Mes: mayo 2017

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Verificará INAI que estados cumplan con obligaciones de Transparencia

CIUDAD DE MÉXICO, 19/05/2017.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) iniciará a partir del 22 de mayo próximo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los 868 sujetos obligados de la federación.

El proceso de verificación diagnóstica se llevará a cabo en dos fases. La primera, del 22 de mayo al 14 de agosto, contempla la revisión de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General Transparencia Acceso a la Información Pública.

Entre la información que los sujetos obligados deberán publicar está la relativa al personal como la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación; las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado.

El INAI también verificará que se cumpla con la publicación de la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; la deuda pública;  y los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Los sujetos obligados también deberán cumplir con la publicación de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos; las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; y la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.

El INAI tendrá que verificar el cumplimiento de alrededor de 48 obligaciones comunes a todos los sujetos obligados, dependiendo de si éstas son de su competencia.

Los objetivos del Programa de verificación son definir el tipo, alcance y número de verificaciones a realizar durante el ejercicio 2017 y establecer una ruta  para el análisis de los resultados del proceso de verificación, así como el procedimiento para el diseño de políticas por parte del INAI.

De acuerdo a un comunicado del INAI, en la primera fase de verificación se detectarán “las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado” del ámbito federal y se formularan las observaciones y/o recomendaciones para el cumplimiento adecuado.

En la segunda fase, a efectuarse del 15 de agosto al 20 de diciembre, se prevé el seguimiento para corroborar que las observaciones y/o recomendaciones emitidas en la primera fase sean atendidas, así como para verificar que se cumplan los tiempos fijados para actualizar la información.

Para el proceso de verificación diagnóstica se tomarán como base los criterios y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.

La Secretaría de Acceso a la Información del INAI es el área responsable para supervisar el desarrollo de la verificación diagnóstica, atendiendo las competencias establecidas en el Estatuto, los Lineamientos de Verificación y el Manual de Procedimientos de Portales.

Aunque los sujetos obligados tenían hasta este este cinco de mayo para dar cumplimiento a la publicación de alrededor de 48 aspectos que transparentarían la gestión pública, contribuirían a la rendición de cuentas y serían de utilidad para prevenir actos de corrupción, el INAI falló en la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia; a su vez los estados fallaron en cumplir con sus obligaciones, por lo cual el órgano garante amplio el plazo de cumplimiento. (Con información del INAI)

cancun opaco transparencia

Cancún y Puerto Morelos, ayuntamientos gobernados por el PVEM, “brillan” por su opacidad

CANCÚN, MX, 10/05/2017.- Los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) y Puerto Morelos, ambos municipios gobernados por el Partido Verde Ecologista de México destacan pero por su opacidad, pues ninguno de los dos ha registrado dato alguno en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), es decir, no ha cumplido con las por lo menos 50 obligaciones de Transparencia que le mandata el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

Así pues, en el SIPOT no se consigna ni información mínima como el marco normativo, la estructura orgánica, las facultades de cada área, las metas y objetivos de cada área, o el directorio de todos los servidores públicos.

cancun opaco transparenciaMenos aún, los ayuntamientos rinden cuentas sobre la remuneración bruta y neta de cada uno de los empleados; los nombres de las personas contratadas por honorarios y qué servicio prestan; las declaraciones de la situación patrimonial, fiscal y conflicto de interés; el padrón de beneficiarios de programas sociales; ni la relativa a los montos destinados a comunicación social y publicidad, precisando el nombre de las personas físicas y morales que reciben recursos por este concepto.

Sobre las finanzas de los ayuntamientos gobernados por los del PVEM no se puede saber ningún dato, ya que no se tiene información sobre el presupuesto asignado, los informes del ejercicio trimestral del gasto, la deuda pública, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y el resultado de la dictaminación de los estados financieros.

A pesar de que el tres de mayo pasado, funcionarios municipales de Cancún anunciaron en conferencia de prensa un “Benito Juárez de 10” en materia de transparencia, la realidad es totalmente opuesta, pues en el SIPOT no se ha consignado ninguna información ni dato, y la página de transparencia del ayuntamiento, presentada ese día como de gran “innovación”, no funciona.

Por su parte, la ex priista Laura Fernández Piña y quien recientemente se afilió al PVEM ha destacado en su administración como una de las funcionarias más opacas, pues no solo ha incumplido con el rubro de transparencia en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, y en el SIPOT, sino su administración ha sido omisa en dar respuesta a ciudadanos que han tenido que transitar por un verdadero viacrucis para obtener información parcial y datos incompletos, al grado de que solo a través de un amparo promovido por un integrante del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) se logró obtener información sobre el número de empleados que tiene el ayuntamiento.

respuesta ilegible transparencia Puerto Morelos

Solidaridad, tarea a medias y mal hecha

Solidaridad (Playa del Carmen), municipio gobernado por Cristina Torres, política priista que fue arropada por la alianza PAN-PRD, al igual que el actual gobernador Carlos Joaquín González, es la que cumplió mayormente con el registro de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, comparada con el resto de los municipios de la zona norte de Quintana Roo, todos caracterizados por basar su economía en el turismo. Sin embargo, la calidad de los datos es en la mayoría de los casos parcial, incompleta e incomprensible.

Así en el la obligación relacionada con el marco normativo aplicable, tiene 81 registros; en  la de la estructura orgánica muestra 16 registros, de los cuales 15 corresponden al Instituto del Deporte y uno al Instituto de las Mujeres.

