Categoría: Desvío de recursos

Eduardo Arcila Corrupción

TIENE EL CONGRESO DE QROO 63 “ASISTENTES” QUE COBRAN ENTRE 4 MIL Y 50 MIL PESOS, POR HACER EL MISMO TRABAJO

CHETUMAL, MX.- Son 63 personas, cobran sueldos netos de entre 4 mil y 50 mil pesos mensuales, están contratados por honorarios y, aunque perciben salarios distintos,  todos hacen lo mismo, de acuerdo al contrato de prestación de servicios de cada uno de los empleados, según lo publicado en la sección de Transparencia del Congreso de Quintana Roo.

VER LISTA DE AYUDANTES DEL CONGRESO DE ENERO A ABRIL 

VER LISTA DE AYUDANTES DEL CONGRESO DE MAYO A AGOSTO

La XV Legislatura tiene 63 empleados contratados por honorarios y todos, no importa lo que ganen, cumplen un mismo y único encargo: “(…) prestar servicios a El Congreso, aplicando sus capacidades y conocimientos, consistentes en apoyo y asistencia. Los cuales se obliga a realizar en estricto apego a las instrucciones que al efecto emita El Congreso (…)”, según dice el contrato que hasta el pasado 30 de agosto podía descargarse en la sección de Transparencia desde la fracción XI del artículo 91, relativo a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

El formato recién eliminado sobre los empleados que desempeñan labores de “asistencia” y “apoyo” en el Congreso fue modificado apenas ayer, por lo que el contrato ya no está disponible en la página. En la nueva presentación de la información también se excluyen datos como la remuneración bruta y si el “colaborador” tiene prestaciones.

EL CONTRATO ELIMINADO DE LA PÁGINA DEL CONGRESO PUEDE DESCARGARSE AQUÍ

La XV Legislatura del Congreso, en lugar de cumplir lo que le ordena la fracción XI del artículo 91, relativo a “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su recisión”, como lo ordena la ley, prefirió retirar de su página el contrato-machote que exhibía que el Congreso está repleto de empleados que no desempeñan labores o trabajos necesarios, sino que se trata de “amigos” con cargo al erario, “aviadores” o de personal que realiza trabajos políticos directamente para los diputados y su partido pero que los ciudadanos debemos pagar.

FORMATO DE CONTRATACIONES POR HONORARIOS ELIMINADO DE LA PÁGINA

 

Apoyo y asistencia cuesta de 4 mil a 50 mil pesos

En el Congreso, por sus servicios de “apoyo y asistencia”, Yolanda Esther Uc Cruz, cobra 4 mil pesos mensuales, y por hacer lo mismo, Diana Ivón Sáenz Rivera, cobra 50 mil pesos de sueldo neto. Otro ejemplo, Paula Eunice Torres Bui cobra 5 mil pesos al mes, y por idéntico trabajo, según su contrato, Manuel Santiago López    Meneses, cobra 44 mil pesos mensuales. También hay los que cobran 9 mil pesos por idéntico servicio prestado, como Erika Jacqeline Constantino Cerda; o 25 mil pesos, como el recientemente fallecido Javier Villanueva Madrid, quien era hermano del ex gobernador Mario Villanueva y tío del diputado Carlos Mario Villanueva y quien cobró esa cantidad cada mes de enero a abril de este año.

 

Los “ayudantes” más caros

Los “prestadores de servicios” que más caro cuestan al erario son: Francisco Amaro   Lara, Fernando Haro Salinas, Javier Osorio Polanco, Jorge Augusto Rodríguez Escalante, Edgar Mauricio   Flores Chaverry, Sandra Nayeli   Kauil Moo, Mauro    Aguilar Nogales, y Manuel Alejandro Cab Salazar, pues cada uno de ellos ha cobrado 50 mil pesos mensuales de enero a abril de 2017.

También en la lista de los que más cobran por prestar servicios de “apoyo y asistencia” en el Congreso, están Manuel Santiago     López Meneses, quien percibe mensualmente 44 mil pesos; Antonia Hernández García, Ángel Isaac Vázquez Giovanniello y Elsy del Carmen Flores Solís, de enero a abril, han recibido 40 mil pesos cada mes.

Otra de las “contratadas” mejor pagadas es Karla Robles Miranda, quien se embolsa un sueldo de 32 mil pesos netos, y quien ha estado permanentemente “becada” por las hermanas Beristain Navarrete, pues también ha estado como “prestadora de servicios profesionales” en el Senado, con Luz María Beristain.

