Categoría: Corrupción

Quintana Roo transparencia corrupcion

GOBERNADOR DE QUINTANA ROO SE DIVIERTE CON DINERO PÚBLICO Y RESERVA INFORMACIÓN.

CANCÚN, MX.- En el 2017, la Secretaría Particular, una de las varias oficinas al servicio del gobernador Carlos Joaquín González reportó un gasto de 1 millón 34 mil pesos en un rubro denominado “gastos de orden social y cultural”; y hasta el primer semestre del 2018, dicha oficina ya había gastado en ese concepto 509 mil 42 pesos, siendo éste el último dato disponible, porque la Secretaría Particular “desapareció” el tres de octubre pasado para ser sustituida por otra oficina; sin embargo, se decidió reservar la información sobre qué funcionario realizó el gasto de poco más de un millón y medio de pesos y en qué gastó ese dinero.

En la respuesta a la solicitud de información 00949618, en la que se requirió “(…) decir qué servicios se han pagado dentro del rubro Gastos del orden social y cultural, detallar nombre del funcionario que los usó y fecha en la que los utilizó. Información del presupuesto 2017 y 2018”,

la Dirección Administrativa de la Secretaría Particular respondió:

“(…) tengo a bien anexar la información correspondiente a gastos de orden social y cultural, consistente a diversos servicios integrales de gastos realizados que no pueden desagregarse de otros conceptos (…). En cuanto a la información requerida del presupuesto 2017, esta se considera de carácter reservada (…)”.

Secretaria Particular Gasto social y cultural 2

El Comité de Transparencia de la Secretaría Particular reservó los datos solicitados por un periodo de 18 meses, contados a partir del doce de septiembre de 2017; la razón: por estar la información supuestamente en auditoria. En cuanto a los datos entregados, únicamente se proporcionó la información del primer trimestre del 2018, en el que se lee que entre el 8 de enero y el 24 de febrero de 2018, el presupuesto en “gastos del orden social y cultural” se gastó en seis “servicios de alimentos para eventos”. Cabe destacar que el presupuesto ejercido en el rubro  durante el primer trimestre de 2018 fue de 84,628 pesos, de acuerdo al presupuesto 2017 publicado en la página de la Secretaría Particular; sin embargo, no se proporcionó el nombre del funcionario o funcionarios que realizaron el gasto.

Gastos de orden social Carlos Joaquin

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a través de su Dirección de Comunicación Social ha mantenido una frenética publicidad para aparentar que su gobierno cumple con la transparencia y el combate a la corrupción; con frecuentes boletines referentes al tema como los siguientes:

9 de diciembre

La participación de la gente en acciones de gobierno abona a la transparencia, la honestidad y el combate a la corrupción: Carlos Joaquín

3 de diciembre

Quintana Roo impulsa y fortalece la democracia

29 de noviembre

Sólo la ciudadanía, como expresión concreta de la soberanía, ha de ser la base del cambio: Carlos Joaquín

15 de noviembre

Hacer más accesible la información es un reto del Sistema Nacional de Transparencia: Rafael del Pozo

9 de noviembre

Se presentan avances en la implementación de la Contraloría Social a nivel nacional

 

oxxo frente a primaria (2)

“PLATÍCALE AL GOBERNADOR”, AUNQUE NO TE ESCUCHE… OÍDOS SORDOS CONTRA OXXO’s DE ‘INFLUYENTES’ EN COZUMEL

COZUMEL, MX.- El 30 de enero pasado, es decir hace casi un año, vecinos de Cozumel aún confiaban en el Gobierno del Cambio, y acudieron a la audiencia pública “Platícale al Gobernador” efectuada en Cozumel para exponer la problemática que causan tres tiendas de conveniencia Oxxo en la Isla de las Golondrinas por incumplir con la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas en el estado de Quintana Roo, una de estas de la esposa del ex gobernador Félix González Canto; pero hasta ahora, las quejas ciudadanas solo tienen sellos y acuse de recibidas.

Uno de los OXXO a los que se les permite operar a pesar de contravenir la también conocida como ‘ley de alcoholes’, se ubica en la esquina de la avenida 85 con calle 23 sur, enfrente al campo deportivo Bicentenario, a escasos metros de la Iglesia “San Juan Diego” y a menos de 250 metros del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR # 33).

Por su ubicación y cercanía con un deportivo, una iglesia y una escuela; la tienda de conveniencia no podría haber obtenido licencia para expender bebidas alcohólicas, debido a la prohibición explícita del artículo 26, fracción V de la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas del estado, que señala que:

ARTÍCULO 26. No se otorgará la Licencia de Bebidas Alcohólicas en los siguientes casos:

(…)

V.- Cuando el solicitante pretenda domiciliar la licencia de bebidas alcohólicas, para los giros previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 17 de esta ley, en un inmueble ubicado a menos de 500 metros radiales de planteles educativos, parques públicos, templos religiosos, hospitales, centros deportivos, edificios públicos o de asistencia social y áreas de equipamiento.

En el escrito dirigido al gobernador Carlos Joaquín González, y entregado en audiencia pública, los vecinos señalan que además de que la ubicación de la tienda de conveniencia contraviene el ordenamiento legal referido, genera problemas: “además de ser violatorio a esta ley, existe una preocupación mayor por parte de los vecinos de la colonia Maravilla y Flamingos: radica principalmente en la tienda OXXO frente a la Unidad Deportiva Bicentenario, ya que en las tardes y noche de casi todos los días y con mayor frecuencia los fines de semana, los deportistas de futbol, básquetbol y beisbol concluyendo su actividad acuden a este OXXO tan cercano y se disponen a ingerir bebidas embriagantes en el estacionamiento de la tienda y que al no haber un baño para sus necesidades fisiológicas, causan un obsceno espectáculo orinando en áreas aledañas al inmueble.”, se lee en la petición entregada a Joaquín González por el maestro Ramiro Vélez Marino, quien ha llevado la voz de los vecinos y padres de familia inconformes ante las autoridades.

oxxo poder judicial3 (2)oxxo poder judicial3OXXO DEPORTIVA bicentenariooxxo frente a primaria (2)

Pero la cercana al Deportivo Bicentenario no es la única tienda Oxxo que opera en contravención a lo establecido por la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas en el estado de Quintana Roo; a ésta se suma el OXXO domiciliado en la esquina de la avenida Andrés Quintana Roo con la avenida Félix González Canto, establecido frente al Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) y a menos de 90 metros del edificio de Juicios Orales del Poder Judicial.

