Mes: agosto 2016

Roberto Borge juicio politico

INTERPONE SOMOS TUS OJOS JUICIO POLÍTICO CONTRA EL GOBERNADOR ROBERTO BORGE POR “REMATE” DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

CIUDAD DE MÉXICO 16/08/2016.- Esta martes se interpuso una demanda de Juicio Político en contra del gobernador Roberto Borge Angulo por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios y políticos, acción con la que causó un grave quebranto a las finanzas del estado, y por lo tanto un perjuicio al estado y a la sociedad quintanarroense.

A la demanda de juicio político se adjuntó un anexo con una relación con 44 predios que fueron vendidos con avalúos desactualizados, y a precios varias veces menor de su valor comercial, incluso a “cero pesos”; causando con ello un quebranto al erario estimado de por lo menos 1 099 492 370 (mil 99 millones 492 mil 370 pesos).

El cálculo del quebranto al erario se calculó con base en las subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real. En otros casos, el monto del quebranto se estimó de acuerdo al valor actual del mercado de predios ubicados en las mismas zonas y de dimensiones similares o equiparables.

Políticos, empresarios, funcionarios, amigos, fueron beneficiados con la venta a precios subvaluados de terrenos que fueron desincorporados del patrimonio del estado. Entre los nombres de los beneficiados se encuentran  los siguientes:

1.- El 8 de julio de 2014, un predio de 761.44 metros cuadrados, con 20 metros lineales de mar Caribe, ubicado en Puerto Morelos, fue vendido a Desarrollos Riviera Morelos, representada por Armando José Millet Molina, en 761 mil 440 pesos, un año después, Banorte otorgó a Desarrollos Riviera Morelos, un crédito por 63 millones de pesos, quedando como garantía el citado predio, lo que nos permite hacer una estimación del valor real del mismo. Como deudores solidarios quedaron Operadora Real del Mar SA de CV, Operadora Grand Residences, representadas por Kemil Assad Rizk Aziz y Fernando López Ruiz. Rizk Aziz, fue director general de Fonatur en el sexenio de Ernesto Zedillo, y estuvo involucrado en un desfalco realizado a través de Grupo Prodipe, en perjuicio del desarrollo turístico Puerto Escondido en Baja California Sur.

Por su parte, Armando José Millet Molina, es un empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida, perteneciente a la “aristocracia” de Yucatán. Es familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Quintana Roo, responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015.

La empresa de Millet Molina recibió tres predios de alrededor de 761 metros cuadrados cada uno, con un total de 60 metros lineales de  Mar Caribe, ubicados en Puerto Morelos, destino turístico que se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen.

2.- El 6 de agosto de 2014, otro predio de 1088 metros cuadrados, con 20 metros lineales de playa, ubicado en Puerto Morelos, fue “vendido” en 27 mil 110 pesos a Cándido Sansores Gamboa, pensionado del ISSSTE, desde el año 2012…

3.- El 27 de marzo de 2012, un predio de 10 mil metros cuadrados, ubicado en el bulevard Kukulkán, a la entrada de la zona hotelera de Cancún, fue vendido en tres millones de pesos. Actualmente un predio tres veces más grande se vende en 9 millones de dólares. Lo que permite dimensionar el quebranto.

4.- El 31 de mayo de 2011, un predio de  48 mil 065 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a ADECRO SA de CV, en 9 millones 766 mil 279 pesos, cuando el valor catastral del inmueble era de 48 millones de pesos.

ADECRO es representada por Abelardo Rubén Alcocer Hernández y Armando de Jesús Palma Peniche, socios de Grupo Promotora Residencial y de otras inmobiliarias que durante dos sexenios han sido ampliamente beneficiadas con predios desincorporados del patrimonio del estado.

5.- El 19 de junio de 2014, un predio de 53 mil 695 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a Manuel Merino Sosa, en 2 millones 766  mil 382 pesos. Actualmente, un lote de 28,963 metros cuadrados, ubicado en la misma zona, conocida como sascaberas, se vende en 60 millones 243 mil pesos. Merino Sosa fue beneficiado con otros dos predios de grandes dimensiones, también ubicados en esa zona.

6.- El 7 de abril de 2011, un predio de 51 mil 519 metros cuadrados, ubicado en la zona costera sur de Cozumel, de uso turístico hotelero, fue vendido a Eligio Marrufo Rejón, en 4 millones 190 mil 633 pesos. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos. Eligio Marrufo Rejón es padre del actual presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, quien es hombre muy cercano al ex gobernador Félix González Canto, y primo hermano de la esposa de éste, Narcedalia Martín. Fredy Marrufo era diputado local en la XIII Legislatura cuando su padre fue beneficiado por Roberto Borge con el predio en cuestión.

