La transparencia es una obligación que deben cumplir, ineludiblemente, los entes del sector público, los sindicatos, los fideicomisos, los partidos políticos y los particulares que reciban recursos públicos; pero también es deseable, que en aras de combatir la corrupción, el sector privado difunda sus procesos de relación con el sector gobierno, particularmente aquellos que tienen que ver con la obtención de licencias, permisos y concesiones, así como los relativos a las donaciones entregadas al gobierno.

Pues si bien se trata de información pública a la que el ciudadano puede acceder, el sector privado puede anticiparse al escrutinio público.