Otra tienda de conveniencia de la misma cadena y que también expende bebidas alcohólicas se ubica frente a la escuela primaria Emiliano Zapata (en turno matutino), Miguel Hidalgo (turno vespertino); en la esquina de Avenida 65 con calle 2 norte, precisamente en contra esquina de la escuela primaria. De acuerdo al “Padrón de contribuyentes que cuentan con licencias de bebidas alcohólicas”, obtenido por Somos Tus Ojos, vía transparencia, la licencia usada por este Oxxo para vender bebidas alcohólicas está a nombre de María Narcedalia Martín Villanueva, es decir, la esposa del ex gobernador Félix González Canto, y originalmente se le entregó para que la explotara el “Minisuper VIC”, anteriormente establecido allí.

En el documento entregado al Gobernador por los vecinos inconformes con las tiendas de conveniencia lamentan que el “influyentismo” y tráfico de influencias es lo que ha permitido a las tres tiendas de conveniencia expender bebidas alcohólicas sin apego a la ley, y presumen que ello se debe a que los mismos son propiedad del ex gobernador Félix González Canto y el ex presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo:

“(…) Presumimos que muy probable no tengan patente y quizá operan con permiso provisional o especial; corresponde a la autoridad verificar al respecto, consideramos que debieran operar sin venta de bebidas alcohólicas, pero en atención a que estos negocios son propiedad o tiene participación social el Sr. Félix Arturo González Canto, ya que de todos es sabido ha impulsado la proliferación de estas tiendas en Cozumel y quizá de todo el Estado, abusando del poder que ha ostentado y del tráfico de influencias para la venta de bebidas alcohólicas en estos establecimientos y quizá valga la pena una revisión a las demás tiendas que existen, pues muy probable haya situación similar en otras más”; demandan en su escrito los vecinos de Cozumel.

De una búsqueda en el “Padrón de contribuyentes que cuentan con licencias de bebidas alcohólicas”, no se encontró ninguna que coincidiera ni con el giro ni con la ubicación de las tiendas Oxxo ubicadas en la avenida 85 sur y en la avenida Andrés Quintana Roo, por lo que pareciera que la inferencia de los habitantes de Cozumel es correcta, en cuanto a que las tiendas pueden operar al margen de la ley por ser propiedad de influyentes personajes políticos.

Los vecinos de la Isla de las Golondrinas han hecho uso de los mecanismos de “atención ciudadana” establecidos por el gobierno de Carlos Joaquín González en dos ocasiones; la primera el 30 de enero de este año, en la audiencia pública Platícale al Gobernador, efectuada en el Centro de Convenciones de Cozumel, donde Layla Flores, funcionaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación, les recibió el documento.Atención Ciudadana del Ejecutivo 13-JUN.-2018.Hoja 1-1

Atención Ciudadana del Ejecutivo 13-JUN.-2018.Hoja 2-1La segunda ocasión en la que los vecinos de Cozumel expusieron la problemática, fue el 13 de junio pasado, en la “Caravana Juntos”, evento realizado en el Parque de la colonia Emiliano Zapata, y donde la titular de Atención Ciudadana del Ejecutivo, Diana Lagunas, recibió el escrito.

Hasta ahora ningún funcionario ha respondido a la demanda ciudadana.

Como parte de su promesa de ser un ‘gobierno cercano a la gente’ Carlos Joaquín González inició el 15 de marzo de 2017 las audiencias públicas “Platícale al Gobernador” en la que participan además del Gobernador, múltiples dependencias.

El pasado 26 de octubre, Joaquín González presentó otro programa de ‘vinculación con los ciudadanos’ llamado “Juntos Hacemos Más”, el cual consiste en la integración de “Consejos Consultivos Ciudadanos” en todas las dependencias y municipios, que supuestamente fungirán como enlaces y canal de comunicación entre el gobierno y la sociedad; aunque todo apunta a que se trata de una adelantada estructura electoral.

jorge castro tapia2

ILEGAL “LÍDER” TAXISTA DE PUERTO MORELOS. HACE UN AÑO LE FUE NEGADA LA TOMA DE NOTA

PUERTO MORELOS, MX.-  Jorge Castro Tapia, y quien el 27 de octubre del 2017 supuestamente ganó las elecciones en el sindicato de taxistas de Puerto Morelos “César Martín Rosado”, se desempaña ilegalmente desde hace casi un año, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo le negó la toma de nota como Secretario General, de acuerdo a documentos entregados por la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.

 

El primero de diciembre de 2017, en sesión del pleno de la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje, determinó no dar la toma de nota a Jorge Castro Tapia debido a que los socios no ejercieron su voto libremente, sino que fueron llamados “uno por uno”, además de que Jorge Castro Tapia no exhibió las boletas de la supuesta votación ante la Junta de Conciliación, según se refiere en la resolución de la Junta con fecha primero de diciembre de dos mil diecisiete:

“Dígasele a los promoventes que no es posible acordar favorablemente a la solicitud, toda vez que como se desprende de los estatutos en su artículo 37 inciso B, en el que hace referencia a la forma en cómo se llevará a cabo la elección, siendo está de forma nominal y secreta. Y del acta de asamblea exhibida hace referencia a que fueron llamados uno por uno todos los socios para emitir su voto de forma secreta, siendo que previamente, la presidente de la mesa de debates exhibió boletas con fotografías de los candidatos. Luego entonces, denota que no hubo apego a lo estipulado ya que la votación nominal se debe llevar a cabo, dando cada votante su nombre al momento de emitir su voto ya que esto transgrediendo con esto el procedimiento establecido en sus estatutos; máxime que al hacerla de forma secreta se realiza mediante las boletas, las cuales no fueron exhibidas, al momento de la presentación de la promoción de cuenta.” (sic)

Jorge Castro taxistas Puerto Morelos1 Jorge Castro taxistas Puerto Morelos2

Al habérsele negado la toma de nota como Secretario General del sindicato de Puerto Morelos “César Martín Rosado” a Jorge Castro Tapia, éste se encuentra usurpando un cargo, y todas las actuaciones y decisiones tomadas por él, con ese carácter, son nulas.

Cabe destacar que después de que un grupo de ciudadanos, con la asesoría y apoyo de Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, obtuvieron el expediente completo del sindicato de taxistas de Puerto Morelos, en el que se encuentra la negativa de la toma de nota de Jorge Castro Tapia, éste presentó un escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para intentar “solventar” la ilegal elección; sin embargo, al tratarse de una irregularidad de procedimiento que afectó toda la elección y por ende el resultado, la Junta de Conciliación deberá negar la toma de nota Castro Tapia.

