Mes: diciembre 2016

Congreso Qroo transparencia

DESEMPOLVAN DIPUTADOS TRANSPARENCIA, VAN A EMPEZAR A CUMPLIR, DICEN

CHETUMAL, MX, 08/12/2016.-La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo desempolvó la nueva ley de transparencia del estado que contempla que todos los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia y con un Comité para cumplir con las obligaciones en esta materia y para atender de manera más expedita las solicitudes de acceso a la información.

Aunque la actual ley de transparencia entró en vigor desde mayo pasado, la reestructura de esta área había quedado en el olvido, por lo que la actual legislatura en la sesión de este jueves dio entrada a una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para agregar el capítulo “De la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo”.

Sin embargo, de acuerdo al diputado y presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, por cuestiones técnicas no se tiene una fecha para que el Poder Legislativo cumpla con las 50 obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, y que sería un primer paso en la rendición de cuentas; además de las obligaciones contenidas en el artículo 94 de esta misma ley.

Hasta ahora el Poder Legislativo continúa incumpliendo con la rendición de cuentas, como puede verse en el link de Transparencia de su página, http://www.congresoqroo.gob.mx/transparencia/index.php; donde solo algunos aspectos se encuentran parcialmente satisfechos, y otros, que han sido siempre cuestionados continúan en la opacidad, por ejemplo, la fracción VIII del artículo 91 obliga al Poder Ejecutivo a publicar “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”; pero, en la página solo se lee un “tabulador de percepciones” sin nombres y sin los detalles que ordena la ley.

La fracción IX que obliga a dar cuenta de “los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente”; también sigue sin cumplirse, e igualmente se tiene solo un tabulador.

La fracción XI no se ha cumplido ni parcialmente, por lo que los quintanarroenses no podemos conocer nada sobre “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su recisión”.

La fracción XIV, relacionada con “las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, los requisitos, los procesos de selección, evaluación y los resultados de los mismos”, continúa sin información. Ésta evitaría que personas sin el perfil adecuado, como familiares de los propios legisladores ocuparan cargos por no cumplir el perfil, o que los puestos se asignen por pago de cuotas, compadrazgo o de forma discrecional.

El Poder Legislativo igualmente ha sido incapaz de dar cumplimiento a la fracción XVII, relacionada con la anterior, y que contempla la publicidad del “perfil de los puestos y la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto”.

Tampoco se tiene los datos relacionados con “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña, objeto de la misma, fecha de inicio y de término, dependencia o dirección que la solicita”; (fracción XXIII).

Lo anterior por citar solo algunos de los 50 items de información obligatoria a la que está sujeto el Poder Legislativo.

En cuanto a las obligaciones específicas, la XV Legislatura no ha dado cuenta de “el nombre de los asesores de las fracciones o de cada uno de los diputados, su currículo y remuneración percibida, especificando periodicidad”, entre otra.

En entrevista, Martínez Arcila señaló que el Congreso está en una etapa de modernización, de actualización del reglamentos y de reestructura para poder cumplir con un “Parlamento Abierto”.

Para “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, el cumplimiento en las obligaciones de transparencia no es un tema de recursos técnicos sino de voluntad política. Seguimos percibiendo una resistencia a cumplir con la rendición de cuentas en aspectos tan importantes como la transparencia en la contratación de personal, los perfiles que se deben cumplir y el gasto en nómina; pues el rubro de servicios personales es el que mayor presupuesto absorbe en prácticamente todas las instancias.

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CIERRA INAI DATOS SOBRE VUELOS DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO

CIUDAD DE MÉXICO, 07/12/2016.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó mantener cerradas las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la flota presidencial, al considerar que al hacerlas públicas se vulnera la seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto.

Un ciudadano solicitó a la Presidencia copia de los registros de vuelos del Primer Mandatario, desde que asumió el cargo, y el Estado Mayor Presidencial le respondió que estaban a su disposición 954 páginas de una versión pública, con valor de 520 pesos.

Sin embargo, ésta no contiene origen, destino, hora de salida y llegada y ruta, así como tampoco los “reportes de tripulación” ni sus nombres.

“La divulgación de los datos mencionados, que se contienen en las bitácoras de vuelo, conlleva el conocimiento de los recorridos detallados de los viajes que realizan los helicópteros de la flota aérea del Estado Mayor.

“Información que al ser procesada, sin necesidad de contar con herramientas tecnológicas sofisticadas, permite establecer patrones específicos relacionados con la periodicidad de los viajes, los lugares, fechas, horas y rutas por donde se llevan a cabo con más frecuencia, lo que en el contexto actual, permitiría el diseño de estrategias encaminadas al debilitamiento de los mecanismos de seguridad implementados”, argumentó el Estado Mayor Presidencial en la respuesta.

Los comisionados Javier Acuña, Areli Cano y Mauricio Guerra se pronunciaron por publicar los datos, al considerar que se debe transparentar el uso de bienes públicos, además de que si la mayoría de los viajes son conocidos, debido a que la prensa viaja con el Presidente, no existe razón para manejarlo en secrecía.

Calificaron como poco probable que dicha información conlleve a elaborar un plan para atentar contra la integridad del Presidente, secretario de Estado, tripulación o aeronaves, como argumenta el Estado Mayor.

“No se advierte elemento a partir del cual sea posible considerar que los orígenes, destinos, horas de salida o llegada, permita poner en riesgo la vida, seguridad o salud del Titular del Poder Ejecutivo federal”, planteó Acuña en su propuesta que implicaba abrir los datos.

Sin embargo, los comisionados Ximena Puente, Patricia Kurczyn y Rosendoevgueni Monterrey coincidieron con la Presidencia.

Al registrarse un empate, debido a que el séptimo comisionado está de viaje, la presidenta del Instituto dio su voto de calidad para mantener reservada dicha información.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre una resolución del INAI, en la que piden hacer públicos los planes de vuelo de la flota aérea presidencial. (Fuente: Reforma)