionamiento de la democracia: su prestigio, fortaleza y eficacia son condición necesaria para que el régimen democrático produzca resultados favorables a los ciudadanos y al país en su conjunto.

MÉXICO SUPERA POR MUCHO EL NEPOTISMO DE OTROS PAÍSES

Estas cifras son altas si las comparamos con estudios sistemáticos similares. Por ejemplo, en España dentro del Tribunal de Cuentas aproximadamente el 14% de la plantilla de servidores públicos tienen vínculos familiares dentro de la institución, mientras que en los Estados Unidos el 7.9% de los entrevistados del Department of Justice reportan nepotismo en la contratación de funcionarios.

Nótese que, en el dato mencionado, la suma de porcentajes es mayor a cien porque se toma en cuenta si alguno de los dos individuos involucrados en una relación tiene el puesto indicado. Por lo tanto, la relación entre un Juez y un oficial administrativo es contada en la cifra que da el número de relaciones con al menos un Juez, y también en la cifra que da el número de relaciones con al menos un oficial administrativo.

Sin embargo, y como un ejemplo del desorden organizacional y la falta de relación entre las categorizaciones de los puestos, solamente el puesto de secretario de estudios y cuenta es de carrera judicial. El puesto de oficial administrativo es de base, aunque sea también de función jurisdiccional.

Por ejemplo, las relaciones familiares no están completas: se identifica la relación entre un trabajador y su hijo (si también trabaja en el Poder judicial), y entre ese mismo trabajador y su hija (si también trabaja en el Poder judicial), pero no se identifica sistemáticamente la relación entre los hermanos. Los datos recolectados no incluyen información del Primer Circuito (Ciudad de México) ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los del Segundo Circuito (Estado de México) están incompletos (faltan los de Toluca). Esto quiere decir que las relaciones familiares documentadas en el reporte son muy probablemente menos de las que realmente hay. (Con información de Nexos y Mexicanos Contra la Corrupción)

Ciudadanos Unidos por QRoo Somos Tus Ojos

PRIMER INFORME DE ALCALDESA DE PLAYA DEL CARMEN, SIN DATOS Y AUTOCOMPLACIENTE: ASOCIACIONES

PLAYA DEL CARMEN, MX.-Este miércoles, las asociaciones Ciudadanos Organizados por Quintana Roo, MOCE Yax Kuxtal y Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, fijaron su postura sobre el Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, mismo que puede consultarse en este link.

Al respecto, Enrique Burton, presidente de Ciudadanos Organizados por Quintana Roo, se refirió a cada uno de los cinco apartados en los que se divide este Primer Informe, destacando, entre otros aspectos, que en prácticamente todo el documento no existen datos medibles de cómo se ha llevado la administración en materias de eficiencia en el gasto público, seguridad pública, desarrollo urbano sustentable, desarrollo económico y desarrollo social integral.

Destacó que no se presenta información que pueda ser verificada ni indicadores que puedan ser comparados, y mucho menos resultados cualitativos o cuantitativos, sino solo una descripción coloquial de supuestas acciones, como la relativa a que el actual gobierno municipal ha integrado a “funcionarios con empatía y sensibilidad”, pero sin que los ciudadanos puedan saber si también son funcionarios que cumplen con el perfil adecuado. Destacó que en este punto, se ha ignorado la propuesta ciudadana planteada en los foros para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, de implementar el Servicio de Carrera en la administración municipal y así determinar el ingreso, permanencia y promoción de los empleados y funcionarios municipales con criterios objetivos de idoneidad para el cargo.

Burton también hizo referencia a los Comités Vecinales destacados en el Primer Informe de la alcaldesa Cristina Torres (PAN-PRD) como ‘garantes de la participación ciudadana” en el ejercicio de la administración pública, donde únicamente se sabe que se han integrado 80 de estos comités, pero en el Informe no se menciona qué seguimiento y resultados han tenido las labores de esos comités, los cuales, subrayó resultan prácticamente desconocidos para los ciudadanos, de acuerdo a un sondeo realizado por la asociación que dirige.

Por otra parte, en el apartado de Seguridad Solidaria, el Primer Informe destaca las figuras de la “policía de proximidad” y los “comités vecinales”, de las cuales, sin embargo, la población no tiene ninguna referencia ni percibe su trabajo. En este tema, Ivánn Bon, activista, destacó que las casetas de policía, que son el primer contacto de las fuerzas de seguridad municipal con la ciudadanía continúan abandonadas.

Burton aseveró que en el tema de Seguridad Pública “el Primer Informe no contiene indicativos que permitan verificar la autenticidad o realidad de los temas, ya que no aporta datos precisos, cuantitativos y verificables. Contrariamente, lo que la ciudadanía sí vemos es el abandono de las casetas policiales que operaban en algunas colonias, el distanciamiento y la desconfianza hacia la policía, en su conjunto”.