Jorge Castro Tapia, representante de la Planilla Blanca, resultó electo el 27 de octubre, supuestamente con el voto de 242 socios taxistas de los 408 que ejercieron su voto; quedando en segundo lugar la hoy regidora por Morena, Yasmín Vivas, con 166 votos. (Foto: Quinto Poder y Ayuntamiento de Puerto Morelos)

el deficit meritocrático

LA JUSTICIA FEDERAL EN MÉXICO: EN MANOS DE JUECES Y SUS FAMILIARES

El papel de un juez es ser un árbitro imparcial y eficaz entre las partes que tienen un conflicto, por lo que se requiere que éstos sean capaces de hacer una interpretación neutral y experta de lo que dicen las leyes, sin embargo, de acuerdo a un análisis sobre el Poder Judicial federal de Julio Ríos Figueroa, a partir de datos del Consejero Felipe Borrego Estrada, y publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el Poder Judicial mexicano, es decir, toda la cadena de funcionarios judiciales, desde el de más bajo nivel hasta los jueces, provienen de un “proceso de selección” viciado por el nepotismo, la concesión de empleos o promociones sobre la base de relaciones de parentesco y no de mérito, lo que erosiona la confianza de los ciudadanos en la neutralidad y el profesionalismo de los jueces. Estas prácticas también afectan la motivación de los servidores públicos que laboran en la rama judicial y, por tanto, su eficacia.

68% CREE QUE EL FACTOR DECISIVO PARA CONTRATAR FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS ES TENER FAMILIARES EN EL PODER JUDICIAL

Según una encuesta reciente del World Justice Project, en México 68% de expertos y usuarios de la justicia percibe que el factor decisivo para la contratación y promoción de los funcionarios en los Juzgados y Tribunales federales es tener familiares en el Poder Judicial. Solo el 37% de personas encuestadas considera que el factor decisivo para la contratación es el mérito. Al mismo tiempo, el 65% están de acuerdo o muy de acuerdo en que la imparcialidad de las decisiones de Jueces y Magistrados Federales se ve afectada cuando su contratación y promoción no es meritocrática, y el 72% están de acuerdo o muy de acuerdo en que su eficacia se ve afectada por la misma situación. ¿Qué tan certeras son estas percepciones? ¿Qué tanto reflejan la situación real en el Poder Judicial de la Federación?

SOLO 5 DE 45 PUESTOS DEL PODER JUDICIAL SON ASIGNADOS POR CONCURSO

El Poder Judicial de la Federación es una constelación de instituciones que, en conjunto, colaboran en la compleja tarea de la administración de justicia. Para realizar esta labor se requieren muchas personas que ocupan una gran variedad de puestos de los cuales los más visibles son los de Juez de Distrito, Magistrado de Circuito y, por supuesto, el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Poder Judicial de la Federación se clasifican los puestos de acuerdo con diversos criterios. Entre los puestos más relevantes están los clasificados como parte de la carrera judicial, es decir, los puestos de los funcionarios que ingresan al Poder Judicial para participar de manera directa en la resolución de conflictos a partir de la interpretación y aplicación de las leyes que nos rigen, y eventualmente convertirse en juzgadores. Sin embargo, los puestos de carrera judicial son solamente cinco, de un total de cuarenta y cinco analizados en este reporte, a pesar de que hay más de cinco puestos de funcionarios que participan en el procesamiento de casos y la producción de sentencias. En una palabra, la carrera judicial en México está trunca, incompleta.

WebLa carrera judicial incompleta suma otra debilidad: la baja exigencia meritocrática. De los cinco puestos de carrera judicial solamente dos, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, requieren para su ingreso aprobar un procedimiento que conlleva un concurso de oposición de tres etapas con exámenes que buscan identificar distintas cualidades y capacidades en los aspirantes. Los tres puestos restantes de carrera judicial, así como otros cuarenta de los analizados en este reporte, se obtienen aprobando un examen psicométrico simple, cursos en línea, o por designación directa de un Juez o Magistrado cumpliendo ciertos requisitos mínimos. En otras palabras, al clasificar los puestos según el nivel de exigencia meritocrática requerida para obtenerlos encontramos que la gran mayoría son poco o nada exigentes. A esto se añade otra limitación: no existe una carrera administrativa dentro del Poder Judicial para los funcionarios que no quieren integrarse a la carrera judicial pero cuya labor de apoyo es también muy importante.

ÚNICAMENTE PUEDEN SER JUECES O MAGISTRADOS QUIENES YA FORMEN PARTE DEL PODER JUDICIAL

Incluso en los dos puestos que requieren concurso de oposición la competencia es limitada. El 87% (68 de 79) de las convocatorias a los concursos de oposición para Juez o Magistrado desde 1995 hasta 2016 fueron cerradas: solo pudieron inscribirse al concurso personas que ya laboraban en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, jóvenes abogados laborando en un despacho, en una oficina de gobierno, académicos o profesores de derecho, u otros abogados con vocación para volverse juzgadores no pueden participar en esos concursos. Hay al menos un par de concursos aún más cerrados pues solamente se abrieron para secretarios de estudio y cuenta de Ministros o Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Restringir artificialmente el universo de los posibles concursantes reduce la probabilidad de seleccionar a los mejores, limita la diversidad de perspectivas y trayectorias, y favorece a aquellos que habían logrado ingresar al Poder Judicial aunque fuera en un puesto sin un adecuado filtro meritocrático.

51% DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS CONTRATA A SUS FAMILIARES

La carrera judicial incompleta, y la competencia artificialmente limitada, se tornan mayores problemas cuando consideramos los vínculos familiares. Del total de titulares de órganos jurisdiccionales, es decir los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, un 51% tiene al menos un familiar laborando en el Poder Judicial. El 93% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los Jueces y Magistrados no cuentan con filtros meritocráticos. Solamente el 5% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los titulares tienen exigencia meritocrática alta. Entonces es posible que familiares consanguíneos de Jueces y Magistrados ingresen al Poder Judicial de la Federación en puestos que no cuentan con adecuados procedimientos meritocráticos y, si deciden concursar por un puesto de Juez o Magistrado, lo hagan en condiciones de competencia sesgada en su favor. La carrera judicial incompleta, la competencia artificialmente limitada para los puestos de Juez y Magistrado, y el nepotismo se retroalimentan y abonan al déficit meritocrático.