La fracción IV del artículo 91 de la Ley de Transparencia que requiere información sobre “metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos”, el ayuntamiento de Solidaridad tiene 124 registros en los que todas las dependencias y áreas tienen el único objetivo de “cumplir con la responsabilidad ética de generar servicios de calidad con un manejo transparente y honesto de los recursos públicos”.

Sobre los  indicadores  relacionados  con  temas  de  interés  público  o  trascendencia  social que  conforme a sus funciones, deban establecer los sujetos obligados, se cuentan con 92 registros, de los que no se puede deducir información clara, comprensible y menos útil para el ciudadano. En similares circunstancias está la fracción VI, relativa a “los indicadores  que  permitan   rendir   cuenta  de   sus   objetivos y   resultados,   así   como indicadores  de  impacto  y  evaluación  de  los  proyectos,  procesos  y  toda  otra  atribución  de  funciones” espacio que no provee de información que el ciudadano pueda considerar como una verdadera rendición de cuentas.

El directorio de servidores públicos tiene 1,045 registros; en facultades del área, se tienen 196 registros; en gastos en gastos por concepto de viáticos se encuentran 128 registros, pero no se detalla quién utilizó los viáticos;  en contrataciones de servicios profesionales, figuran 44 registros pero sin especificar el monto pagado, la función o trabajo prestado ni la remuneración mensual.

Sobre la fracción XXVII relativa a “las  concesiones,  contratos,  convenios,  permisos,  licencias  o  autorizaciones  otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del  titular,  vigencia,  tipo,  términos,  condiciones,  monto  y  modificaciones (…)”, se tienen 127 registros, de los cuales la mayoría son información de convenios de otorgamiento de créditos de programas y permisos de uso de la vía pública.

En apartados como Ia remuneración bruta y neta no hay registro alguno, tampoco en el total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza,  en la declaración de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses;  en las convocatorias a concurso para ocupar cargos públicos, en el padrón de beneficiarios de  programas  de  subsidios,  estímulos  y  apoyos; las  condiciones  generales  de  trabajo,  contratos  o  convenios  que  regulen  las  relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en  especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, sanciones administrativas, los   montos   destinados   a   gastos   relativos   a   comunicación   social   y   publicidad   oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña,  objeto de la misma, fecha de inicio y de término,

Los otros municipios de la zona norte que también incumplieron con la transparencia son Cozumel, gobernado por la panista Perla Tun, que registró información alguna en el SIPOT, en tanto que Isla Mujeres, administrado por el priista Juan Carrillo, registró mínimos datos.

Juan Pablo Guillermo Molina2

Rehúye Juan Pablo Guillermo a juicio político. Ex Tesorero de Borge se blinda

CANCÚN, MX, 03/05/2017.-Con un recurso de revisión en contra del juicio de amparo que obtuvo Somos Tus Ojos para regresar el juicio político al Congreso del estado, y con un nuevo amparo, Juan Pablo Guillermo Molina, quien fuera tesorero del ex gobernador  Roberto Borge Angulo, pretende evadir el proceso que lleva a cabo la Comisión Instructora de la XV Legislatura.

Juan Pablo Guillermo, señalado del desvío de 1,464 millones de pesos recaudados del impuesto al hospedaje de 2014 a agosto de 2015, interpuso un recurso de revisión en contra del amparo 725/2016 que el Juez Sexto de Distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama, otorgó a Somos Tus Ojos, mismo que será estudiado por el Tercer Tribunal Colegiado, que decidirá si subsiste el amparo o si lo revoca.

Además, Guillermo Molina, uno de los hombres más cercanos a Borge Angulo, también solicitó un amparo en contra de la Comisión de Justicia del Congreso del estado para evitar que prosiga el juicio político encaminado en su contra. El amparo 262/2017 también será analizado por el Juez Sexto de Distrito, quien de entrada negó la suspensión provisional requerida por el ex funcionario, pues de concedérsela se causaría perjuicio al interés social y al orden público.

En su razonamiento para  negar la suspensión de la continuación del juicio político, el Juez Sexto señaló “que de concederse la medida cautelar solicitada en éstos últimos términos, se atentaría contra disposiciones de orden público y se alteraría el interés social, ya que el juicio político de origen está autorizado por los numerales 109 y 110 de la Constitución Federal, debido a que la sociedad se encuentra interesada en que no se suspendan tales juicios. En efecto, el procedimiento de un juicio político tutela totalmente el interés público y no intereses particulares, ya que su único, objetivo es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública”.

El juzgador deja al arbitrio de la Comisión Instructora, la decisión de enviar o no la declaración de acusación al pleno de la Legislatura, es decir, que la Comisión Instructora puede continuar con el procedimiento de juicio político, en tanto, el juez de amparo se pronuncia sobre la suspensión definitiva solicitada por Juan Pablo Guillermo: “Por todo lo expuesto, debe colegirse que dicho efecto de los actos reclamados, no es susceptible de suspenderse, dado que la concesión de la suspensión de ese acto produciría la afectación del interés social y disposiciones de orden público, es decir, la sociedad está interesada en que los gobernados cumplan con las normas en esa materia. Sin embargo, con fundamento en los numerales 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sin suspender el procedimiento, la Comisión Instructora, en caso de considerarlo, no envíe la declaración de acusación a la Legislatura correspondiente, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva.”, concluye el sentenciador.

Mañana 4 de mayo a las 9:25 horas se celebrará la audiencia incidental en la que el Juez Sexto resolverá si concede o niega la suspensión definitiva a Juan Pablo Guillermo Molina, esto es, el procedimiento se frena o si continúa sobre el sustento de que detener el procedimiento afecta el interés social.