Entre los asistentes contratados, la mayoría de éstos cobran entre 10 mil y 25 mil pesos mensuales netos.

Por estos 63 empleados el Congreso debe erogar cada mes un millón 502 mil 630 pesos de dinero público, del que no está clara ni justificada su utilidad.

 

Un Congreso “transparente”, solo en boletines de prensa

El 14 de mayo de 2017, la Dirección de Comunicación Social del Congreso publicó un boletín de prensa titulado “Transparencia, herramienta para ciudadanos en democracia: Martínez Arcila”, en el que el diputado panista aseguró que “el proceso para lograr que la rendición de cuentas sea un mecanismo eficaz en el trabajo político no tiene reversa.” (…) “Los tiempos están cambiando; de manera gradual se dan pasos que vale la pena destacar, se han logrado cambios en un corto plazo que hace apenas unos meses eran inimaginables. La transición llegó y no podemos permitir que se dé marcha atrás”.

En otra parte del comunicado, el presidente de la Gran Comisión aseveró que “se ha cumplido al 100 por ciento con las obligaciones que marca la Ley de Transparencia, (y) el Congreso de Quintana Roo irá más allá para ratificar su compromiso con la rendición de cuentas.”.

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Lo aseverado por el legislador panista Eduardo Martínez se desmiente con una rápida y superficial revisión a la sección de Transparencia del Congreso, como la  referida en esta nota.

El 18 de junio de 2017 la Dirección de Comunicación Social del Congreso publicó otro boletín titulado “Cerramos paso a opacidad y corrupción: Martínez Arcila”

En éste se lee: “Las reformas para cerrar el paso a la opacidad y a la corrupción en el estado van a continuar, aseguró el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, quien señaló que los diputados que integran la XV Legislatura están comprometidos a avanzar en la agenda ciudadana porque la sociedad pide resultados.” (…)

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Cristina Torres Gomez alcaldesa Playa del Carmen3

PAGA ALCALDESA DE PLAYA DEL CARMEN “AVIADOR” DE 72 MIL PESOS. NI LA OFICIAL MAYOR LO CONOCE

Fabiola Cortés Miranda

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La alcaldesa de Playa del Carmen, electa por el PAN-PRD, Cristina Torres Gómez, paga 72 mil pesos a un abogado de nombre Abel García Hernández, de quien asegura la Oficialía Mayor “no fue ni es servidor público municipal”.

De acuerdo al contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, que puede consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, el profesionista fue contratado para trabajar directamente con la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, según se lee en la cláusula primera del mismo: “El municipio contrata a el prestador de servicios profesionales para que preste los servicios profesionales externos en materia legal, consistente en la asesoría y consultoría verbal o escrita, revisión de documentos, elaboración de proyectos, contratos, convenios o cualquier análogo que sea requerido por la Presidenta Municipal”.

CONTRATO ABEL GARCIA HERNANDEZ

Por los “trabajos” prestados el municipio se obliga a pagarle al profesional 72 mil pesos mensuales, según se lee en la cláusula tercera del contrato, mismo que puede consultarse en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT).

A través de la solicitud de información 00359017 se requirió al ayuntamiento de Solidaridad detallar qué trabajos ha realizado Abel García Hernández y decir desde cuándo fue contratado. La oficial mayor Samaria Angulo Sala respondió que “de acuerdo a la revisión física documental y de la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos de esta Oficialía Mayor, el C. Abel García Hernández, no fue ni es servidor público municipal”.

VER RESPUESTA DE LA OFICIAL MAYOR

Cabe aclarar que el referido abogado efectivamente no es servidor público, sino prestador de servicios profesionales, y en la solicitud de información se requiere saber qué trabajos ha realizado y desde cuándo fue contratado; más no si es o no servidor público. Lo particular del caso es que la Oficial Mayor no tiene ninguna información sobre el licenciado en derecho que cada mes cobra 72 mil pesos por prestar asesoría jurídica a la ex priista Cristina Torres.

El “súper asesor jurídico” de la Alcaldesa de Playa del Carmen y al que ni la Oficial Mayor conoce, gana tres veces más que el Director General de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, quien tiene un sueldo base mensual de 3 mil 121 pesos, más una compensación de 20 mil 049 pesos; de acuerdo a la plantilla de empleados solicitada a través de la Unidad de Transparencia. El titular de la Dirección Consultiva recibe de sueldo 2 mil 850 pesos, y de compensación 12 mil 157 pesos; mismo salario que se paga al Director de Asuntos Contenciosos. Por su parte, un “profesional especializado” percibe mil 752 pesos de sueldo base más 11 mil 452 pesos de compensación. Ni aún sumado el sueldo mensual de los cuatro funcionarios municipales que más ganan en la Dirección Jurídica éste se equipara al del abogado particular Abel García Hernández.