Sin embargo, las relaciones familiares no se concentran mayormente en los puestos de Jueces y Magistrados sino en los de Oficial Administrativo y secretarios de estudio y cuenta (tanto de Juzgado como de Tribunal). Del total de relaciones entre pares de familiares documentadas (N=4731), en 62% al menos uno de los dos individuos involucrados tiene el puesto de Oficial Administrativo; en 43% al menos uno es Secretario; y en 23% al menos uno es Juez o Magistrado.3 Los puestos de Oficial Administrativo y de Secretario de Juzgado o Tribunal no tienen el alto componente de exigencia meritocrática que deberían tener. Al mismo tiempo, son puestos relevantes pues son de función jurisdiccional, es decir, participan directamente en el procesamiento de casos y la elaboración de las sentencias junto con los Jueces y los Magistrados.4 En otras palabras, la mayor parte de las relaciones familiares se concentra en puestos jurisdiccionales que se otorgan y obtienen con demasiada discrecionalidad.

El 42% de las relaciones familiares documentadas (N=4731) son endogámicas o de intercambio. Las relaciones endogámicas son aquellas en las que un par de familiares trabaja en el mismo tribunal, juzgado, u otro de los órganos del Poder Judicial de la Federación (21% de las relaciones documentadas son endogámicas). Las relaciones de intercambio son aquellas en las que un par de Juzgados, Tribunales u otros órganos del Poder Judicial hacen contrataciones recíprocas de familiares. Por ejemplo, individuos que laboran en un Tribunal tienen familiares trabajando en otro Tribunal y, al mismo tiempo, individuos del segundo Tribunal tienen familiares laborando en el primero (21% de las relaciones documentadas son de intercambio).

Las relaciones endogámicas y las relaciones de intercambio son fenómenos que ocurren principalmente entre funcionarios que laboran en el Poder Judicial Federal pero que no son ni Jueces ni Magistrados. En concreto, solamente en el 5% de las relaciones endogámicas está involucrado un Juez o Magistrado. Por otro lado, en el 25% de las relaciones de intercambio está involucrado al menos un Juez o Magistrado. Hay más titulares (es decir, Jueces o Magistrados) participando en relaciones de intercambio que en relaciones endogámicas, pero éstos no participan directamente en las tres cuartas partes de las relaciones de intercambio. En otras palabras, los protagonistas en las relaciones endogámicas y de intercambio son los Oficiales Administrativos y los Secretarios de Juzgado y Tribunal.

CONTRATAR FAMILIARES GENERA LEALTAD Y GRATITUD…ENTRE LOS PARIENTES

Las redes familiares son conjuntos de relaciones familiares, es decir, situaciones en las que hay más de un par de individuos de una misma familia trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Las redes de familiares se forman con una finalidad, por ejemplo repartir cargos entre familiares con el propósito de ayudarlos económicamente, dada una situación de necesidad o precariedad, esperando a cambio gratitud y regreso de favores en ámbitos no necesariamente relacionados con la cuestión laboral. Es posible también que se formen redes familiares con fines potencialmente más perniciosos, por ejemplo, influir en la producción o el sentido de las sentencias. Del total de relaciones familiares documentadas (N=4731) el 70% (3217 relaciones) son relaciones en donde ambas personas tienen un puesto de función jurisdiccional (Juez, Magistrado, Secretario, Actuario, u Oficial Administrativo). Y en 14% (658 relaciones) podemos hablar de una red de al menos cuatro miembros de una misma familia donde cada uno tiene un puesto de función jurisdiccional. Las redes familiares jurisdiccionales merecen un escrutinio especial debido a sus potenciales efectos nocivos para los fines y la integridad del Poder Judicial.

LA REALIDAD PUEDE SER PEOR QUE LA PRESENTADA POR EL ESTUDIO

Este reporte documenta patrones institucionales en el Poder Judicial de la Federación que están relacionados con nepotismo y la formación de redes familiares en su interior. El análisis de los datos, y por tanto el diagnóstico, es conservador: el reporte simplemente describe los patrones que se pueden identificar a partir de los datos recolectados por el Consejero Felipe Borrego Estrada y su equipo. Estos datos constituyen una fuente riquísima para estudiar el tema pero también tienen limitaciones, por lo que es probable que en realidad la magnitud del problema sea mayor. En suma, el diagnóstico es conservador y, sin embargo, los hallazgos revelan una situación crítica que requiere atención.

La transformadora reforma judicial de 1994 incluyó como una de sus piezas clave la carrera judicial: un sistema de selección y promoción de los juzgadores federales basado en el mérito, en las capacidades de los individuos, “a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional”, como dice textualmente la exposición de motivos. Este reporte documenta que a casi 25 años de esta reforma si bien existen logros importantes también hay un déficit meritocrático en el Poder Judicial de la Federación. El reporte identifica que el déficit es producto tanto de las limitaciones de la arquitectura institucional y organización administrativa del Poder Judicial como del nepotismo y las redes familiares que lo habitan, y que ambos factores se retroalimentan.

Las acciones y ajustes necesarios para saldar el déficit meritocrático en el Poder Judicial de la Federación deben recuperar y profundizar el espíritu de la reforma de 1994. El objetivo debe ser preservar el profesionalismo y la neutralidad de los juzgadores y funcionarios judiciales, así como la percepción de ambas características entre los ciudadanos. El mérito, transparente y eficazmente evaluado, es el mejor antídoto contra acusaciones de favoritismo basadas en relaciones familiares. No está mal per se que familiares laboren en la misma institución, siempre y cuando tengan los méritos y las capacidades requeridas. En este sentido, la carrera judicial debe ser extendida y fortalecida. La transparencia es también eficaz contra las dudas sobre la neutralidad de los funcionarios en el desempeño de sus funciones. Es importante institucionalizar declaraciones de conflicto de interés exhaustivas, y éstas deben ser actualizadas frecuentemente. El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben liderar el esfuerzo de diagnóstico y reformas en estos temas. El Poder Judicial de la Federación es una de las instituciones más relevantes para el buen funcionamiento de la democracia: su prestigio, fortaleza y eficacia son condición necesaria para que el régimen democrático produzca resultados favorables a los ciudadanos y al país en su conjunto.

MÉXICO SUPERA POR MUCHO EL NEPOTISMO DE OTROS PAÍSES

Estas cifras son altas si las comparamos con estudios sistemáticos similares. Por ejemplo, en España dentro del Tribunal de Cuentas aproximadamente el 14% de la plantilla de servidores públicos tienen vínculos familiares dentro de la institución, mientras que en los Estados Unidos el 7.9% de los entrevistados del Department of Justice reportan nepotismo en la contratación de funcionarios.

Nótese que, en el dato mencionado, la suma de porcentajes es mayor a cien porque se toma en cuenta si alguno de los dos individuos involucrados en una relación tiene el puesto indicado. Por lo tanto, la relación entre un Juez y un oficial administrativo es contada en la cifra que da el número de relaciones con al menos un Juez, y también en la cifra que da el número de relaciones con al menos un oficial administrativo.