7.- El 7 de abril de 2011, un predio de 269 mil 628 metros cuadrados fue vendido a  Promotora y Constructora del Caribe, en 32 millones 355 mil 406 pesos; dos meses después, el predio quedó gravado por un crédito otorgado por Hipotecaria Casa Mexicana por 72 millones 642 mil pesos.

8.- Promotora y Constructora del Caribe, es una empresa de Juan Manuel Mercader Rodríguez, es un empresario del ramo de la construcción, al igual que su hermano, Juan Enrique Mercader Rodríguez, quien en el sexenio del ex gobernador Félix González Canto recibió contratos por 264 millones de pesos. Es también  hermano de Juan Pedro Mercader Rodríguez, actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

9.- El 6 de abril de 2011, un predio de 54 mil 621 m2, ubicado en la Costera sur de Cozumel, fue entregado a Eduardo Toledo Parra, propietario de Promovisión del Caribe, (Canal 10), en “dación en pago”. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos.

10.- El 13 de abril de 2011, un predio de 30 mil metros cuadrados, con 98 metros de mar Caribe, ubicado en la privilegiada zona de Punta Molas, en Cozumel, fue vendido en 6 millones de pesos a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, Descendiente de Fernando Barbachano Peón, quien hasta hace unos años era dueño de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá. Actualmente un predio de mil metros cuadrados en la zona tiene un precio de alrededor de un millón de pesos.

11.- El 10 de mayo de 2011 Barbachano Herrero recibió otro predio de 70 mil metros cuadrados en la misma zona de Punta Molas, con 5 mil 443 metros en línea quebrada con Mar Caribe, en 14 millones  de pesos.

12.- El 22 de junio de 2011, Mayazama, desarolladora de Aldea Zamá, en Tulum, recibió un predio de 13 mil 095 metros cuadrados, con una extensa zona costera, en 7 millones de pesos; tres años después, el mismo sirvió para constituir un fideicomiso por 39 millones de pesos.

13.- El 27 de septiembre de 2012, Mayazama recibió otro predio de 191 mil 834 metros cuadrados, con un valor catastral de 58 millones 267 mil 322 pesos, a un precio de 19 millones 197 mil 358.

14.- El 19 de julio de 2013, un predio de 16 mil 585 metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen, fue entregado por “cero pesos” a Ana María Ramos Zúñiga, quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija Damarys Verenice Menes Ramos, quien es esposa de Gabriel Menddicuti Loría, quien al momento de la entrega a título gratuito del predio, era Secretario de gobierno de Roberto Borge Angulo. Damarys Verenice Menes Ramos, entregó el predio en comodato al Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por ella y su esposo, la cual ha recibido también importantes recursos de la Sedesol.

15.- El 7 de diciembre de 2012, un predio de mil metros cuadrados, ubicado en Tulum, fue vendido en cinco mil pesos a Jaqueline González Canto, hermana del ex gobernador, y actual senador del PRI, Félix González Canto.

16.- El 6 de marzo de 2013, dos predios en Puerto Morelos, de 356 y 358 metros cuadrados, ubicados sobre la avenida Javier Rojo Gómez, la zona comercial de este destino turístico, fueron desincorporados del dominio público; uno fue vendido por 235 mil pesos a Rafael Moctezuma Ruiz, pensionado de los Servicios Estatales de Educación; y otro fue vendido a José Antonio Dzul Mass, en 235 mil 649 pesos. Un año después, ambos predios terminaron en manos de Eligio Hernández Carrillo, fiscalista y asesor del gobernador Gabino Cué, y quien estuvo involucrado en un fraude por mil 600 millones de pesos, a través de la outsourcing que manejaba la nómina del personal de gobierno del estado de Oaxaca, de acuerdo a fuentes periodísticas de ese estado.

 

El detalle de los 44 predios se adjuntó en un documento anexo y puede descargarse aquí.

 

Roberto Borge Angulo, es el poseedor y administrador de los bienes del estado y responsable directo del remate

Como Jefe del Ejecutivo, Roberto Borge Angulo es el responsable directo de los bienes del estado, de acuerdo a la Ley de Patrimonio de Quintana Roo, por lo tanto, fue él quien remató los predios para beneficiar a políticos, empresarios y amigos, con lo que causó un perjuicio al estado y a la sociedad.

De acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos, entre éstos los gobernadores de los estados, podrán ser sujetos de juicio político, “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 7º dice cuáles son los actos u omisiones de los servidores públicos que “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, y entre éstos menciona: “cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;”

En este caso, el gobernador Roberto Borge infringió lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otros aspectos menciona que “las (…) enajenaciones de todo tipo de bienes, (…)se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas (…) a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, pero, “cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.”

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo violó lo mandatado en el artículo 134 constitucional, al efectuar la venta de predios que eran patrimonio del estado, a precios subvaluados, para beneficiar a empresarios funcionarios y políticos.

La misma Constitución establece qué procede en el supuesto en el que las licitaciones públicas no sean idóneas, y suponiendo que este fuera el caso; el precepto constitucional dicta que las “leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado”.

Esto es, que de ninguna manera, los representantes de la federación y los estados pueden disponer a su libre arbitrio y voluntad de los recursos y bienes del estado, sino que deben sujetarse a las leyes federales o estatales o ambas, según sea el caso.

En el caso que se denuncia, es la Ley de Patrimonio del estado de Quintana Roo la que regula lo relativo a los bienes de dominio privado del estado, y la que señala bajo qué condiciones y en qué casos se pueden desincorporar dichos bienes; lo cual no se cumplió en el caso que se denuncia.

Es el artículo 57 de la Ley de Patrimonio del estado, la que fija que la responsabilidad sobre los bienes del patrimonio estatal, es del Gobernador, al respecto  señala

Corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado

I Establecer la política en materia de bienes patrimoniales estatales;

II Poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes patrimoniales del Estado a que se refiere esta Ley;

(…)

V Autorizar los actos y contratos sobre el uso, aprovechamiento y enajenación de los bienes de dominio del Estado y de los productos derivados de aquéllos, en los términos de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes;

Como se lee, Roberto Borge tenía la obligación de vigilar y conservar los bienes inmuebles del patrimonio estatal, y además “autorizar” las enajenaciones, por lo que su responsabilidad sobre el remate de los mismos es directa.

El monto estimado del desfalco al patrimonio estatal por las ventas de inmuebles a precios subvaluados, es de alrededor de mil millones de pesos, pero éste puede ser muy superior, ya que de acuerdo a información obtenida a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, hasta mediados del 2015, se habían desincorporado del dominio público un total de 308 predios: 102 en Cozumel; 69 en Othón P. Blanco (Chetumal, Mahahual, Bacalar); 99 en Solidaridad (Playa del Carmen y Tulum); y 38 en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

La demanda de juicio político fue interpuesta ayer y ratificada ante el director de Servicios Legales de la Cámara de Diputados, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez.

 

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amparo transparencia Borge

Se interpone Amparo contra acuerdo de Roberto Borge que extingue Unidad de Transparencia

CANCÚN, MX.- Un amparo en contra del Acuerdo del gobernador Roberto Borge Angulo, que extingue la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), fue interpuesto ayer lunes, debido a que con la entrada en vigor del mismo, se dio de baja el sistema Informexqroo, con lo que se restringe el derecho de acceso a la información pública.

El amparo quedó radicado en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún, y fue interpuesto por Fabiola Cortés Miranda, bajo el argumento de que la extinción de la UTAIPPE, y la consecuente baja del sistema Infomexqroo, viola el derecho humano de acceso a la información de la periodista, especializada en transparencia, datos e investigación.

En el escrito también se pone de manifiesto, que la violación al derecho humano de acceso a la información, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en este caso particular, trae aparejada la violación de otros derechos, como el consagrado en el artículo 7º, que tiene que ver con el derecho de difundir información; y el artículo 26, relacionado con el derecho a participar en la vida política, ya que a través de la información obtenida por medio de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, y de las de los municipios, se habían documentado varios casos de corrupción como el desvío de alrededor de 1,464 millones de pesos, recaudados a través del Impuesto al Hospedaje; caso por el que se interpuso un juicio político en contra del Secretario de Finanzas del estado.

Igualmente se señaló como autoridad responsable a los consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), toda vez que es este órgano garante, el que, precisamente, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública bajo los principios de oportunidad, gratuidad y expedites.

Consideramos que la apresurada extinción de la UTAIPPE, y la inhabilitación del sistema Infomexqroo tiene la intención de bloquear el trabajo de investigación y acopio de datos que venían realizando ciudadanos y organizaciones.