EMPLEADOS DIRECCION JURIDICA Solidaridad

Juan Pablo Guillermo Molina2

Rehúye Juan Pablo Guillermo a juicio político. Ex Tesorero de Borge se blinda

CANCÚN, MX, 03/05/2017.-Con un recurso de revisión en contra del juicio de amparo que obtuvo Somos Tus Ojos para regresar el juicio político al Congreso del estado, y con un nuevo amparo, Juan Pablo Guillermo Molina, quien fuera tesorero del ex gobernador  Roberto Borge Angulo, pretende evadir el proceso que lleva a cabo la Comisión Instructora de la XV Legislatura.

Juan Pablo Guillermo, señalado del desvío de 1,464 millones de pesos recaudados del impuesto al hospedaje de 2014 a agosto de 2015, interpuso un recurso de revisión en contra del amparo 725/2016 que el Juez Sexto de Distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama, otorgó a Somos Tus Ojos, mismo que será estudiado por el Tercer Tribunal Colegiado, que decidirá si subsiste el amparo o si lo revoca.

Además, Guillermo Molina, uno de los hombres más cercanos a Borge Angulo, también solicitó un amparo en contra de la Comisión de Justicia del Congreso del estado para evitar que prosiga el juicio político encaminado en su contra. El amparo 262/2017 también será analizado por el Juez Sexto de Distrito, quien de entrada negó la suspensión provisional requerida por el ex funcionario, pues de concedérsela se causaría perjuicio al interés social y al orden público.

En su razonamiento para  negar la suspensión de la continuación del juicio político, el Juez Sexto señaló “que de concederse la medida cautelar solicitada en éstos últimos términos, se atentaría contra disposiciones de orden público y se alteraría el interés social, ya que el juicio político de origen está autorizado por los numerales 109 y 110 de la Constitución Federal, debido a que la sociedad se encuentra interesada en que no se suspendan tales juicios. En efecto, el procedimiento de un juicio político tutela totalmente el interés público y no intereses particulares, ya que su único, objetivo es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública”.

El juzgador deja al arbitrio de la Comisión Instructora, la decisión de enviar o no la declaración de acusación al pleno de la Legislatura, es decir, que la Comisión Instructora puede continuar con el procedimiento de juicio político, en tanto, el juez de amparo se pronuncia sobre la suspensión definitiva solicitada por Juan Pablo Guillermo: “Por todo lo expuesto, debe colegirse que dicho efecto de los actos reclamados, no es susceptible de suspenderse, dado que la concesión de la suspensión de ese acto produciría la afectación del interés social y disposiciones de orden público, es decir, la sociedad está interesada en que los gobernados cumplan con las normas en esa materia. Sin embargo, con fundamento en los numerales 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sin suspender el procedimiento, la Comisión Instructora, en caso de considerarlo, no envíe la declaración de acusación a la Legislatura correspondiente, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva.”, concluye el sentenciador.

Mañana 4 de mayo a las 9:25 horas se celebrará la audiencia incidental en la que el Juez Sexto resolverá si concede o niega la suspensión definitiva a Juan Pablo Guillermo Molina, esto es, el procedimiento se frena o si continúa sobre el sustento de que detener el procedimiento afecta el interés social.

Roberto Borge juicio politico

INTERPONE SOMOS TUS OJOS JUICIO POLÍTICO CONTRA EL GOBERNADOR ROBERTO BORGE POR “REMATE” DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

CIUDAD DE MÉXICO 16/08/2016.- Esta martes se interpuso una demanda de Juicio Político en contra del gobernador Roberto Borge Angulo por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios y políticos, acción con la que causó un grave quebranto a las finanzas del estado, y por lo tanto un perjuicio al estado y a la sociedad quintanarroense.

A la demanda de juicio político se adjuntó un anexo con una relación con 44 predios que fueron vendidos con avalúos desactualizados, y a precios varias veces menor de su valor comercial, incluso a “cero pesos”; causando con ello un quebranto al erario estimado de por lo menos 1 099 492 370 (mil 99 millones 492 mil 370 pesos).