El Presidente de Ciudadanos Organizados por Quintana Roo comentó que aunque el tema de Aguakán fue decisivo para el triunfo electoral de la actual presidenta municipal Cristina Torres, quien prometió revertir la leonina concesión del agua que ha afectado la economía de los habitantes de Solidaridad, ésta no fue motivo sino de unas líneas en su Primer Informe, pero sin que la Alcaldesa elegida bajo las siglas del PAN-PRD informara si su gobierno está cumpliendo su promesa de revertir la concesión.

“En general vemos un informe de autocomplacencia, de un gobierno que no refleja la realidad local y que es incapaz de medir y presentar de manera objetiva logros o avances, que hasta ahora son imperceptibles a la ciudadanía”, sostuvo.

Por su parte, Fabiola Cortés Miranda, presidenta de Somos Tus Ojos, mencionó que el apartado “Gobierno eficiente y Transparente” está muy lejos de ser una realidad, pues el gobierno de Cristina Torres no ha cumplido ni con lo mínimo que es publicar los más de 60 indicadores de las obligaciones de transparencia establecidas en los artículos 91 y 93 de la Ley de Transparencia del estado.

Las alrededor de 60 fracciones de las obligaciones solo contienen formatos sin datos, o con información incompleta, desactualizada o inconexa. Citó por ejemplo, la fracción VIII, relativa a la nómina de los miles de empleados de Solidaridad, donde el link se encuentra inactivo, te remite a un “error”. Consideró que este caso es grave, puesto que una buena parte de los recursos públicos municipales se destinan al pago de “servicios personales” y los ciudadanos ni siquiera pueden conocer el nombre de los burócratas, qué función desempeñan, dónde y cuánto ganan.

“Desde hace años las nóminas se han utilizado para colocar a cientos de aviadores, por lo que el hecho de que el gobierno de Cristina Torres la oculte con un supuesto error técnico, nos lleva a inferir que se continúa con esta práctica”, aseveró.

Igualmente, destacó que en el Primer Informe de la Alcaldesa de Playa del Carmen existe un apartado denominado “gobierno abierto proactivo”, que nada tiene que ver con lo que es en realidad este concepto y que implica que los ciudadanos tienen una real participación en la administración pública, en temas como el presupuesto, en decidir cómo se gasta, cuánto y en qué rubros, qué obras deben realizarse, qué acciones deben ponerse en marcha, etcétera, y en el municipio Solidaridad eso no ocurre: “el gobierno de Cristina Torres está utilizando un término del que incluso desconoce su significado, si no cumple ni con las mínimas obligaciones de transparencia que le marca la ley, menos puede ofrecer a los ciudadanos un gobierno abierto”, aseveró la abogada y periodista.

idaipqroo consejeros

23 estados se suman a convocatoria de “Gobierno Abierto” del INAI. QRoo se queda fuera

 

CIUDAD DE MÉXICO.– Un total de 23  estados del  país se han  sumado a  la  iniciativa, convocada  por  el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para implementar ejercicios de Gobierno Abierto a nivel local.

Las entidades han  ratificado su  compromiso  para  crear  espacios  ciudadanos que permitan someter al escrutinio público el actuar del gobierno, revisar la operación de todos los servicios que ofrece y promover la participación  de las personas en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

En 2015, se sumaron a la iniciativa Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila,  Tlaxcala,  Hidalgo,  Baja  California,  Chiapas,  Tabasco,  Zacatecas  y San Luis Potosí, al suscribir la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto.

En junio pasado, lo hicieron Campeche, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México.

En  el  marco  de  la  estrategia,  las  entidades  han convenido instituir  Secretariados Técnicos Tripartitas Locales u órganos colegiados equivalentes, como mecanismos responsables  de  coordinar,  incorporar  y  orientar  los  intereses  de  los  actores  que participen en los ejercicios de Gobierno Abierto Local, así como establecer las rutas para   conformar   sus Planes   de   Acción,  cuyos   compromisos   deberán   estar encaminados a: Dar seguimiento  a  los  recursos  públicos, transparentar su asignación  y  ejercicio; fortalecer  la  Alianza  para  el  Gobierno  Abierto  en  el  ámbito  nacional;  promover  el conocimiento  y  ejercicio  del derecho de acceso  a  la  información; desarrollar mecanismos que permitan a la sociedad analizar y exigir cuentas del actuar de los servidores públicos, entre otros.

En  ese  sentido,  al  primer  semestre  de  2016,  los  estados  de  Veracruz,  Oaxaca,  Tlaxcala, Morelos y Durango publicaron sus Planes de Acción.

Además,  se  han  instalado  10  Secretariados  Técnicos Tripartitas  Locales  en  Morelos, Durango, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potosí.

Cabe  destacar  que en  los  ejercicios  de  Gobierno  Abierto  participan  más de  300 organizaciones  de  la  sociedad  civil,  65  autoridades  y  23  órganos garantes  de  la transparencia.