Cabe destacar que en el texto del decreto, publicado en el periódico oficial del estado, en el Tomo II, Número 14 Ordinario Bis, Octava época, el 29 de julio pasado; únicamente en el transitorio octavo se hace referencia a cómo los ciudadanos podrían, hipotéticamente hablando, acceder a la información pública. Este transitorio dice lo siguiente:

“Las solicitudes de información que formulen los ciudadanos para el acceso a la información pública y datos personales de conformidad a la normatividad aplicable, y la sustanciación de procesos jurídicos en curso, las atenderá la Secretaría de la Gestión Pública, a través de la unidad administrativa que se faculte, hasta en tanto entre plenamente en funciones la Plataforma Nacional de Transparencia prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el diario oficial de la federación el 04 de mayo de 2015.

Lo anterior, como lo ha venido denunciando Somos Tus Ojos, implica que en este momento, quien quiera obtener información de alguna dependencia del Poder Ejecutivo y de cualquier municipio de Quintana Roo, tendría que acudir a Chetumal, donde se encuentra la Secretaría de la Gestión Pública, y averiguar si ya se “facultó” a la unidad administrativa correspondiente para dar trámite a las solicitudes de información.

La inhabilitación del sistema Infomexqroo representa un grave retroceso en el respeto y garantía de los derechos humanos en Quintana Roo, por lo que esperamos que la justicia federal conceda el amparo solicitado y suspenda el acuerdo por el que se extingue la UTAIPPE.

idaipqroo consejeros

23 estados se suman a convocatoria de “Gobierno Abierto” del INAI. QRoo se queda fuera

 

CIUDAD DE MÉXICO.– Un total de 23  estados del  país se han  sumado a  la  iniciativa, convocada  por  el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para implementar ejercicios de Gobierno Abierto a nivel local.

Las entidades han  ratificado su  compromiso  para  crear  espacios  ciudadanos que permitan someter al escrutinio público el actuar del gobierno, revisar la operación de todos los servicios que ofrece y promover la participación  de las personas en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

En 2015, se sumaron a la iniciativa Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila,  Tlaxcala,  Hidalgo,  Baja  California,  Chiapas,  Tabasco,  Zacatecas  y San Luis Potosí, al suscribir la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto.

En junio pasado, lo hicieron Campeche, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México.

En  el  marco  de  la  estrategia,  las  entidades  han convenido instituir  Secretariados Técnicos Tripartitas Locales u órganos colegiados equivalentes, como mecanismos responsables  de  coordinar,  incorporar  y  orientar  los  intereses  de  los  actores  que participen en los ejercicios de Gobierno Abierto Local, así como establecer las rutas para   conformar   sus Planes   de   Acción,  cuyos   compromisos   deberán   estar encaminados a: Dar seguimiento  a  los  recursos  públicos, transparentar su asignación  y  ejercicio; fortalecer  la  Alianza  para  el  Gobierno  Abierto  en  el  ámbito  nacional;  promover  el conocimiento  y  ejercicio  del derecho de acceso  a  la  información; desarrollar mecanismos que permitan a la sociedad analizar y exigir cuentas del actuar de los servidores públicos, entre otros.

En  ese  sentido,  al  primer  semestre  de  2016,  los  estados  de  Veracruz,  Oaxaca,  Tlaxcala, Morelos y Durango publicaron sus Planes de Acción.

Además,  se  han  instalado  10  Secretariados  Técnicos Tripartitas  Locales  en  Morelos, Durango, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potosí.

Cabe  destacar  que en  los  ejercicios  de  Gobierno  Abierto  participan  más de  300 organizaciones  de  la  sociedad  civil,  65  autoridades  y  23  órganos garantes  de  la transparencia.

Unidad de Transparencia Roberto Borge

Pide Somos Tus Ojos al INAI interponga acción de inconstitucionalidad por extinción de Unidad de Transparencia de QROO

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Esta tarde, la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, ingresó ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en la Ciudad de México, una petición para que intervenga en el caso de la extinción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), de Quintana Roo, por resultar violatorio del derecho humano de acceso a la información pública.

Además de requerirle su urgente intervención para que se restituya el derecho humano de las personas de acceder a la información, se le pide al Órgano de Gobierno del Instituto que interponga, con base en el artículo 41, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra del Acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado “Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo” (UTAIPPE), publicado en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, en su número 14 extraordinario BIS, el 29 de julio pasado.