El cálculo del quebranto al erario se calculó con base en las subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real. En otros casos, el monto del quebranto se estimó de acuerdo al valor actual del mercado de predios ubicados en las mismas zonas y de dimensiones similares o equiparables.

Políticos, empresarios, funcionarios, amigos, fueron beneficiados con la venta a precios subvaluados de terrenos que fueron desincorporados del patrimonio del estado. Entre los nombres de los beneficiados se encuentran  los siguientes:

1.- El 8 de julio de 2014, un predio de 761.44 metros cuadrados, con 20 metros lineales de mar Caribe, ubicado en Puerto Morelos, fue vendido a Desarrollos Riviera Morelos, representada por Armando José Millet Molina, en 761 mil 440 pesos, un año después, Banorte otorgó a Desarrollos Riviera Morelos, un crédito por 63 millones de pesos, quedando como garantía el citado predio, lo que nos permite hacer una estimación del valor real del mismo. Como deudores solidarios quedaron Operadora Real del Mar SA de CV, Operadora Grand Residences, representadas por Kemil Assad Rizk Aziz y Fernando López Ruiz. Rizk Aziz, fue director general de Fonatur en el sexenio de Ernesto Zedillo, y estuvo involucrado en un desfalco realizado a través de Grupo Prodipe, en perjuicio del desarrollo turístico Puerto Escondido en Baja California Sur.

Por su parte, Armando José Millet Molina, es un empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida, perteneciente a la “aristocracia” de Yucatán. Es familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Quintana Roo, responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015.

La empresa de Millet Molina recibió tres predios de alrededor de 761 metros cuadrados cada uno, con un total de 60 metros lineales de  Mar Caribe, ubicados en Puerto Morelos, destino turístico que se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen.

2.- El 6 de agosto de 2014, otro predio de 1088 metros cuadrados, con 20 metros lineales de playa, ubicado en Puerto Morelos, fue “vendido” en 27 mil 110 pesos a Cándido Sansores Gamboa, pensionado del ISSSTE, desde el año 2012…

3.- El 27 de marzo de 2012, un predio de 10 mil metros cuadrados, ubicado en el bulevard Kukulkán, a la entrada de la zona hotelera de Cancún, fue vendido en tres millones de pesos. Actualmente un predio tres veces más grande se vende en 9 millones de dólares. Lo que permite dimensionar el quebranto.

4.- El 31 de mayo de 2011, un predio de  48 mil 065 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a ADECRO SA de CV, en 9 millones 766 mil 279 pesos, cuando el valor catastral del inmueble era de 48 millones de pesos.

ADECRO es representada por Abelardo Rubén Alcocer Hernández y Armando de Jesús Palma Peniche, socios de Grupo Promotora Residencial y de otras inmobiliarias que durante dos sexenios han sido ampliamente beneficiadas con predios desincorporados del patrimonio del estado.

5.- El 19 de junio de 2014, un predio de 53 mil 695 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a Manuel Merino Sosa, en 2 millones 766  mil 382 pesos. Actualmente, un lote de 28,963 metros cuadrados, ubicado en la misma zona, conocida como sascaberas, se vende en 60 millones 243 mil pesos. Merino Sosa fue beneficiado con otros dos predios de grandes dimensiones, también ubicados en esa zona.

6.- El 7 de abril de 2011, un predio de 51 mil 519 metros cuadrados, ubicado en la zona costera sur de Cozumel, de uso turístico hotelero, fue vendido a Eligio Marrufo Rejón, en 4 millones 190 mil 633 pesos. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos. Eligio Marrufo Rejón es padre del actual presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, quien es hombre muy cercano al ex gobernador Félix González Canto, y primo hermano de la esposa de éste, Narcedalia Martín. Fredy Marrufo era diputado local en la XIII Legislatura cuando su padre fue beneficiado por Roberto Borge con el predio en cuestión.

7.- El 7 de abril de 2011, un predio de 269 mil 628 metros cuadrados fue vendido a  Promotora y Constructora del Caribe, en 32 millones 355 mil 406 pesos; dos meses después, el predio quedó gravado por un crédito otorgado por Hipotecaria Casa Mexicana por 72 millones 642 mil pesos.