Sin embargo, y como un ejemplo del desorden organizacional y la falta de relación entre las categorizaciones de los puestos, solamente el puesto de secretario de estudios y cuenta es de carrera judicial. El puesto de oficial administrativo es de base, aunque sea también de función jurisdiccional.

Por ejemplo, las relaciones familiares no están completas: se identifica la relación entre un trabajador y su hijo (si también trabaja en el Poder judicial), y entre ese mismo trabajador y su hija (si también trabaja en el Poder judicial), pero no se identifica sistemáticamente la relación entre los hermanos. Los datos recolectados no incluyen información del Primer Circuito (Ciudad de México) ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los del Segundo Circuito (Estado de México) están incompletos (faltan los de Toluca). Esto quiere decir que las relaciones familiares documentadas en el reporte son muy probablemente menos de las que realmente hay. (Con información de Nexos y Mexicanos Contra la Corrupción)

Remberto Estrada alcalde Cancun

NO DEBE CONGRESO APROBAR CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCÚN

La empresa Óptima Energía S.A. de C.V., obtendrá ganancias por 100 millones de pesos anuales si el Congreso de Quintana Roo aprueba la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público que le entregó el ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, sin que exista garantía del cumplimiento del servicio, pues la sociedad mercantil enfrenta varias controversias litigiosas en diversos municipios del país.

Hasta ahora, en ayuntamiento de Benito Juárez no ha hecho público el contrato de concesión que firmaría la empresa ganadora de la licitación pública MBJ-CDT-001-2017, sin embargo, según el documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se lee en qué consistirá la contraprestación que obtendrá Óptima Energía S.A. de C.V.:

“La garantía de pago que se pretende ofrecer al Proveedor que resulte ganador del proceso licitatorio sería lo que resulte de la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. De igual manera, y solo como complemento a esta garantía, se sugiere también que el Ayuntamiento contemple en su momento otorgar cualquier garantía adicional que pudiera hacer falta para garantizar el pago a la prestación de este servicio.”

VER DICTAMEN COMISIONES UNIDAS LUMINARIAS

VER DICTAMEN COMISIONES UNIDAS LUMINARIAS

Esto significa que Óptima Energía S.A. de C.V. obtendrá como “garantía de pago” por la concesión, los recursos que ingresen por la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), -descontando el pago a CFE del consumo de energía eléctrica-, más la partida presupuestal que el municipio de Benito Juárez destina para la prestación del servicio de alumbrado público. Sin duda un gran negocio.

De acuerdo a la solicitud de información 1816400232517 presentada ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por Gabriel Méndez, integrante del Colectivo Cancún Transparente, al primer semestre del 2017, la recaudación y pago por DAP en el municipio Benito Juárez era de alrededor de 70 millones de pesos.

En su respuesta, la CFE señaló que a través de convenios de colaboración firmados con los municipios, la CFE cobra el DPA, y en el caso del ayuntamiento de Benito Juárez, no entrega los recursos económicos a éste, sino que lo aplica a la cuenta por consumo de energía del alumbrado público, y en caso de existir una diferencia a favor o en contra, se aplica o se salda al siguiente mes.

Hasta agosto de 2017, por concepto de DPA, la CFE recaudó y aplicó a la cuenta del ayuntamiento de Benito Juárez, 95 millones 568 mil 787 pesos; al mes de  junio fueron 69 millones 215 mil 970 pesos, esto es, que para cuando concluya el año serán alrededor de 170 millones de pesos los recaudados y aplicados por DPA:

 

Benito Juárez ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
DAP Cobrado      11,917,045.34    10,117,626.30    12,476,679.37    10,905,561.64    12,245,297.49    11,553,762.49    14,172,630.52    12,180,187.86
DAP aplicado en la facturación    11,917,045.34    10,117,626.30    12,476,679.37    10,905,561.64    12,245,297.49    11,553,762.49    14,172,630.52    12,180,187.86

VER RESPUESTA CFE DPA alumbrado publico Cancun

En el mismo documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se señala que “para garantizar la parte técnica del proyecto se solicitará que se compruebe la capacidad técnica de la empresa, contemplando la experiencia en proyectos similares y la calidad de los productos y servicios que ofrezcan, solicitando el cumplimiento de:”

  1. Experiencia y capacidad en la instalación de luminarias e implementación de Proyectos similares.
  2. Demostrar capacidad del personal que llevará a cabo la implementación del Proyecto.
  3. Que las luminarias e infraestructura que propongan cuenten con garantía de por lo menos 10 años y estén respaldada por su fabricante.
  4. Que las luminarias e infraestructura propuesta sea nueva.
  5. Que las luminarias propuestas cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-031- ENER-2012.
  6. QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA GENERE AL MENOS UN AHORRO DE 43% DEL CONSUMO DE ENERGÍA (KWH) CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.

Este 43 por ciento de ahorro en energía representa en dinero 60.2 millones de pesos, considerando un cobro anual de 170 millones de pesos, de acuerdo a los recientes datos proporcionados por la CFE. Por lo tanto, si el ayuntamiento de Benito Juárez entrega a Óptima Energía S.A. de C.V., “la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público significa que, tomando los números de este 2017, entregaría a la empresa regiomontana los 60 millones de pesos del “remanente del DPA”, más alrededor de 37 millones de pesos, que fue lo que se destinó en el 2016 para el suministro y sustitución de luminarias, su mantenimiento y los gastos de operación del propio Departamento de Alumbrado Público, según el documento referido, lo que hace un total de 97 millones de pesos que recibiría cada año, por los siguientes 15 años, Óptima Energía S.A. de C.V.

Por otra parte, en el referido documento, se señala que de acuerdo al Estudio Técnico Justificativo, “también observamos que se requiere de la desaparición del personal de Alumbrado Público municipal, siendo que actualmente tenemos 115 empleados que realizan esta función”, sin que en ninguna parte se aclare qué hará el ayuntamiento de Benito Juárez con los 115 trabajadores que perderán su fuente de trabajo.

En el documento, el ayuntamiento plantea incluso que de no aprobarse la concesión, se tendría que contratar un crédito: “otra opción que tenemos como Ayuntamiento es solicitar un crédito con alguna institución financiera, para poder llevar acabo la adquisición, instalación y mantenimiento de la infraestructura requerida para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. El solicitar un crédito para llevar a cabo la inversión necesaria en infraestructura para brindar el Servicio de Alumbrado Público requerido, afectaría directamente a la contabilidad municipal ya que este representaría una deuda y el Ayuntamiento tiene el 100% de sus Participaciones Federales comprometidas y el solicitar un financiamiento, afectaría nuestras calificaciones y condiciones crediticias.”