Unidad de Transparencia Roberto BorgeLa “extinción” de la UTAIPPE ha privado a las personas de su derecho constitucional de acceso a la información pública que está en posesión de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, y de otros, que sin depender de éste se encuentran en el mismo sistema, como las unidades de transparencia de todos los municipios del estado de Quintana Roo, y el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

INAI Somos Tus Ojos (1)En el oficio entregado esta tarde, se señala que la urgente intervención del INAI se requiere en virtud de que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información como se lo mandata la Ley de Transparencia del estado, a pesar de que a través del correo electrónico correo idaip@idaipqroo.org.mx, le fue requerida su actuación. Cabe señalar que corresponde al IDAIPQROO, de oficio, garantizar el derecho de acceso a la información y sancionar la violación de este derecho o el cumplimiento de los sujetos obligados, en apego a los artículos 10, 12, 14, 29, fracciones II, VII y  XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

No sobra decir, que a pesar de que el IDAIPQROO, como órgano garante, debería contar con plena autonomía y no estar supeditado al Ejecutivo estatal, Roberto Borge Angulo, su silencio en un tema tan trascendental y grave deberá ser sancionado, conforme a la ley.

En los próximos días, Somos Tus Ojos interpondrá un amparo en contra del referido acuerdo por el que se extinguió la UTAIPPE.

Captura UTAiPPE

Tras desaparición de Unidad de Transparencia de Borge, Somos Tus Ojos exigió al IDAIPQROO garantizar derecho

 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, envío el pasado lunes, un escrito al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), para exigirle que garantice el derecho constitucional de acceso a la información.

A través de una queja, se requirió al Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo, que “garantice el acceso constitucional de la peticionaria del acceso a la información, en virtud de que desde, por lo menos, el sábado pasado, el sitio de internet de la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE) no permite realizar el registro de las solicitudes de información”.

Como prueba de la imposibilidad de acceder al sitio de la UTAIPPE se adjuntó una captura de pantalla en la que se observa un error informático arrojado por el sitio de internet de la Unidad del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la Ley de Transparencia recién aprobada por la actual Legislatura, corresponde al IDAIPQROO garantizar el acceso a la información.

La queja enviada al Instituto se fundamentó en los siguientes artículos de la Ley de Transparencia del estado:

Artículo 10.- “Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás” (…)

Artículo 12.- “Toda  la  información  pública  generada,  obtenida,  adquirida,  transformada  o  en posesión  de  los sujetos obligados  es  pública  y  será accesible  a  cualquier  persona,  para  lo  que  se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General y las demás normas aplicables”.

Artículo 14.- “El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información”.

Artículo 29.- El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

(…)

Fracción II. Vigilar el cumplimiento de esta Ley

Fracción VII. Promover, difundir y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales

Con base en este mismo artículo, el IDAIPQROO está obligado, según, la fracción XXIX, “llevar   a   cabo,   a   petición   de   parte,   investigaciones   en   relación   a   quejas   sobre   el  incumplimiento de la presente Ley”.

Igualmente, el Instituto deberá “hacer  del  conocimiento  de  la  instancia  competente  la  probable  responsabilidad  por  el incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  Ley  General (…)”.

En el Periódico Oficial del 29 de julio de 2016, número 14 extraordinario BIS, se publicó el “Acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo”.

La injustificada “extinción” de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo constituye una violación al derecho humano del acceso a la información, ya que durante días ha imposibilitado a las personas ejercer este derecho, por lo que el IDAIPQROO deberá realizar las indagatorias pertinentes, dar parte a las instancias que considere, además de imponer las sanciones que le corresponden, de acuerdo a sus atribuciones, en contra del gobernador Roberto Borge Angulo, por ordenar la extinción de la Unidad de Transparencia, y con ello impedir a las personas el ejercicio de un derecho fundamental.

Cabe mencionar que la “extinción” de la UTAIPPE no implica la desaparición de archivos, pues éstos se encuentran en posesión de los múltiples sujetos obligados; sin embargo, el acceso a la información es un derecho humano, equiparable a la vida, la libertad, o el libre tránsito, que debe ser protegido y garantizado por todas las autoridades en todo momento.

La queja fue presentada a través del correo idaip@idaipqroo.org.mx; pero, al igual que el sitio de la UTAIPPE, éste,  al parecer, fue dado de baja. El Instituto debió haber iniciado de oficio la indagatoria solicitada, y de no haberlo hecho, la Junta de Gobierno de este Instituto tendría que ser destituida por la Legislatura mediante el procedimiento correspondiente.

Somos Tus Ojos se mantendrá vigilante de las acciones que lleve a cabo el IDAIPQROO para que, en lo inmediato, garantice el derecho humano de acceso a la información de las personas; y de no actuar con la prontitud y expeditez que demandan el caso, se promoverá que sean destituidos los integrantes de la Junta de Gobierno del IDAIPQROO.