8.- Promotora y Constructora del Caribe, es una empresa de Juan Manuel Mercader Rodríguez, es un empresario del ramo de la construcción, al igual que su hermano, Juan Enrique Mercader Rodríguez, quien en el sexenio del ex gobernador Félix González Canto recibió contratos por 264 millones de pesos. Es también  hermano de Juan Pedro Mercader Rodríguez, actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

9.- El 6 de abril de 2011, un predio de 54 mil 621 m2, ubicado en la Costera sur de Cozumel, fue entregado a Eduardo Toledo Parra, propietario de Promovisión del Caribe, (Canal 10), en “dación en pago”. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos.

10.- El 13 de abril de 2011, un predio de 30 mil metros cuadrados, con 98 metros de mar Caribe, ubicado en la privilegiada zona de Punta Molas, en Cozumel, fue vendido en 6 millones de pesos a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, Descendiente de Fernando Barbachano Peón, quien hasta hace unos años era dueño de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá. Actualmente un predio de mil metros cuadrados en la zona tiene un precio de alrededor de un millón de pesos.

11.- El 10 de mayo de 2011 Barbachano Herrero recibió otro predio de 70 mil metros cuadrados en la misma zona de Punta Molas, con 5 mil 443 metros en línea quebrada con Mar Caribe, en 14 millones  de pesos.

12.- El 22 de junio de 2011, Mayazama, desarolladora de Aldea Zamá, en Tulum, recibió un predio de 13 mil 095 metros cuadrados, con una extensa zona costera, en 7 millones de pesos; tres años después, el mismo sirvió para constituir un fideicomiso por 39 millones de pesos.

13.- El 27 de septiembre de 2012, Mayazama recibió otro predio de 191 mil 834 metros cuadrados, con un valor catastral de 58 millones 267 mil 322 pesos, a un precio de 19 millones 197 mil 358.

14.- El 19 de julio de 2013, un predio de 16 mil 585 metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen, fue entregado por “cero pesos” a Ana María Ramos Zúñiga, quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija Damarys Verenice Menes Ramos, quien es esposa de Gabriel Menddicuti Loría, quien al momento de la entrega a título gratuito del predio, era Secretario de gobierno de Roberto Borge Angulo. Damarys Verenice Menes Ramos, entregó el predio en comodato al Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por ella y su esposo, la cual ha recibido también importantes recursos de la Sedesol.

15.- El 7 de diciembre de 2012, un predio de mil metros cuadrados, ubicado en Tulum, fue vendido en cinco mil pesos a Jaqueline González Canto, hermana del ex gobernador, y actual senador del PRI, Félix González Canto.

16.- El 6 de marzo de 2013, dos predios en Puerto Morelos, de 356 y 358 metros cuadrados, ubicados sobre la avenida Javier Rojo Gómez, la zona comercial de este destino turístico, fueron desincorporados del dominio público; uno fue vendido por 235 mil pesos a Rafael Moctezuma Ruiz, pensionado de los Servicios Estatales de Educación; y otro fue vendido a José Antonio Dzul Mass, en 235 mil 649 pesos. Un año después, ambos predios terminaron en manos de Eligio Hernández Carrillo, fiscalista y asesor del gobernador Gabino Cué, y quien estuvo involucrado en un fraude por mil 600 millones de pesos, a través de la outsourcing que manejaba la nómina del personal de gobierno del estado de Oaxaca, de acuerdo a fuentes periodísticas de ese estado.

 

El detalle de los 44 predios se adjuntó en un documento anexo y puede descargarse aquí.

 

Roberto Borge Angulo, es el poseedor y administrador de los bienes del estado y responsable directo del remate

Como Jefe del Ejecutivo, Roberto Borge Angulo es el responsable directo de los bienes del estado, de acuerdo a la Ley de Patrimonio de Quintana Roo, por lo tanto, fue él quien remató los predios para beneficiar a políticos, empresarios y amigos, con lo que causó un perjuicio al estado y a la sociedad.

De acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos, entre éstos los gobernadores de los estados, podrán ser sujetos de juicio político, “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 7º dice cuáles son los actos u omisiones de los servidores públicos que “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, y entre éstos menciona: “cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;”

En este caso, el gobernador Roberto Borge infringió lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otros aspectos menciona que “las (…) enajenaciones de todo tipo de bienes, (…)se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas (…) a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, pero, “cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.”

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo violó lo mandatado en el artículo 134 constitucional, al efectuar la venta de predios que eran patrimonio del estado, a precios subvaluados, para beneficiar a empresarios funcionarios y políticos.

La misma Constitución establece qué procede en el supuesto en el que las licitaciones públicas no sean idóneas, y suponiendo que este fuera el caso; el precepto constitucional dicta que las “leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado”.