De la lectura del “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión” es posible concluir que se trata de un documento con inconsistencias, poco claro y tendencioso, en el que se plantea un escenario catastrófico y prácticamente sin solución para el ayuntamiento de Benito Juárez si no se entrega en concesión el servicio de alumbrado público.

Es necesario subrayar que la empresa Óptima Energía S.A. de C.V., inicialmente llamada Celsol S.A.P.I., fue fundada por Enrique Gómez Junco Blancq-Cazaux, un ingeniero formado en el Tecnológico de Monterrey quien hace más de una década inició su negocio en el ramo de la energía termosolar y en la oferta soluciones para el alto consumo de energía; pero recientemente ha obtenido la concesión del servicio de alumbrado público en varios municipios del país, con un historial altamente negativo, como en los municipios de Ensenada y Tijuana, en Baja California, y en los municipios de General Zuazua y Cadereyta, en Nuevo León, donde enfrenta procesos litigiosos.

Por lo anterior, Somos Tus Ojos hace un llamado a los integrantes de la XV Legislatura a no aprobar la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público del municipio Benito Juárez.

inhabilitación Ortiz Jasso

RESOLVIÓ MAGISTRADO INHABILITACIÓN DE EDUARDO ORTIZ JASSO. AYUNTAMIENTO DE CANCÚN SE NIEGA A RESPONDER

CANCÚN, MX.-El pasado 8 de septiembre la Sala Especializada en materia Constitucional y Administrativa dictó la sentencia definitiva en el expediente S.C.A/A/146/2016, mediante el cual Eduardo Ortiz Jasso combatió su inhabilitación en contra de la sanción decretada por el presidente municipal de Cancún, como se desprende de la lista electrónica publicada por dicho juzgado.

Aunque se desconoce el sentido de la sentencia, pues nadie ha dado a conocer su contenido, lo anterior es una prueba evidente de que al momento en que Eduardo Ortiz Jasso fue nombrado por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como director de la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), el 30 de julio pasado, el funcionario de primer nivel se encontraba inhabilitado, puesto que la sentencia sobre su situación legal se acaba de dictar hace un mes.

El ayuntamiento de Cancún se negó a responder sobre la inhabilitación

A través de la solicitud 00588317, el 17 de agosto pasado, Somos Tus Ojos requirió al ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) “decir si Eduardo de Jesús Ortiz Jasso se encuentra inhabilitado. Detallar causa (s) de la inhabilitación, periodo (s), y si el referido combate por la vía administrativa o judicial la o las inhabilitaciones.”, casi dos meses después, el 9 de octubre, la Unidad de Transparencia municipal respondió que la solicitud no era clara: “en la forma en que se plantea la solicitud de información, así como los datos e información que refiere no son suficientes para ubicar o realizar la búsqueda correspondiente, y estar en posibilidades de dar una adecuada respuesta”.

Y le tira la bolita a la Contraloría del estado

En otra parte de la respuesta a la solicitud de información, la Unidad de Transparencia señala que “(…) si el solicitante quiere saber si actualmente esta persona (Eduardo Ortiz Jasso) se encuentra inhabilitada (…) solo las personas que aparezcan inscritas en el padrón de servidores públicos inhabilitados de la Secretaría de la Contraloría del estado son los que se encuentran inhabilitados o impedidos para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el servicio público (…)”.

RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Aunque en varias ocasiones el secretario del ayuntamiento de Cancún, Guillermo Andrés Brahams González, aseveró que Eduardo Ortiz Jasso enfrentaba dos procesos de inhabilitación, ahora a la Unidad de Transparencia de Cancún, le pareció poco clara la pregunta.

Tribunal federal aún no resuelve recurso de Somos Tus Ojos por nombramiento  

Somos Tus Ojos aún mantiene un recurso de queja en el Segundo Tribunal Colegiado mediante el cual se impugnó el desechamiento del amparo 1088/2017, promovido por esta asociación en contra del nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso al frente de la AGEPRO, y que el Juzgado Segundo de Distrito desestimó.

La asociación también presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado en contra del gobernador Carlos Joaquín González quien nombró directamente a Eduardo de Jesús Ortiz Jasso al frente de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo con lo que incurrió en responsabilidad, pues incumplió con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo que señala en su artículo 47 que “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general: (…)  XIII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”. (…)

Joaquín González designó a Eduardo Ortiz Jasso como director de la AGEPRO, aún y cuando no existía una resolución firme sobre si estaba o no inhabilitado, por lo que el Gobernador deberá ser sancionado por la Contraloría.

Probada trayectoria…

Eduardo Ortiz Jasso es conocido por su trayectoria en el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) de Cancún, cargo que ocupó por ocho años, trascendiendo con su “experiencia” administraciones priistas y perredistas, y desde donde entregó sobre densificaciones a múltiples proyectos inmobiliarios y hoteleros.

Durante el gobierno del priista Francisco Alor Quezada (2005-2008), Eduardo Ortiz instituyó desde el IMPLAN una especie de “moche” oficial que se cobraba a cada desarrollador que presentaba un proyecto y que era analizado y “palomeado” por el IMPLAN, tal y como lo documentó la que esto escribe luego de obtener copia de los dictámenes técnicos analizados por el Instituto que dirigía Ortiz Jasso.

El “moche” era un cobro que se establecía discrecionalmente desde el IMPLAN y que debían pagar los desarrolladores, el cual supuestamente se destinaba a un “Fondo para la gestión y el fortalecimiento institucional”

Ahora, como director de la AGEPRO, Ortiz Jasso se encargará de buscar inversionistas para realizar proyectos estratégicos en Quintana Roo, en algunos de éstos el gobierno del estado dispondrá como capital de inversión de los predios propiedad del estado.

En días recientes, el gobierno del estado Ortiz Jasso  presentó tres proyectos para Quintana Roo entre los que se encuentran la construcción una línea de tren que comunique Cancún con Tulum, un puente de ocho kilómetros sobre la Laguna Nichupté y un tren ligero elevado para la zona hotelera de Cancún.

De acuerdo al decreto creación de la AGEPRO, ésta debe operar con una junta de gobierno, encabezada por el gobernador y los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Oficialía Mayor y “tres ciudadanos”, pero hasta ahora no se ha integrado la misma, y se desconoce cómo se elegirá a los tres ciudadanos.