Esto es, que de ninguna manera, los representantes de la federación y los estados pueden disponer a su libre arbitrio y voluntad de los recursos y bienes del estado, sino que deben sujetarse a las leyes federales o estatales o ambas, según sea el caso.

En el caso que se denuncia, es la Ley de Patrimonio del estado de Quintana Roo la que regula lo relativo a los bienes de dominio privado del estado, y la que señala bajo qué condiciones y en qué casos se pueden desincorporar dichos bienes; lo cual no se cumplió en el caso que se denuncia.

Es el artículo 57 de la Ley de Patrimonio del estado, la que fija que la responsabilidad sobre los bienes del patrimonio estatal, es del Gobernador, al respecto  señala

Corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado

I Establecer la política en materia de bienes patrimoniales estatales;

II Poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes patrimoniales del Estado a que se refiere esta Ley;

(…)

V Autorizar los actos y contratos sobre el uso, aprovechamiento y enajenación de los bienes de dominio del Estado y de los productos derivados de aquéllos, en los términos de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes;

Como se lee, Roberto Borge tenía la obligación de vigilar y conservar los bienes inmuebles del patrimonio estatal, y además “autorizar” las enajenaciones, por lo que su responsabilidad sobre el remate de los mismos es directa.

El monto estimado del desfalco al patrimonio estatal por las ventas de inmuebles a precios subvaluados, es de alrededor de mil millones de pesos, pero éste puede ser muy superior, ya que de acuerdo a información obtenida a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, hasta mediados del 2015, se habían desincorporado del dominio público un total de 308 predios: 102 en Cozumel; 69 en Othón P. Blanco (Chetumal, Mahahual, Bacalar); 99 en Solidaridad (Playa del Carmen y Tulum); y 38 en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

La demanda de juicio político fue interpuesta ayer y ratificada ante el director de Servicios Legales de la Cámara de Diputados, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez.

 

DESCARGAR Denuncia juicio político Gobernador Roberto Borge

Juan Pablo Guillermo Molina Juicio Político

Interpone Somos Tus Ojos demanda de Juicio Político contra el Secretario de Finanzas de QRoo por el desvío de mil 464 millones de pesos

CHETUMAL, MX, 25/04/2016.- Fabiola Cortés Miranda, en representación de la asociación “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, presentó en el Congreso local una demanda de Juicio Político en contra del Secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvió mil 464 millones 604 mil pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje, recaudados entre el 2014 y de enero a septiembre de 2015; recursos que dejaron de entregarse a los Fideicomisos de Promoción Turística del estado.

A  través de una investigación realizada durante alrededor de dos años, se documentó el desvío de los recursos que debieron destinarse para promoción turística de los destinos de Quintana Roo.

La demanda se ingresó ayer lunes a través de la Oficialía de Partes del Congreso del estado y se acompañó con 17 pruebas documentales obtenidas en diferentes momentos, por medio de las unidades de información del Poder Ejecutivo, y de los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen).

Entre los documentos presentados se encuentran los que detallan la deuda con proveedores que a la fecha tienen los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya; el primero por un total de 224 millones de pesos, y el segundo por 118 millones de pesos.

Otros documentos destacables que se anexaron como pruebas del millonario desvío de recursos, son las actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez (que comprende Cancún, Isla Mujeres, y Holbox) en las que en repetidas ocasiones los empresarios José Chapur Zahoul, propietario de la cadena Palace, así como el hotelero Abelardo Vara, expresan su preocupación y malestar porque la Secretaría de Finanzas no entrega los recursos del Impuesto al Hospedaje.

Por ejemplo, en el acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, celebrada el 24 de agosto de 2015, los empresarios hoteleros reprochan la falta de recursos para la promoción turística y muestran su preocupación por los adeudos En el punto 5 “Informe de seguimiento de acuerdos”, en lo relativo al Acuerdo 08/II/ORD/2015, en su segundo párrafo se lee lo siguiente:

“Los Sres. Abelardo Vara Rivera y José Antonio Chapur Zahoul, en referencia a los adeudos de ejercicios anteriores que tiene el fideicomiso con sus proveedores, así como las aportaciones del gobierno del estado pendientes de enterar de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, señalaron su preocupación por los adeudos que tienen, sin que se haya dado una solución a la fecha a pesar de que se ha venido insistiendo en ello. Recordaron la necesidad de hacer promoción del destino sea buena o mala la ocupación que se dé. Mencionaron también que no es posible tener la promoción que se requiere sin que se paguen las campañas y promociones tanto institucional como cooperativos. Hicieron un llamado al gobierno del estado a no desperdiciar los buenos tiempos de Cancún. El estado vive del turismo, la fuerza motriz de todo el estado es el turismo, por lo que es indispensable que se cubran dichos pasivos a la brevedad.