VER: CONTROVIERTE SOMOS TUS OJOS NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

VER: JUZGADO SEGUNDO DESECHA AMPARO CONTRA NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

VER: TRIBUNAL PODRÍA “REVIVIR” AMPARO CONTRA NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

 

 

comisión instructora juan pablo guillermo molina2

ACUSA OBSERVATORIO LEGISLATIVO SIMULACIÓN DE DIPUTADOS EN JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE ROBERTO BORGE

CANCÚN, MX.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo se dijo extrañado por la “cautela” con que la Comisión Instructora de la XV Legislatura está actuando en el caso de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, luego de que el Juez Sexto de Distrito resolviera el pasado 20 de septiembre sobreseer el amparo promovido por el ex funcionario, lo que permite a los diputados Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), de la Instructora, continuar con el procedimiento

“La denuncia que interpuso la organización ciudadana Somos Tus Ojos está siendo detenida bajo argumentos falaces que le están permitiendo ganar tiempo al demandado para buscar una nueva protección”, dijo Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo

Señaló que en la estructura de la Dirección Jurídica del Congreso continúan los mismos titulares  de la XIV Legislatura que operaron el llamado blindaje de impunidad.

Cabe destacar que Somos Tus Ojos denunció que el director jurídico del Congreso, Lizandro Landeros Lima, ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue este mismo funcionario el que en julio de 2016 desechó el juicio político interpuesto por la asociación. Igualmente, Landeros Lima defendió, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a Somos Tus Ojos, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.

El representante del Observatorio Legislativo dijo que los actores que participaron en el llamado “paquete de impunidad” de Roberto Borge Angulo continúan ocupando espacios en el actual “gobierno del cambio”: “vemos que en las áreas de  auditoria y del jurídico permanecen los mismos funcionarios. Se dice que hubo un cambio pero  siguió igual. La barrera de impunidad continúa”, aseveró.

“Hemos señalado que las acciones que se toman en el Congreso del estado se están encaminando a una conducta pública de extensa difusión pero con una tendencia que se orienta a la simulación”, destacó Galaviz Ibarra, quien enfatizó que el nombramiento del Auditor Superior, recayó en un personaje que anteriormente ya había estado encargado de la vigilancia del manejo financiero de las instituciones del estado, refiriéndose a Manuel Palacios, y quien por no perder su puesto, según lo reconoció él mismo, no señaló las irregularidades en las cuentas de la administración de Roberto Borge. Similar situación ocurrió en el caso del nombramiento de la titular de la Fiscalía Anticorrupción, recayendo éste en Rosaura Villanueva, quien era Vicefiscal. En ambos nombramientos se pasaron por alto las propuestas ciudadanas y del Colegio de Contadores, puntualizó.

 

Leer: TIENE CONGRESO LUZ VERDE EN JUICIO POLÍTICO CONTRA JUAN PABLO GUILLERMO. EX TESORERO PIERDE AMPARO

comisión instructora juan pablo guillermo molina

JUEZ FEDERAL EMPUJA JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE BORGE Y CONGRESO LO FRENA

CHETUMAL, MX.- La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo parece no tener prisa para continuar con el juicio político promovido por Somos Tus Ojos en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvío de mil 464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje; aunque los diputados fueron notificados desde el viernes pasado de la sentencia que echó por tierra el amparo que protegía a Guillermo Molina, la Comisión Instructora no ha retomado el procedimiento.

De acuerdo a información de Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión Instructora, y la encargada de continuar con el juicio político, estaba a la espera de la “autorización” de la Dirección Jurídica del Congreso para continuar con el juicio político.

Es de destacar, que el titular del Jurídico, Lizandro Landeros Lima, también ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue el funcionario que desechó el juicio político interpuesto por Somos Tus Ojos en julio de 2016. Igualmente, Landeros Lima sostuvo, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a la asociación civil, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.

Actualmente, la Comisión Instructora, integrada  por Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), no tiene ningún impedimento para continuar el juicio político en contra de Guillermo Molina.

El pasado 20 de septiembre, el Juez Sexto de Distrito determinó sobreseer el amparo promovido por Juan Pablo Guillermo Molina para evitar la continuación del juicio político promovido por Somos Tus Ojos, con lo que el ex funcionario perdió toda protección de la justicia federal.

Somos Tus Ojos exige a los diputados continuar con el procedimiento en contra del ex Tesorero de Roberto Borge!.

VER Tiene Congreso luz verde en juicio político contra Juan Pablo Guillermo. Ex Tesorero pierde amparo

Eduardo Arcila Corrupción

TIENE EL CONGRESO DE QROO 63 “ASISTENTES” QUE COBRAN ENTRE 4 MIL Y 50 MIL PESOS, POR HACER EL MISMO TRABAJO

CHETUMAL, MX.- Son 63 personas, cobran sueldos netos de entre 4 mil y 50 mil pesos mensuales, están contratados por honorarios y, aunque perciben salarios distintos,  todos hacen lo mismo, de acuerdo al contrato de prestación de servicios de cada uno de los empleados, según lo publicado en la sección de Transparencia del Congreso de Quintana Roo.

VER LISTA DE AYUDANTES DEL CONGRESO DE ENERO A ABRIL 

VER LISTA DE AYUDANTES DEL CONGRESO DE MAYO A AGOSTO

La XV Legislatura tiene 63 empleados contratados por honorarios y todos, no importa lo que ganen, cumplen un mismo y único encargo: “(…) prestar servicios a El Congreso, aplicando sus capacidades y conocimientos, consistentes en apoyo y asistencia. Los cuales se obliga a realizar en estricto apego a las instrucciones que al efecto emita El Congreso (…)”, según dice el contrato que hasta el pasado 30 de agosto podía descargarse en la sección de Transparencia desde la fracción XI del artículo 91, relativo a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

El formato recién eliminado sobre los empleados que desempeñan labores de “asistencia” y “apoyo” en el Congreso fue modificado apenas ayer, por lo que el contrato ya no está disponible en la página. En la nueva presentación de la información también se excluyen datos como la remuneración bruta y si el “colaborador” tiene prestaciones.

EL CONTRATO ELIMINADO DE LA PÁGINA DEL CONGRESO PUEDE DESCARGARSE AQUÍ

La XV Legislatura del Congreso, en lugar de cumplir lo que le ordena la fracción XI del artículo 91, relativo a “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su recisión”, como lo ordena la ley, prefirió retirar de su página el contrato-machote que exhibía que el Congreso está repleto de empleados que no desempeñan labores o trabajos necesarios, sino que se trata de “amigos” con cargo al erario, “aviadores” o de personal que realiza trabajos políticos directamente para los diputados y su partido pero que los ciudadanos debemos pagar.

FORMATO DE CONTRATACIONES POR HONORARIOS ELIMINADO DE LA PÁGINA

 

Apoyo y asistencia cuesta de 4 mil a 50 mil pesos

En el Congreso, por sus servicios de “apoyo y asistencia”, Yolanda Esther Uc Cruz, cobra 4 mil pesos mensuales, y por hacer lo mismo, Diana Ivón Sáenz Rivera, cobra 50 mil pesos de sueldo neto. Otro ejemplo, Paula Eunice Torres Bui cobra 5 mil pesos al mes, y por idéntico trabajo, según su contrato, Manuel Santiago López    Meneses, cobra 44 mil pesos mensuales. También hay los que cobran 9 mil pesos por idéntico servicio prestado, como Erika Jacqeline Constantino Cerda; o 25 mil pesos, como el recientemente fallecido Javier Villanueva Madrid, quien era hermano del ex gobernador Mario Villanueva y tío del diputado Carlos Mario Villanueva y quien cobró esa cantidad cada mes de enero a abril de este año.

 

Los “ayudantes” más caros

Los “prestadores de servicios” que más caro cuestan al erario son: Francisco Amaro   Lara, Fernando Haro Salinas, Javier Osorio Polanco, Jorge Augusto Rodríguez Escalante, Edgar Mauricio   Flores Chaverry, Sandra Nayeli   Kauil Moo, Mauro    Aguilar Nogales, y Manuel Alejandro Cab Salazar, pues cada uno de ellos ha cobrado 50 mil pesos mensuales de enero a abril de 2017.

También en la lista de los que más cobran por prestar servicios de “apoyo y asistencia” en el Congreso, están Manuel Santiago     López Meneses, quien percibe mensualmente 44 mil pesos; Antonia Hernández García, Ángel Isaac Vázquez Giovanniello y Elsy del Carmen Flores Solís, de enero a abril, han recibido 40 mil pesos cada mes.

Otra de las “contratadas” mejor pagadas es Karla Robles Miranda, quien se embolsa un sueldo de 32 mil pesos netos, y quien ha estado permanentemente “becada” por las hermanas Beristain Navarrete, pues también ha estado como “prestadora de servicios profesionales” en el Senado, con Luz María Beristain.

Entre los asistentes contratados, la mayoría de éstos cobran entre 10 mil y 25 mil pesos mensuales netos.

Por estos 63 empleados el Congreso debe erogar cada mes un millón 502 mil 630 pesos de dinero público, del que no está clara ni justificada su utilidad.

 

Un Congreso “transparente”, solo en boletines de prensa

El 14 de mayo de 2017, la Dirección de Comunicación Social del Congreso publicó un boletín de prensa titulado “Transparencia, herramienta para ciudadanos en democracia: Martínez Arcila”, en el que el diputado panista aseguró que “el proceso para lograr que la rendición de cuentas sea un mecanismo eficaz en el trabajo político no tiene reversa.” (…) “Los tiempos están cambiando; de manera gradual se dan pasos que vale la pena destacar, se han logrado cambios en un corto plazo que hace apenas unos meses eran inimaginables. La transición llegó y no podemos permitir que se dé marcha atrás”.

En otra parte del comunicado, el presidente de la Gran Comisión aseveró que “se ha cumplido al 100 por ciento con las obligaciones que marca la Ley de Transparencia, (y) el Congreso de Quintana Roo irá más allá para ratificar su compromiso con la rendición de cuentas.”.

Ver boletín

Lo aseverado por el legislador panista Eduardo Martínez se desmiente con una rápida y superficial revisión a la sección de Transparencia del Congreso, como la  referida en esta nota.

El 18 de junio de 2017 la Dirección de Comunicación Social del Congreso publicó otro boletín titulado “Cerramos paso a opacidad y corrupción: Martínez Arcila”

En éste se lee: “Las reformas para cerrar el paso a la opacidad y a la corrupción en el estado van a continuar, aseguró el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, quien señaló que los diputados que integran la XV Legislatura están comprometidos a avanzar en la agenda ciudadana porque la sociedad pide resultados.” (…)

Ver boletín

Fiscal anticorrupción Quintana Roo

TENDRÁ QUINTANA ROO FISCAL ANTICORRUPCIÓN SIN EXPERIENCIA EN EL TEMA

CANCÚN, MX.- Quintana Roo tendrá un Fiscal anticorrupción sin trayectoria ni experiencia en el combate a la corrupción, pues en la convocatoria que cerró este 30 de agosto, la Fiscalía General del Estado, de la cual dependerá la de anticorrupción, eliminó como uno de los requisitos para ser titular de la misma el “acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción”, como sí lo establece la convocatoria emitida por el Senado de la Republica, para el caso del Fiscal anticorrupción federal.

No sobra recordar que la primera convocatoria de marzo de 2014 publicada por el Senado para elegir al Fiscal anticorrupción federal tampoco incluía el requisito de que los candidatos contaran con experiencia en la materia; sin embargo, luego de las comparecencias de los interesados y de que la Junta de Coordinación Política no alcanzó un consenso para nombrar al fiscal anticorrupción, a los requisitos se agregó el indispensable de  acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Como se sabe, los sistemas estatales anticorrupción se desprenden del federal y deben homologarse al mismo, por lo que lo que de elegirse en Quintana Roo un fiscal anticorrupción sin que cumpla el requisito de conocimientos y experiencia en la materia, el sistema anticorrupción de Quintana Roo estaría iniciando de forma cuestionable y deficiente, además de que se corre el riesgo que el encargado de dicha fiscalía sea cualquier abogado “amigo”.

Quintana Roo se ha colocado en el mapa nacional por los actos de corrupción cometidos por el ex gobernador Roberto Borge Angulo, pero también por ser uno de los estados más corruptos del país y uno de los menos transparentes. Apenas en julio pasado se publicó que, de acuerdo a una encuesta del INEGI, Quintana Roo era el estado en el que se habían realizado más actos de corrupción en el país por pagos o solicitudes de servicios ante autoridades. Y en materia de transparencia, de acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2015, el más reciente elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Quintana Roo estaba en el último lugar en cumplimiento.

Esas circunstancias hacen obligatorio contar con una Fiscalía anticorrupción sólida y dirigida por una persona con probada experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; por lo que Somos Tus Ojos pide que esta primera convocatoria se declare desierta, toda vez que de origen, no garantiza las condiciones de contar con un Fiscal anticorrupción con las características que el encargo demanda; y que se convoque a una nueva.

VER: Quintana Roo es el estado con mayor corrupción

VER: Índice de Información Presupuestal Estatal