En esa misma acta, se hace referencia al Acuerdo O3/III/ORD/2015 en el que  “el Comité Técnico de manera unánime acordó se revisarán los adeudos pendientes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Estableciendo un plazo de un mes, en el que las Secretarías de Turismo y de Finanzas y Planeación deberán presentar una estrategia para cubrir los mencionados adeudos en un corto plazo”.

Este tipo de exhortos se repiten a lo largo de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, que es el órgano de gobierno y máxima autoridad del Fideicomiso.

En el caso del Fideicomiso de Solidaridad (que abarca Cozumel y Tulum), en los estados financieros anexos a las Sesiones del Comité se lee que el organismo de promoción se encuentra en quiebra total, lo cual también es advertido por el auditor externo, mismo que considera urgente que se le entreguen los recursos que le dejó de ministrar la Secretaría de Finanzas, así como ingresos extras para poder sanear su situación.

Por ejemplo, en el anexo del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, del 11 de diciembre de 2014, titulado “Informe de los auditores independientes”, en el subtítulo “Párrafos de énfasis”, en el tercer párrafo se advierte que el Fideicomiso de promoción turística de la Riviera Maya está en literal bancarrota, pues su pasivo circulante (deudas, gastos) supera por mucho su activo (ingresos), además de que ha perdido la totalidad de su patrimonio:

“El estado de posición financiera muestra un activo circulante de $70,250,574.11 y un pasivo circulante de $109,310,041.21, lo que da como resultado un exceso de pasivos circulantes sobre sus activos circulantes de $39,059,467.10, así también ya no cuenta con patrimonio como resultado de las aportaciones o ahorros, sino por lo contrario, tiene un saldo negativo de $38,839,008.22, estos importantes factores indican que el fideicomiso no tiene recursos suficientes, por lo tanto, tampoco cuenta con capacidad de pago para cumplir con sus compromisos y obligaciones con sus proveedores y acreedores, por lo que es necesario que éste obtenga lo más pronto el pago de sus aportaciones  del impuesto al hospedaje que se le adeudan al 31 de diciembre de 2014, así como también  que obtenga la autorización de recursos adicionales, de lo contrario esto afectará sensiblemente la marcha y la operación del fideicomiso”.

En algunas otras actas de asamblea se lee la cancelación de actividades de promoción como la requerida por la Secretaría de Turismo del estado quien solicitó se destinaran 100 mil euros para promocionar el vuelo Dublín-Cancún de la aerolínea del Grupo TUI. Pero ésta no se llevó a cabo por falta de recursos.

Igualmente se integró a la demanda un documento en el que se detalla la aportación de 1.5 millones de pesos por parte de la Tesorería de Solidaridad ante la incapacidad del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya para hacer frente a los compromisos de la organización del Festival de Jazz de la Riviera Maya 2015.

Otros documentos con los que se sustenta el desvío de recursos son las reiteradas negativas del titular de la SEFIPLAN, Juan Pablo Guillermo, de responder a las solicitudes de información sobre el destino de los recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje IAH.

Cabe recordar que el 18 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial la reforma al Decreto de creación de los fideicomisos de promoción turística impulsada por el gobernador Roberto Borge, lo que le dio a éste total discrecionalidad sobre el manejo de los recursos derivados de la recaudación del Impuesto al Hospedaje (IAH).

NOTA ACLARATORIA: Este martes se interpuso un escrito para precisar que la demanda es por el desvío de mil 464 millones 604 mil pesos, y no por mil millones 464 mil 604 pesos, como erróneamente dice en la demanda de inicio del juicio político.

En los próximos días haremos públicos los documentos que acompañan la demanda.

DESCARGAR Demanda Juicio Político contra Secretario de Finanzas de QRoo, Juan Pablo Guillermo

Así están los parques en Playa del Carmen

Denuncia Somos Tus Ojos a Director de Imagen Urbana de Playa del Carmen por desvío de 5 mdp

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Antonio Ramos Pérez, como integrante de la asociación “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, interpuso este lunes una denuncia ante la Contraloría de Solidaridad (Playa del Carmen) en contra del director de Imagen Municipal, Álvaro Juan Ugalde Rodríguez, por el desvío de 5 millones 547 mil pesos que debieron destinarse al mantenimiento de los parques públicos del municipio, mismos que no fueron aplicados.

En junio de 2015, Antonio Ramos interpuso una queja ante la Contraloría municipal en la que se denunció el abandono y deterioro en el que se encontraban los siguientes espacios públicos Parque 28 de Julio, ubicado en Avenida de las Naciones y Calle 80 de la Colonia Nueva Creación; Parque Ecológico ubicado en la Avenida México; Parque El Petén, ubicado en la Avenida del Carmen; Parque La Guadalupana, ubicado en la Avenida Xel-Há; y Parque Forjadores, ubicado en la avenida 105 Sur, entre 15 y 17.

Parque El Petén (2)Parque El Petén (1)parque Ejido (2)parque Ejido (1)

En su contestación a la queja, registrada con el folio 014/2015, el funcionario Álvaro Juan Ugalde afirmó que  dentro del presupuesto PBR 2015 se tenía programado realizar diversos trabajos como la reparación de la malla metálica que rodea los parques, la reposición de los juegos infantiles o en su caso el mantenimiento de los mismos; y la reposición y mantenimiento de palapas y mesas, aseverando que dichos trabajos se llevarían a cabo durante el 2015.

En una visita realizada este fin de semana a los referidos parques, se constató que éstos continúan en las mismas condiciones: los juegos infantiles rotos (lo que representa un riesgo para los niños), sin palapas ni mesas, y con las mallas metálicas deterioradas.

La misma situación prevalece en el Parque Leona Vicario, ubicado en avenida Juárez y avenida 15; Parque Zacil Há, ubicado en avenida 35 con calle 40. Col. Zacil Ha; Parque Ejido, ubicado en avenida 70 con calle 6. Col. Ejidal y Parque Bellavista, ubicado en avenida 120 y calle 3.

Parque Leona Vicario (2) Parque Leona Vicario (3)

A través de la solicitud de información 00232415 se requirió saber qué trabajos se realizaron en el 2015 en los siguientes parques: Parque 28 de Julio, Parque Ecológico, Parque El Petén, Parque La Guadalupana, y Parque Forjadores; así como qué presupuesto se destinó y qué empresa realizó las obras.

En respuesta, el titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Noel Crespo Vázquez, informó que en el 2015 la Dirección de Imagen Municipal contó con un presupuesto de 5,547,753.00 (Son cinco millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta  y tres pesos m.mn), para el MANTENIMIENTO y limpieza de parques, “no teniendo el monto invertido en cada instalación o parque”. Solicitud presupuesto parques

Sin embargo, el estado en el que se encuentran los cinco parques que motivaron la queja, en junio de 2015, así como los otros cuatro señalados en la denuncia ingresada hoy a Contraloría, ponen en evidencia que el recurso por 5 millones 547 mil pesos que debió destinarse al mantenimiento de los espacios públicos no se ejerció y no existe forma de comprobar su aplicación.

Parque Forjadores (1) parque Zacil Ha (1)

En la denuncia ingresada este lunes a la Contraloría municipal, se le requirió a este órgano, en cumplimiento de lo que establece el artículo 72, fracción II, de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo, que designe a un funcionario para que se traslade a los parques referidos en esta denuncia, con el objetivo de que constate personalmente y documente el estado de deterioro en el que se encuentran los mismos.

Reservan por 7 años queja sobre deterioro de parques públicos

El oficio de resolución de la queja, de junio de 2015, registrado bajo el rubro CM/DNCE/Q-06-640/2015, emitido por la Contraloría, en el que se resuelve la queja sobre la falta de mantenimiento de los parques públicos, fue reservado por el ayuntamiento de Solidaridad por siete años, es decir, si algún ciudadano lo solicitara a través de la Unidad de Transparencia municipal, no podría acceder al contenido del mismo.

En el oficio, se responde a la queja del ciudadano Antonio Ramos, en la que se expone de manera detallada la situación de deterioro de los parques; así como la contestación del director de Imagen Municipal, Álvaro Juan Ugalde Rodríguez, en la que asegura que los trabajos de reparación o reposición de juegos infantiles, palapas y mesas, se realizarían en el 2015.

Aquí se puede descargar el oficio reservado por siete años: queja Contraloria parques